La situación en el campo durante el estado de alarma

Las recientes movilizaciones de agricultores exigiendo precios justos y una mayor protección del sector ha puesto a la orden del día la situación en la que se encuentra el campo español. Sus reivindicaciones han conseguido colarse en la agenda política y acaparar la atención de los medios de comunicación durante las manifestaciones, a pesar de representar un porcentaje cada vez menor del PIB español. A la difícil situación que pasan miles de pequeños agricultores se suman las pésimas condiciones laborales que viven muchos jornaleros y que se han visto recrudecidas durante el estado de alarma.

Situación de los trabajadores

El 16 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez tomaba la decisión de cerrar las fronteras ante el avance del coronavirus. Esta situación provocó que faltase mano de obra en el campo para recoger frutos como la fresa, la frambuesa y el espárrago, entre otros. En concreto, el campo reclamaba que serían necesarios entre 100 y 150 mil temporeros para hacer frente a la campaña. Teniendo en cuenta que la mayoría de los jornaleros son extranjeros, la recogida de la cosecha de esta campaña peligraba, lo cual podía producir desabastecimiento. Las medidas tomadas por el gobierno fueron las de incentivar que los parados de cada zona se dedicaran a las tareas de recolección. Un caso llamativo fue la prolongación del contrato a más de 6.000 temporeras marroquíes de la fresa en Huelva. La nueva situación durante el estado de alarma ha evidenciado, más si cabe, la importancia que tiene el trabajo de los jornaleros y jornaleras, especialmente la población inmigrante, en el proceso de producción y recolección de los productos agrícolas.

La explotación y las malas condiciones laborales que venían siendo la tónica en el sector del campo, se han visto incrementadas durante el estado de alarma. Hay que señalar la magnífica campaña de denuncia por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y, en concreto, por Diego Cañamero.

Por toda Andalucía se han venido denunciando situaciones de explotación laboral, incumplimiento del convenio y abusos por parte de los patrones hacia los trabajadores. Se han denunciado situaciones como las anteriores en la recogida del ajo, donde se ha obligado a los trabajadores a estar a 35 grados trabajando por un jornal de 30 euros. Un ejemplo de abuso de poder por parte del empresario se dio en la finca Los Mimbrales, en Huelva. Unos sesenta jornaleros se acercaron a la oficina para solicitar que le abonaran su salario. En represalia, pretendían despedirlos y dejarlos sin cobrar su jornal como medida para escarmentar al resto de la plantilla. En Almería, se hizo muy viral un vídeo en el que un jornalero se quejaba que le pagaran 36 euros cuando en los papeles ponía que debía cobrar 45 euros. La actitud del empresario fue agresiva y si no llegan a intervenir los compañeros, hubiera acabado en agresión. Las palabras textuales del empresario fueron “yo la ley me la paso por los huevos”.

Lamentablemente estas actitudes ocurren con más frecuencia de lo que pensamos. Los empresarios agrarios se creen con total impunidad ante la ley. La falta de regulación por parte de la Administración Pública, la abundancia de mano de obra extranjera dispuesta a trabajar por salarios míseros y en condiciones pésimas y la casi inexistente sindicalización dentro del sector provoca que los grandes propietarios agrarios puedan exprimir a los trabajadores hasta el límite. Además, hay diversas “trampas” y recovecos administrativos que favorecen claramente al empresario y dejan totalmente indefenso al trabajador. Como bien señalaba el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, a diferencia del Régimen General del Trabajo, el empresario agrario, tras dar de alta al trabajador, no tiene obligación de declarar el resto de los días trabajados hasta pasado un mes. ¿Qué significa esto en la práctica? El empresario está cubierto ante una inspección de trabajo ya que, si esta se presenta un día determinado, al mes siguiente el empresario dará de alta al trabajador el día en el que se produjo la inspección y, por tanto, tendrá las espaldas cubiertas y podrá declarar las peonadas que le convengan.

El Coronavirus ha tenido más incidencia en los barrios obreros, donde los trabajos, por lo general, son más precarios. Muchas personas se han contagiado del virus en sus centros de trabajo, precisamente por la inexistencia de medidas de seguridad necesarias. Los trabajadores del campo no han sido una excepción. Las penosas condiciones en las que muchos temporeros deben vivir durante las temporadas de cosecha han propiciado el contagio y han puesto en peligro a muchos trabajadores. Hablamos de asentamientos de chabolas y cortijos donde estos trabajadores duermen hacinados y con unas condiciones de salubridad nefastas. En Lérida, un centenar de jornaleros dormían al raso a pesar del COVID-19 debido a que muchos empresarios no les habían incluido el alojamiento, por lo que se veían obligados a dormir en la calle. En el pueblo de Totana, en Murcia, cinco jornaleros se contagiaron de Coronavirus debido a que algunos de ellos viajaban en un autobús con un total de 45 personas, lo cual era ilegal.

Actitud de la patronal

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba a mediados de mayo una instrucción a la inspección de trabajo para hacer énfasis en la campaña agrícola de mayo y junio de este año para detectar casos de irregularidades y explotación laboral. La respuesta de la patronal agraria no se hizo esperar. A través de ASAJA, la asociación de los grandes propietarios y rentistas de la tierra, pidieron inmediatamente la dimisión de la ministra. No es de extrañar que los terratenientes y los explotadores se pongan nerviosos ante una medida, por tímida que sea, que vaya en favor de los trabajadores del campo. Saben perfectamente que el fruto de sus beneficios proviene de explotar al trabajador, llevarlo al límite de sus fuerzas y exprimirlo al máximo.

ASAJA ya intentó, sin éxito, monopolizar las protestas del sector del campo que se produjeron antes del estado de alarma. Los pequeños agricultores no se dejaron engañar por las proclamas de estos ricos explotadores en la que, según ellos, toda la culpa de la situación del sector agrario recaía sobre el gobierno recién formado. Los agricultores saben perfectamente que la situación en el campo lleva años siendo cada vez más difícil, que les pagan unos precios de miseria por los productos que luego se venden en los supermercados por un precio multiplicado por tres, por cinco, por diez y más. Además, los costes de sacar la cosecha adelante se incrementaban año tras año, lo que significaba la ruina para muchos pequeños agricultores. Estos saben que la solución no pasa por echar a la izquierda del gobierno como propone ASAJA, sino establecer un precio mínimo a los productos que garanticen la viabilidad del sector para los pequeños propietarios.

Medidas insuficientes por parte del gobierno

Consideramos que las medidas adoptadas por el gobierno respecto al sector agrario han sido pocas e insuficientes. Al margen de algunas ayudas destinadas a pequeños empresarios y pymes, las que más llaman la atención son las referentes a la flexibilidad temporal. Estas medidas permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, para lograr la suficiente mano de obra durante el estado de alarma por parte de la población cercana a los lugares de cultivo. Esto no es más que la asunción por parte del gobierno de que los salarios de los jornaleros son tan bajos que deben complementarse con prestaciones sociales. El gobierno debería garantizar sueldos dignos sin necesidad de complementarlos con otras ayudas y que se cumplan las condiciones de seguridad necesarias para no poner en riesgo la salud de los trabajadores.

La situación de vulnerabilidad que venía atravesando el campo español se ha visto intensificada durante el estado de alarma a la vez que los sucesos de explotación laboral hacia los jornaleros y jornaleras se han incrementado notablemente. La nueva situación ha evidenciado la importancia fundamental que tienen los trabajadores en todos los aspectos de la economía capitalista. En el campo, son los trabajadores y los pequeños propietarios que trabajan la tierra son los que crean la totalidad de la riqueza del sector. En cambio, los terratenientes y rentistas chupan la sangre del trabajador, apropiándose del fruto de su trabajo. La lucha por unas condiciones dignas en el campo pasará irremediablemente por la lucha contra estos parásitos del sistema.

Hay que acabar con la explotación y la difícil situación en el campo. Para ello es necesario poner las palancas fundamentales de la economía en manos de los trabajadores. Con la expropiación de la banca, los pequeños agricultores tendrían acceso a crédito sin intereses y con más facilidades. Los grandes costes de los que se quejan los agricultores se resolverían expropiando las grandes empresas químicas, agrícolas y semilleros. La expropiación de los grandes latifundios en manos de un puñado de terratenientes acabaría con la explotación de los trabajadores del campo y se podría establecer un precio mínimo para asegurar un ingreso mínimo a los agricultores. Estas consignas jamás serán defendidas por los señoritos de ASAJA que nunca han trabajado la tierra de la que tantos beneficios obtienen.

El gobierno de PSOE-UP podría tomar estas medidas si quisiera. Tiene el apoyo en la calle y mayoría de izquierdas en el parlamento. Solo hace falta voluntad política. No nos cabe duda de que el gobierno recibe presiones por parte de la patronal y los ricos, y todos se llevan tajada. Por eso es necesario movilizarse y presionar al gobierno para que tome medidas en favor de la clase trabajadora. Es necesario allanar el camino hacia la huelga general de los trabajadores de todo el campo español acompañadas de movilizaciones sostenidas. Es la forma más eficaz para plantarle un pulso a la derecha y a los ricachones, para que los trabajadores sean conscientes de su propia fuerza y así conseguir la aplicación de los convenios y mejoras en las condiciones laborales. Las demandas de los jornaleros y pequeños agricultores deben ligarse a las demandas del resto de la clase trabajadora del Estado español bajo un programa transformador que supere el actual sistema capitalista bajo el cual no hay salida.