Análisis Político
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El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es uno de los síntomas más agudos de la crisis del régimen del 78. Un nuevo intento de desbloqueo del órgano judicial ha sido frustrado por el aparato del Partido Popular pese a las presiones de las instituciones europeas, de los sectores claves del capitalismo español y del propio aparato judicial en favor de un acuerdo entre PP y PSOE.

El hecho de que el principal partido de la derecha, alternativa de gobierno y representante político de la burguesía, haya bloqueado durante cuatro años la renovación del órgano de gobierno de los jueces por pura táctica parlamentaria y por puro cálculo electoral, da una idea de las divisiones existentes entre la burguesía y sus representantes políticos y de la inestabilidad que se ha instalado en el corazón del régimen.

La parálisis política del CGPJ amenaza con llevar al colapso a la propia administración de justicia, eternizando la resolución de procesos que afectan a particulares, administraciones y empresas, causando un daño incalculable al prestigio de este sacrosanto poder del Estado burgués. Los sectores decisivos de la burguesía española y las instituciones europeas han comprendido la gravedad de la situación y han tratado de forzar el acuerdo, pero éste ha sido frustrado de nuevo por el aparato político que supuestamente debía defender sus intereses.

El CGPJ se compone de veinte miembros, doce magistrados y ocho juristas, elegidos por las tres quintas partes del Congreso y otras tantas del Senado. En los cuarenta y cuatro años de vigencia de la Constitución del 78 nunca había habido grandes problemas para que los dos grandes partidos del régimen pactaran la composición del CGPJ, dando cabida a las minorías nacionalistas y a IU. Pero todo cambió tras la moción de censura que desalojó al PP del gobierno en 2018. En diciembre de dicho año vencía el mandato del CGPJ elegido en 2013 bajo la mayoría absoluta del PP y, por lo tanto, con una aplastante mayoría conservadora. Desde entonces el PP ha bloqueado sistemáticamente la renovación del órgano judicial, buscando, de esa manera, mantener antidemocráticamente el control del aparato judicial para utilizarlo como ariete contra el gobierno de coalición. En la defensa de sus intereses de aparato, el PP ha contribuido a desgastar el prestigio de las instituciones del Estado, agudizando la inestabilidad y la crisis del régimen.

El CGPJ en funciones siguió realizando nombramientos hasta marzo de 2021, cuando por fin el gobierno se lo impidió legalmente, y llevando a cabo abiertas provocaciones al gobierno en los actos de apertura del año judicial, con la colaboración del rey. El bloqueo de los nombramientos y la posterior dimisión del presidente del CGPJ Carlos Lesmes obligaron finalmente al PP, una vez que hubo resuelto (aparentemente) su crisis de liderazgo con la elección de Núñez Feijóo, a sentarse a la mesa de negociación para acabar con el bloqueo, tal y como le exigía la burguesía, la Comisión Europea y el propio aparato judicial amenazado por la parálisis y el colapso.

El 26 de octubre el acuerdo parecía encarrilado. Todo estaba pendiente de la firma del acuerdo en una última reunión entre Fejóo y Sánchez cuando el presidente del gobierno volviera de su gira africana. Pero el jueves 27 de octubre el diario El Mundo salió con este titular en primera plana: “El PP teme la reacción de la «derecha política, judicial y mediática»”. Esa misma tarde el acuerdo para la renovación del CGPJ dejaba de existir.

La crisis de la derecha y la crisis de régimen

La negativa a renovar el CGPJ deja muy tocado a Feijóo y demuestra que la crisis del PP no se resolvió con su propia elección como presidente del partido. El Mundo, en la misma portada del 27 de octubre, citaba a fuentes de la dirección del PP que calificaban de “trumpistas” a quienes se opusieran a cualquier acuerdo con el PSOE. Ese “trumpismo” español es el que lidera la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha encontrado un aliado inesperado (aunque no tan sorprendente) en el presidente de la Junta de Andalucía. Este sector prefiere dejar las cosas como están y esperar a ganar las elecciones de 2023 para renovar entonces el CGPJ con una mayoría de derechas que ya dan por hecha. Díaz Ayuso, con la ayuda de Moreno Bonilla, había conseguido doblegar a Núñez Feijóo y obligarlo a romper las negociaciones, algo de lo que se jactó la propia presidenta madrileña.

La excusa empleada, la reforma del delito de sedición, no puede ser tomada en serio por parte de nadie. Lo que el PP presenta como una concesión al independentismo por su apoyo a los Presupuestos no es más que una reforma, avalada por Bruselas, para adecuar la legislación española a la europea y evitar nuevos ridículos para la justicia española en su persecución de los independentistas exiliados. Incluso la mayoría conservadora del poder judicial, si bien se mostró en contra de la reforma del delito de sedición por considerarla una merma de su autoridad, sí dejó claro que esta no se podía mezclar con la negociación del CGPJ ni se podía usar como argumento para no llegar a un acuerdo.

El PP ha vuelto a poner sus intereses de aparato por delante de las necesidades de la clase dominante, que exigía un acuerdo, y de la propia estabilidad del régimen. El precio para Feijóo es el descrédito, buena parte de la prensa (incluida parte de la más derechista) ya lo da por finiquitado. La crisis del PP está lejos de estar resuelta y seguirá siendo un factor de inestabilidad para el régimen.

Nuestra alternativa

El bloqueo de la justicia obliga a la izquierda a moverse. Ya el año pasado planteó Unidas Podemos la necesidad de que la mayoría progresista del Congreso legislara para poder elegir por mayoría absoluta y no de tres quintos a los vocales del CGPJ. Esto estaría más cerca de un verdadero control democrático del poder judicial, y tendría nuestro apoyo; más aún si esta reforma viniera acompañada de una movilización seria en la calle para arrinconar a la reacción incrustada en el aparato del Estado, en vez de seguir buscando un pacto de Estado con la derecha que sólo beneficiaría a los intereses de la clase dominante y del propio aparato del Estado.

La justicia bajo el capitalismo es siempre una justicia al servicio de la clase dominante. Los jueces son seleccionados según este principio y están, como todo el aparato del Estado, ligados a la clase dominante por poderosos lazos ideológicos y materiales. Entendiendo esto, la izquierda debería plantear un control democrático de la administración de justicia que pasa por la elección democrática de jueces, fiscales y órganos judiciales por sufragio universal, por la extensión del jurado popular y por la revocabilidad de los magistrados y la anulación de cualquier tipo de privilegio. Esto tiene que venir acompañado de una depuración exhaustiva del aparato judicial de los elementos más reaccionarios y comprometidos con la dictadura franquista y de la disolución de los tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional.

Pero en cualquier caso el problema de la justicia es el problema del Estado burgués y del sistema capitalista en su conjunto; lejos de ser un árbitro imparcial entre las clases, el Estado es el instrumento institucional de la dominación de la clase dominante sobre la clase dominada, de la burguesía sobre la clase trabajadora. La lucha por el socialismo incluye también la lucha contra el derecho burgués, contra las leyes que, lejos de liberar, encadenan a la clase trabajadora. El Estado obrero no necesitará un cuerpo de hombres togados para la defensa de la propiedad privada, la justicia la hará la propia clase trabajadora en el poder.

 

 

 

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