La economía en caída libre ¡Que la crisis la paguen los ricos y no quienes producen la riqueza!

De una tasa de desempleo del 13,7% en enero de 2020, hemos pasado ahora al 14,4%, 3,4 millones. El gobierno prevé que se elevará hasta el 19% al final del año: 4,4 millones de parados. Pero este es un pronóstico optimista. De los 3,6 millones de trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo (ERTE), se estima que el 30%, en torno a un millón, no volverá a trabajar por el cierre de sus empresas. Así que la cifra más probable es que el desempleo al final del año se sitúe en los 5 millones o más, alrededor del 21% o 22% de la población activa.

Todo esto se ha reflejado en una caída aguda de la afiliación a la Seguridad Social, con casi un millón de afiliados menos entre los meses de marzo y abril, quedando fijada actualmente en 18.396.362 personas. 

La mitad de la destrucción del empleo desde el inicio de esta crisis (unos 460.000 puestos de trabajo) corresponde a menores de 35 años. Así, el desempleo en los menores de 25 años se ha elevado ahora al 33,1%. Como en la crisis de 2008, la pérdida de puestos de trabajo se ha centrado en los trabajadores temporales y en la juventud obrera. La nueva generación de trabajadores que arrancó con la crisis de 2008, y que orilla ahora entre los 30 y los 35 años, permanece sin perspectivas de futuro, desperdiciando toda su juventud y su potencial creativo. Esto se agrava por el carácter parásito y cortoplacista del empresariado español, enfocado en la inversión mínima y en las ganancias rápidas en actividades improductivas, marginales o de escasa producción de valor, que caracterizan a sectores como la hostelería, el turismo, las actividades inmobiliarias y la producción agraria, “motores” del crecimiento económico de los últimos años. Estos sectores están marcados en el plano laboral por la precariedad y por agrupar a una parte importante trabajadores jóvenes e inmigrantes. Además se caracterizan por los bajos salarios, largas jornadas laborales, y la extrema explotación y rudeza con que los trabajadores son tratados por los empresarios. En el destino de la juventud trabajadora, la empleada y la desempleada, se muestra toda la crudeza de este sistema económico irracional y bárbaro sustentado en la propiedad privada y el lucro empresarial.

Avisos de crisis antes de la epidemia

Es falso decir que la cosa iba de maravillas hasta que, fatalmente, el COVID19 vino a estropearlo todo. Ni ocurrió así en el Estado español ni en el resto del mundo. Los vientos de la crisis ya estaban empezando a notarse. Lo que hizo el COVID-19 fue darle un fuerte empujón para que la crisis estallara con toda intensidad.

La realidad es que la actividad industrial en España cerró el año 2019 con el peor registro desde 2013. Según la consultora Markit, el índice del sector manufacturero se situó en diciembre de 2019 en 47,4 puntos, sumando siete meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. El deterioro del índice se debió a la fuerte caída de la producción ante el descenso de los nuevos pedidos y la "inestable" demanda interna y externa, con el sector del automóvil como elemento clave de esta debilidad.

La inversión también estaba estancada. Otro elemento que señalaba el advenimiento de una crisis fue la recaudación de impuestos, que apenas creció un 2% en 2019, el menor avance desde 2013. La ralentización económica y la reducción de un 4,4% en la recaudación en el impuesto de sociedades de las empresas frenaron los ingresos.

Las previsiones del gobierno

Según el Plan de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas, la economía se desplomará un 9,2% en 2020, la deuda pública se disparará desde el 95,5% hasta el 115% del PIB, y el déficit público alcanzará cotas de dos dígitos, escalando hasta el 10,3% del PIB (unos 115.000 millones, frente a los 35.195 millones de 2019), un guarismo cercano al de 2012, cuando el desfase entre gastos e ingresos se situó en el 10,7%.

En realidad, nadie tiene claro qué déficit público se alcanzará realmente al final del año. Son tantos los parches y las bocas que hay que tapar cada día, y es tanta la incertidumbre que hay sobre el impacto real de la crisis en la economía, y sobre el control efectivo de la epidemia, que algunas estimaciones sitúan la previsión del déficit público en 140.000 millones de euros, e incluso en 160.000 millones (un 14,3% del PIB).

El salto del déficit público desde los 35.195 millones de 2019 hasta los 115.000 millones previstos para el déficit de 2020, se deberían al gasto público extra de 55.000 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria, a las medidas sociales de alivio y a los ERTES, y a la reducción en la recaudación de impuestos estimada en 25.700 millones de euros, una reducción del 5%. Estas cifras también son optimistas, pues con una caída en la producción de riqueza del 9,2%, como prevé el gobierno, debería haber una reducción similar en la recaudación de impuestos, unos 47.300 millones de euros en lugar de los 25.700 millones mencionados.

Como vemos, hay enormes incógnitas sobre las cifras económicas que serán desveladas con el correr de los meses, pero todas pronostican un panorama gravísimo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de velar por las cuentas públicas, alerta que la deuda pública puede alcanzar el 124% del PIB y que “para mantener estable en 2030 el nivel de deuda de 2021, sería necesario realizar un ejercicio de consolidación fiscal similar al realizado en la década pasada”. Es decir, harán falta recortes del gasto y subidas de impuestos de un tamaño similar a 2008-2012. En aquel momento los únicos impuestos que subieron fueron los indirectos (como el IVA, impuestos especiales, carburantes, tabaco, etc.) que son los más injustos porque pagan lo mismo los ricos que los pobres. Y los recortes fueron al gasto social de las familias trabajadoras mientras que los bancos y empresas, igual que ahora, fueron rescatados. Los trabajadores vieron retrasarse su edad de jubilación y empeorar sus condiciones laborales con las reformas del PSOE y del PP. Este dilema se presenta nuevamente ahora ¿quién pagará la crisis? En la crisis de 2008-2012 quedó bien claro quién la pagó.

Quienes no pagaron fueron las grandes empresas y bancos que aportaron por el impuesto de sociedades en 2019 la mitad (22.700 millones de euros) de lo que aportaban en 2007 (44.800) millones, con la excusa de que ya tributan en otros países.

Acuerdo gobierno, sindicatos y empresarios

En este contexto, el gobierno ha cerrado un acuerdo con empresarios y sindicatos que deposita sobre las espaldas del Estado y de los contribuyentes todo el peso del coste de mantener la economía a flote.

Las regulaciones temporales de empleo (ERTE) se prorrogan hasta el 30 de junio, de manera que los trabajadores afectados percibirán el 70% del salario –viendo nuevamente reducir su nivel de vida–  que será pagado por el Estado, ahorrándoselo el empresario quien además también verá reducidas las cotizaciones sociales que aporta al Estado, entre el 35% y el 60% de las mismas según el número de trabajadores de cada empresa. Incluso se insinúa que el tope del 30 de junio para terminar con los ERTEs podría prolongarse hasta el final del año, al menos para el sector hostelero y las compañías automovilísticas.

Las únicas empresas que no podrán acogerse a los ERTEs serán las que residan en paraísos fiscales y las que repartan dividendos en 2020, ¡pero las que repartan dividendos de beneficios conseguidos en 2019 sí podrán acogerse!

El acuerdo obliga a las empresas a no despedir en los 6 meses posteriores a la finalización de los ERTEs, salvo excepciones importantes que pasamos a detallar y que pueden ser un coladero por donde las empresas pueden sortear esta prohibición.

La primera excepción es que la empresa puede despedir si existe “riesgo” de entrar en concurso de acreedores, es decir si hay amenaza de suspensión de pagos o de quiebra. La pregunta aquí es: ¿cuál es ese “riesgo” y quién lo determina? ¿La propia empresa? El peligro añadido aquí es que si después de detectado el “riesgo” y de hacer los despidos, al final  ese “riesgo” no se materializa y la empresa sigue en pie, el despido de los trabajadores afectados por el ERTE serán irreversibles.

Otra de las excepciones es la que atañe a las empresas con “alta variabilidad o estacionalidad en el empleo”, lo que da manga ancha para meter despidos arbitrarios, sobre todo en la hostelería, comercio, etc.

Por otro lado, el acuerdo fija para empezar a contar los seis meses sin despidos cuando la empresa comience a recuperar su actividad. Es decir, desde el primer trabajador que entra en el ERTE y no el último.

Por último, las empresas sí podrán despedir en cualquier momento a los trabajadores de la empresa que no estén afectados por el ERTE.

Otra novedad del acuerdo es que se pueden aplicar ERTES por todo tipo de causas diferentes a las de “fuerza mayor” (como económicas, técnicas, de producción, etc.) y en ese caso los salarios de los trabajadores sí se devengarán del subsidio de desempleo acumulado, y quienes carezcan de ello no cobrarán nada. Es decir, los empresarios podrán sustituir los ERTE de “fuerza mayor” por sucesivos ERTEs cuando finalice el Estado de Alarma,  por otras causas ahorrándose los salarios.

Mientras que las condiciones objetivas muestran cada día que pasa los intereses irreconciliables entre empresarios y trabajadores, el gobierno y los dirigentes de Unidas Podemos se esfuerzan en cambio en propagar las ideas pequeñoburguesas de unidad y reconciliación entre las clases, y del patriotismo español, empujando hacia atrás la conciencia de clase que trabajosamente trata de erguirse en millones de explotados.

Así, en una entrevista reciente, Pablo Iglesias, declaró en relación a este acuerdo:

“Es imprescindible una alianza con el empresariado que cuida a los trabajadores, que produce riqueza y paga sus impuestos en España frente a los buitres y los especuladores. La exclusión de los ERTEs de empresas con sede en paraísos fiscales es un paso muy importante para ello”.

La alianza que él menciona ya existe: los trabajadores laboran 8 horas, y a cambio el empresario se queda con el valor producido por 4 horas de ese trabajo del obrero. El trabajador se gana su salario y el empresario consigue beneficios con el trabajo no pagado al obrero. Tal alianza se llama explotación. Es gracioso además que el compañero se enorgullezca de los empresarios que "cuidan" a sus trabajadores, algo así como un buen padre que cuida a sus hijos o un cura de barrio que cuida a sus fieles. Tal culto al "paternalismo" empresarial resulta bastante irritante. Lo cierto es lo contrario: son los obreros quienes "cuidan" al empresario, le ceden voluntariamente horas de su trabajo para que el empresario se llene los bolsillos y pueda mantener su buena vida y la de su familia. Alguien que se declara marxista, como Pablo Iglesias, parece que ha olvidado que son los trabajadores, y no los empresarios, quienes producen la riqueza.

Ante esto, nosotros defendemos, por supuesto, que ningún puesto de trabajo debe perderse por esta crisis. La clase trabajadora es la clase que crea la riqueza y garantiza que la sociedad funcione, por eso debe preservarse y mejorarse su nivel de vida y sus condiciones laborales. Las grandes y medianas empresas han hecho mucho dinero en estos años, disponen de caja suficiente para sostener los salarios de estos meses sin necesidad de que el Estado se endeude, pues la deuda pública generada por todo esto será pagada por las familias trabajadoras con recortes de pensiones, de gasto en sanidad y educación, en infraestructuras básicas y en otras prestaciones sociales. Los trabajadores mantienen a los empresarios todo el año, y además les dejan beneficios ¡Ahora les toca a ellos arrimar el hombro! ¡Los trabajadores no necesitan patrones para poner en marcha la producción en una empresa, pero las empresas no pueden funcionar sin los trabajadores!

Lo que debe impulsarse en cada centro de trabajo son comités de emergencia que inspeccionen los libros de cuenta de las empresas para averiguar dónde está el dinero y confirmar si la empresa está en condiciones o no de mantener los salarios y su viabilidad productiva. Si no fuera el caso, y se acredite que el empresario no está en disposición de mantener la producción o actividad, o se niega a sostener a sus trabajadores mientras dura este período de paro productivo por emergencia social, quiere decir que la función de ese empresario ha dejado de tener una utilidad social, y por lo tanto la empresa debería ser nacionalizada por interés social bajo el control de sus trabajadores, sin indemnización salvo en casos de necesidad comprobada. En el caso de pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, se debería crear un impuesto especial a las grandes empresas y fortunas que podría utilizarse como un fondo para ayudar a estas pequeñas empresas y garantizar el 100% del salario para sus trabajadores.

Las empresas nacionalizadas del mismo sector y área geográfica podrían reconvertirse en unidades de producción unificadas con criterios de ahorro y eficiencia, incrementando su tamaño, y garantizando el 100% de los puestos de trabajo.

No al incremento de la deuda pública, no a los ajustes ni a la precariedad laboral

No importa lo que el gobierno español pueda arrancarle a la Unión Europea en ayudas, todo va a computar como préstamos y deuda pública que habrá que devolver tarde o temprano. El panorama de fuertes ajustes y recortes futuros será inevitable, de un modo u otro, mientras la sociedad esté organizada en interés de los beneficios y del rescate de las grandes compañías.

Habrá fuertes presiones contrarias a la derogación de la reforma laboral del PP, con la excusa de que hay que reducir los costes de las empresas y la amenaza del desempleo; más aún, la derecha y la patronal exigirán un mayor empeoramiento de las condiciones y derechos laborales actuales. En los años próximos se incrementará el número de jubilados en el contexto de un estancamiento económico y un enorme endeudamiento público, por lo que de una forma u otra se reforzará la presión para impulsar un recorte y una reducción de las pensiones.

Saludamos la implantación del Ingreso Mínimo Vital para sectores vulnerables, pero hay que estar alerta para impedir que termine financiándose con el recorte de otros gastos sociales, como una especie de reparto de la miseria, o que sea aprovechado por los empresarios como un complemento salarial y así se ahorre el aumento de los salarios.

Unidas Podemos ha planteado ahora la propuesta de subir los impuestos a los ricos para recaudar 11.000 millones de euros. Esto sería muy positivo, pero tenemos muchas reservas a que la dirección del PSOE, que mantiene mil y un vínculos con las grandes empresas, lo acepte. Lo que deberían hacer los dirigentes de UP, si realmente se creen su propuesta y están dispuestos a batallar hasta el final para hacerla realidad, es lanzar una campaña pública, con actos en las redes sociales, emplazando a los sindicatos a que se sumen, y llevar la agitación a los trabajadores en sus empresas, para crear una presión social suficiente que obligue al gobierno a llevar esta propuesta  a la práctica. Si no se hace esto, nos tememos que todo quede en nada y UP transmita la imagen de que no se cree sus propias propuestas.

Enorme potencial para las ideas socialistas

Se mire por donde se mire el futuro que nos depara el capitalismo, y particularmente el español, es de estancamiento, agonía, escasez, pobreza, y condiciones laborales de esclavitud.

La otra cara de esta crisis, la más relevante e importante, es que la clase obrera después de décadas de aparecer en un papel secundario y olvidado en la vida social, ha pasado bruscamente al primer plano del protagonismo público. Millones de trabajadores han comprobado en sus propias carnes que sin su amable permiso ni se mueve una rueda, ni se enciende una luz, ni se pone un plato de comida encima de la mesa. Pese a la dureza e intensidad de las condiciones de vida y laborales de estos meses, los trabajadores han visto elevarse su  estima y estatura a niveles que nunca habían sentido antes.

Esto coincide con un cuestionamiento general del sistema que implica no sólo a trabajadores, sino también a jóvenes y sectores oprimidos y empobrecidos de las clases medias. Todo está dispuesto para un giro radical hacia la izquierda, y las provocaciones y bufonadas de la derecha, y de Vox en particular, ayudarán a hacer más extenso y profundo este proceso.

La semana pasada, el diario Público difundió un informe interesantísimo de la consultora Sináptica en colaboración con la “Fundación En Acción”, sobre el estado de opinión de la población.

Según este informe, el 47% de los entrevistados reconoció que habían disminuido sus ingresos como consecuencia del coronavirus. Lo más relevante es la relación que los entrevistados plantearon entre el Estado y la economía.

Un 54% de los entrevistados quiere que el Estado intervenga en la economía, así como en las grandes empresas y entidades financieras. 

Además, una mayoría arrolladora del 73% exige que la banca devuelva de inmediato el dinero público del rescate bancario.

Es interesante el dato de que son los más jóvenes, de 18 a 34 años, quienes más piden que el Estado incremente su intervención en la economía, el 60%. Además, un 52% cree que se deberían nacionalizar algunas empresas estratégicas, como por ejemplo las eléctricas. Curiosamente, el apoyo a esta medida tiene más adeptos en las personas de 50 a 64 años, el 58% de esta franja de edad.

Lo que tenemos aquí no es ni más ni menos que el caldo de cultivo para una extensión sin precedentes de las ideas socialistas. La gente ha podido ver que, además del inmenso sacrificio y esfuerzo de los trabajadores sanitarios, ha sido la intervención estatal –obligando a las fábricas privadas a producir respiradores, mascarillas, guantes, batas, jabón desinfectante, lejía, etc.– lo que ha permitido controlar la epidemia y doblar la curva de contagios, pese a todas las deficiencias y negligencias mostradas por los gobiernos estatal y autonómicos.

Ante esto, debemos preguntamos: ¿Por qué lo que ha sido bueno para combatir una enfermedad y un problema social tan grave, no podría servir también para solucionar el conjunto de los problemas sociales? ¿No está claro que si las grandes empresas y bancos fueran nacionalizados podríamos utilizar sus fabulosos recursos, maquinaria y tecnología para reorganizar y planificar la economía y la distribución en el interés de la inmensa mayoría de la sociedad? De lo que se trata no es de producir cosas para dejar cientos de miles de millones de beneficios en los bolsillos de unos pocos, sino bienes útiles necesarios para que estén a disposición de todos: ropa, vivienda, energía no contaminante, medicamentos baratos y eficientes, infraestructuras para los barrios, ocio y cultura, etc. Sin la asfixia agobiante por el beneficio privado, se podría reducir  drásticamente la jornada laboral a 4-5 horas para repartir el trabajo y así trabajar todos, el salario mínimo podría subirse inmediatamente a 1.200 euros, y los trabajadores tendrían tiempo para participar en la gestión y el control de sus empresas y de la vida social, estableciendo una sociedad auténticamente democrática y feliz.  

Si toda la riqueza que produce la clase trabajadora fuera propiedad común gestionada democráticamente por todos, en cada centro de trabajo, en poco tiempo podríamos crear un verdadero paraíso en la sociedad, sin estrecheces ni escasez, sin opresión, ni explotación, sin fronteras, ni guerras, ni barbarie. Esto es lo que significa el socialismo.

A este objetivo deben empujar todas nuestras luchas, ilusiones y energías ¡Que la crisis la paguen los ricos, en España y en todo el mundo! ¡Que la economía y la sociedad estén en manos de la clase trabajadora! ¡Únete a la lucha por el socialismo!