Análisis Político
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La cuestión eléctrica ha pasado al primer punto del orden del día en la situación social y económica en el Estado español. Mientras los parásitos situados al frente de este negocio se embolsan cientos de millones de euros en ganancias, las familias obreras se las ven y las desean para afrontar facturas que se encarecen mes a mes.

En el Editorial del último número de nuestra revista Lucha de Clases, ya expusimos la situación provocada por la subida reiterada y desproporcionada de la luz que comenzó en enero de 2021 y que se ha intensificado desde el mes de julio. Sin ir más lejos, en el día de ayer, jueves 16 de septiembre, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volvió a batir otro récord, alcanzando 188,18 euros el megavatio hora (MWh), un 268% más alto que el mismo día del año pasado.

Tras semanas sufriendo la escalada de precios, el Gobierno trató en junio de calmar la indignación con una reducción del IVA del 21% al 10% hasta diciembre y la suspensión temporal del impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica. Sin embargo, estas medidas, se evidenciaron completamente insuficientes.

Tal y como se explica en el Editorial de El Pais del pasado 15 de septiembre, el mayor vocero de la burguesía española:

“El encarecimiento de la electricidad amenazaba con provocar una fractura social de inquietantes semejanzas a la protagonizada en Francia por los chalecos amarillos”.

Ese “peligro” es lo que ha motivado que el Gobierno anunciara el pasado martes 14 un “Plan de Choque” que incluye varias medidas encaminadas a abaratar un 22% la factura de la luz.

La respuesta de las eléctricas no se hizo esperar, en la misma tarde del martes 14 de septiembre la patronal de la electricidad amenazó al gobierno con cerrar las centrales nucleares si estas medidas se llevaran adelante, algo que provocaría un importante encarecimiento del precio de la electricidad debido a que se dejaría de contar con la energía más barata, que actualmente supone un 23% de la producción eléctrica. Justamente, el enfado de la patronal se debe a que con las medidas propuestas por el gobierno, la energía nuclear se pagaría a su precio real de producción y no al precio de la energía más cara, actualmente el gas natural.

Actitudes mafiosas y estafadores

Esta actitud de matón, de chantajear al Estado con paralizar las centrales nucleares para provocar falta de suministro y un encarecimiento de las facturas, no es de extrañar. El oligopolio eléctrico siempre se ha manejado con estas prácticas. Hace unas semanas Iberdrola vació varios pantanos de las provincias de Cáceres y Zamora para generar energía hidroeléctrica (muy barata de producir) para venderla a los precios máximos fijados por el gas natural y así obtener un considerable beneficio a costa de amenazar con la sequía a multitud de poblaciones, agricultores y parques naturales como el de Monfragüe, en lo que supone una privatización del agua de facto. Y eso, pese a que los embalses fueron construidos por el Estado, mayoritariamente.

No hay mayor muestra de irracionalidad e injusticia de lo que significa la propiedad privada en manos del oligopolio eléctrico.

A esto se suman los fraudes que las compañías aplican a los usuarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado que algunas comercializadoras de electricidad cobraron de más a sus clientes aprovechando la entrada en vigor del nuevo sistema tarifario el 1 de junio, cambiando incluso los contratos sin consentimiento expreso de los usuarios. Así, Endesa ya fue multada el año pasado con 300.000 € por cambiar de compañía a un cliente sin su consentimiento, con el agravante además de que este cliente había fallecido cinco meses antes. Naturgy fue sancionada en 2019 con 1,2 millones por prácticas similares, tras una denuncia de FACUA por cambiar la tarifa de gas a 48.700 clientes, sin informar del encarecimiento de la misma de entre un 8% y un 14%.

Las medidas del Gobierno

A pesar de lo que pueda parecer por la reacción de las eléctricas, las medidas aprobadas por el Gobierno han ido mayoritariamente encaminadas a reducir los impuestos que se incluyen en la factura de la luz. Solo un tercio del ahorro en la factura se conseguiría a costa del negocio de las eléctricas, y serán los presupuestos del Estado- es decir, los contribuyentes de a pie - los que absorberán el coste de los restantes dos tercios como muy bien reconoce el propio El País en el  Editorial citado:

“El presupuesto público compensará los recortes de impuestos sectoriales, y las cuentas de resultados de las energéticas también aportarán. Todo ello es razonable, aunque el primero deba pechar con más de dos tercios del esfuerzo (unos 1.400 millones de euros hasta Navidad), mientras que el oligopolio afronta apenas un tercio”.

Además, de ello hay que destacar que la medida que más afecta a los beneficios de las eléctricas, son de carácter temporal. Es el caso de la minoración de los llamados “Beneficios caídos del cielo”, que se refieren a los beneficios extraordinarios obtenidos al cobrar toda la electricidad al precio de la electricidad más cara, que es la producida mediante la combustión de gas; y cuya fecha de caducidad de la medida es marzo de 2022.

Como decíamos, el grueso de las medidas reside en la reducción de impuestos. Se amplía hasta final de año la supresión del impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% la generación eléctrica. Además, de ello el Impuesto Especial de la Electricidad pasará del 5,11% al 0,5%, un impuesto que el Estado tendrá que compensar a las Comunidades Autónomas, ya que este impuesto estaba transferidas a estas. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, estas rebajas supondrán una merma de ingresos de 380 millones de euros.

Además de la reducción de impuestos, el Estado aportará 900 millones procedentes de la recaudación extra obtenida por las subastas de carbono y que es destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, por lo que se pasará de 1.100 millones a 2.000 millones.

Los consumidores podremos ver minorada la factura de la luz a corto plazo pero, siendo el Estado quien soporte la mayor parte del coste de las medidas, sin duda, seremos las familias trabajadoras quienes más tarde o más temprano, paguemos para compensar la reducción de la recaudación y la inyección de dinero por parte del Estado.

Hay que pasar a la ofensiva: movilización popular por la nacionalización

Las tres grandes compañías energéticas superan los 6.000 millones de euros anuales después de pagar a sus consejeros asignaciones de centenares de miles de euros al año. Sin duda, con ese margen de beneficios tienen capacidad de sobra para absorber los vaivenes del mercado y el aumento de los costes del CO2. Pero estos parásitos, en cuyas manos están los suministros básicos, no están dispuestos a consentir que se le arrebate ni un solo céntimo de sus beneficios. Es por ello que trasladan íntegramente los aumentos de costes de producción de la energía a las familias trabajadoras, evidenciándose así que la propiedad privada es una auténtica losa para la clase trabajadora.

Hace unas semanas el alcalde de Batres, Victor Manuel López, anunció que el Ayuntamiento no pagaría la factura de la luz como medida de presión ante “desenfreno de precios”, aunque es una decisión loable, para que tuviera un verdadero efecto, debería extenderse a un número relevante de municipios, e incluso a los consumidores, si las organizaciones de consumidores, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas apoyaran y respaldaran una acción colectiva como esta.

Viendo la respuesta que han tenido las eléctricas ante las recientes medidas del gobierno, no se puede descartar que aumenten las amenazas. Los sindicatos con representación en las empresas energéticas deben pronunciarse enérgicamente en contra del chantaje de las eléctricas y anunciar su desobediencia ante cualquier intento de la patronal de parar la actividad productiva en las centrales nucleares. La producción de las centrales eléctricas está en manos de los trabajadores, si decidieran trabajar, ningún directivo del oligopolio podría impedirlo.

La única solución para garantizar el suministro eléctrico a un precio asequible para la población es la nacionalización del sector, bajo el control de los trabajadores y usuarios, que permitiera implantar un sistema racional de producción y abastecimiento de la energía basado en criterios sociales y ambientales, que creará miles de puestos de trabajo para realizar una verdadera transición energética respetuosa con el medio ambiente.

Únicamente con la concentración en manos del Estado del actual oligopolio eléctrico, el aumento de costes objetivos podrían ser asumidos por el margen de los 6.000 millones anuales de beneficios que tienen estas empresas, ya que el Estado no tendría ningún tipo de interés ni en acumular beneficios ni en repartir dividendos. Por supuesto, esta empresa pública no debería estar gestionada por consejos de administración que son un nido de corrupción, como hemos visto anteriormente. Todas las tareas de gestión y control de las mismas, deben ser asumidas por los trabajadores con la participación de asociaciones de vecinos, sindicatos y movimientos sociales.

Las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda deben impulsar desde ya un plan de  movilizaciones de masas, cuya reivindicación central sea la nacionalización del sector eléctrico, sin indemnización, que bastantes miles de millones de euros se ha embolsando saqueando los bolsillos de los consumidores, con la excepción de pequeños accionistas con escasos recursos, y bajo control obrero y vecinal. Ya hay varias convocatorias en marcha por parte de grupos pequeños y asociaciones vecinales locales, y animamos a acudir a todas ellas pero lo que hace falta es que aquellas organizaciones con más influencia en la clase trabajadora y mayor capacidad de movilización se sumen y se pongan al frente de este movimiento.

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