El anteproyecto de ley de educación en la Comunidad Autónoma Vasca apuesta por la política privatizadora de los servicios públicos, mantiene la dualidad de redes y la actual situación de segregación escolar, y es un retroceso para la normalización del euskera. Es privatizadora y un ataque frontal, consciente y premeditado contra la escuela pública vasca. Una ley que, en vez de solucionar, viene a agravar los problemas que ya tenemos.

Recientemente, en varios campus universitarios del Estado español, hemos recibido ataques por parte de la burocracia universitaria. Este no es un acontecimiento casual ni aislado del contexto socioeconómico de crisis del capitalismo y emergencia de las organizaciones juveniles revolucionarias.

Estos últimos meses se han dado tensos debates dentro de la comunidad universitaria concernientes a la tramitación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y la LCU (Ley de Convivencia Universitaria), principales propuestas legislativas del Ministerio de Universidades, dirigido por Unidas Podemos (UP).

Hacen falta 33.000 plazas en la Formación Profesional (FP) en Madrid. A pesar de que el gobierno central ha otorgado 23 millones de euros a la Comunidad de Madrid “con el único fin de fomentar la Formación Profesional”, se ve la expansión continua de centros privados de FP y un declive de inversión en los centros públicos.

El pasado curso 2019-2020 fue interrumpido repentinamente con la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19 y el subsiguiente confinamiento domiciliario que duró cerca de tres meses. Ante esta situación, tanto profesorado como alumnos se tuvieron que adaptar a un nuevo modelo de docencia y evaluación online, de forma improvisada y, en muchos casos, sin los recursos necesarios para ello.

Movilización 15 de junio 19.30h, Las Setas - La UPO, igual que las Universidades de Jaén y Huelva, está en peligro. Su situación financiera se puede resumir con la expresión de “vivir al día”, sin saber qué va a pasar de un mes para otro. De hecho, está sobre la mesa el despido inminente de entre 80 y 200 profesores en régimen de personal laboral. Esto puede suponer hasta un 20% de recorte en personal docente.

La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), denominada Ley Celaá, es la nueva ley educativa elaborada por el gobierno PSOE-UP. Desde su aprobación en el Congreso de los Diputados, dirigentes de la derecha, instituciones religiosas y otros colectivos conservadores han tratado de incendiar las calles al grito de «libertad».Acusan al gobierno de destruir las escuelas concertadas, aniquilar la religión, o discriminar el castellano en Catalunya.