Ciencia
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La variante Ómicron ha disparado el número de contagios de Covid19 en el Estado Español, superando ampliamente los picos de contagios de las olas anteriores, con una incidencia acumulada que rebasa los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes en la segunda semana de enero.

La situación parecía controlada en noviembre, cuando estábamos en niveles de riesgo medio, con unos 100 casos por cada 100.000 habitantes. Pero todo cambió en cuestión de días y los contagios crecieron de forma exponencial. Para hacernos una idea, el 10% de los contagiados en España desde el inicio de la pandemia fueron detectados en los últimos siete días del año 2021.

La nueva variante ha puesto otra vez en jaque el sistema sanitario, pero el responsable real es el sistema capitalista. A pesar de la gran capacidad productiva de vacunas, éstas no se distribuyen equitativamente entre todos los países del mundo. Los países ricos acaparan el mayor número de vacunas, consiguiendo altas tasas de vacunación mientras que los países poco desarrollados apenas reciben dosis. A consecuencia de ello, el virus sigue expandiéndose por el mundo, creándose variantes nuevas que ponen en riesgo la vida de las personas y evita que se acabe definitivamente con la pandemia.

El capitalismo también es un lastre para hacer frente a las diferentes olas de contagios. Si bien es cierto que el hecho de que el 80,3% de los españoles hayan recibido la pauta completa de vacunación ha supuesto que los efectos de esta variante sean más leves, hemos vuelto a ver un sistema sanitario colapsado.

Parece que dos años después los gobiernos no aprenden que para enfrentarse a una pandemia mundial es necesario destinar todos los recursos humanos y materiales disponibles para hacer frente a la crisis sanitaria. Al revés, tan solo unas semanas antes de la llegada de Ómicron fueron despedidos miles de sanitarios.

Las personas contagiadas no tienen la atención necesaria por la falta de personal. Aunque la gran mayoría son casos leves, son necesarias las bajas médicas y el rastreo de contactos estrechos a los que hacer la PCR correspondiente y evitar aún más la propagación. Los enfermos, tanto los graves como los leves, se ven abocados a acudir a las urgencias o a quedarse en casa esperando una llamada que nunca se llega a producir. En estos momentos, hay miles de contactos estrechos a los que no se está rastreando y que no tienen otra opción que acudir a la farmacia a comprar un test de antígenos o a las clínicas privadas para hacerse una PCR. En ambos casos deben pagar el coste de unas pruebas que deberían estar en manos del sistema público de salud y por lo tanto sufragadas por el Estado.

Dejar en manos de los propios enfermos el rastreo de sus contactos estrechos y en manos del mercado el suministro de tests también está fallando. Tan pronto como comenzaron a aumentar el número de casos, y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, aumentó la demanda de pruebas, lo cual provocó rápidamente desabastecimiento en todas las farmacias del país y el aumento de los precios.

Las medidas ante el llamado Tsumani Ómicron se limitaron a volver a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, al establecimiento del Pasaporte Covid en algunas comunidades y a la reducción de las cuarentenas de 10 a 7 días, para que los contagiados volvieran en menos tiempo al trabajo. De nuevo, la producción capitalista y los beneficios empresariales se han vuelto a poner por delante de la salud de la población.

Es por ello que no nos cansamos de decir que todos los recursos deben estar en manos de la sanidad pública. Las clínicas privadas deben ser nacionalizadas e integradas en el sistema público, así como las empresas clave de la salud (laboratorios, fabricantes de mascarillas, pruebas Covid, fábricas de equipos médicos y clínicos, etc.) para que la producción de material sanitario esté bajo el control del Estado, supervisado por los trabajadores. Y por supuesto es fundamental para acabar con la pandemia, la eliminación de las patentes de las vacunas y la nacionalización de las empresas farmacéuticas para garantizar la vacunación de toda la población mundial a través del reparto equitativo de las vacunas.

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