Las elecciones en Castilla y León han sido un golpe para la izquierda, que ha perdido 156.000 votos respecto a las elecciones de 2019. También la derecha en conjunto ha perdido votos, 70.000. El Partido Popular apenas sacó 15.000 votos más que el PSOE en una victoria agónica. Obligado a gobernar con Vox, quien por vez primera sería parte de un gobierno, el liderazgo de Casado en el PP queda debilitado.
Se va cerrando la conspiración para traer a Juan Carlos de vuelta a España, limpio de polvo y paja. Ello sucede tras archivar el fiscal suizo, Ives Bertossa, la causa por la transferencia de 100 millones de dólares al “emérito” depositada por el gobierno saudí en una cuenta en Suiza, supuestamente por mediar ante constructoras españolas para rebajar un 30% el coste del AVE entre Medina y La Meca.
La condena al compañero dirigente de Podemos Alberto Rodríguez es un ataque al conjunto de la izquierda y el movimiento obrero del Estado español. Alberto Rodríguez ha sido condenado a un mes y quince días de prisión, y de inhabilitación para el sufragio pasivo, por un delito de atentado contra agentes de la autoridad con el sólo testimonio del policía implicado.
Finalmente, el compañero Alberto Rodríguez, diputado de Unidos Podemos por la circunscripción de Tenerife, ha sido despojado de su acta de diputado por una decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha cedido de forma vergonzosa a las presiones del Tribunal Supremo y de la derecha.
La cuestión eléctrica ha pasado al primer punto del orden del día en la situación social y económica en el Estado español. Mientras los parásitos situados al frente de este negocio se embolsan cientos de millones de euros en ganancias, las familias obreras se las ven y las desean para afrontar facturas que se encarecen mes a mes.
Después de muchos meses de negociaciones y de varios meses más de retraso, el gobierno de PSOE y UP ha llegado a un acuerdo para presentar una nueva Ley de Vivienda en el Estado español. Dicha ley todavía debe ser concretada con más detalles y aún no cuenta con una fecha fija para ser debatida en el Congreso. Sin embargo, ya ha generado mucho debate entre partidarios y contrarios.
La derecha y el ala “dura” del régimen están utilizando el aparato del Estado como un ariete contra el gobierno y las conquistas sociales avanzadas alcanzadas por la clase trabajadora, por eso se obstinan en tenerlo firmemente bajo su control. En este aparato del Estado, plagado de franquistas y reaccionarios, está destacándose particularmente la casta judicial, que está revelándose como un enemigo descarado del que la clase obrera debe tomar nota.
