El intento de la derecha y de su brazo judicial de bloquear una mayoría progresista en el poder judicial y de tratar de anular por decreto la acción del gobierno y las sesiones del Parlamento son un paso muy grave que apuntan a un golpe de Estado “suave” que debe ser respondido por la clase trabajadora en las calles de forma masiva.

Ayer domingo 13 de noviembre cientos de miles de personas inundaron las calles de Madrid contra la política sanitaria criminal del gobierno derechista de Ayuso, y en defensa de la sanidad pública. Ayuso, inflada en su arrogancia en la misma medida que su ignorancia y diminuta estatura intelectual, empieza a ver socavado su apoyo popular, incluso entre capas medias que le son afines. Lo que hace falta es darle un último empujón.

El gobierno ha conseguido superar el primer trámite parlamentario para la reforma del delito de sedición. En una tumultuosa sesión, protagonizada por los alaridos y las acusaciones de traición de la derecha y con el voto por llamamiento solicitado por el PP para tratar de erosionar al grupo socialista, la reforma salió aprobada con los votos a favor de PSOE, UP, ERC, PNV y Bildu y la abstención de Junts.

La Corriente Marxista Internacional se solidariza con los miles de médicos, enfermeras, celadores y demás personal sanitario que están librando una lucha ejemplar contra la mafia criminal de la derecha madrileña. Una lucha que acompañamos junto a cientos de miles de personas de los barrios y ciudades obreras, cuya calidad sanitaria y su vida misma, están puestas en peligro por la arrogancia, insensibilidad y codicia de Ayuso y sus amos ricachones.

El 7 de octubre entró en vigor la de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada Ley “solo sí es sí”, la cual unifica en un solo delito lo que anteriormente estaba dividido en abuso sexual y agresión sexual. El objetivo de la modificación es centrar cada caso en el consentimiento y que la víctima no tenga que demostrar que ha existido violencia para que se reconozca la agresión sexual.

El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es uno de los síntomas más agudos de la crisis del régimen del 78. Un nuevo intento de desbloqueo del órgano judicial ha sido frustrado por el aparato del Partido Popular pese a las presiones de las instituciones europeas, de los sectores claves del capitalismo español y del propio aparato judicial en favor de un acuerdo entre PP y PSOE.