Málaga. La huelga de LIMASA

En el 2013, con la excusa de la crisis económica y ante el grave endeudamiento de la ciudad (uno de los mayores del Estado), los trabajadores aceptaron firmar con carácter escepcional un acuerdo (sin rango de convenio) que suponía una merma de sus derechos. Cuando ese acuerdo temporal expiró la vía judicial les dio la razón a la hora de validad actualmente el viejo convenio del 2010-12.

Antes de la huelga, los trabajadores denunciaron el incumplimiento de la sentencia judicial por el ayuntamiento y llevaron a cabo una serie de medidas de presión, como cumplir estrictamente la normativa en prevención de riesgos, motivo por el cual la empresa comenzó a abrir expedientes a diferentes trabajadores. Ante esta actitud provocadora, ya en enero hubo un amago de paro espontáneo, que llevó a abrir más expedientes por parte del ayuntamiento a los trabajadores. A día de hoy hay abiertos más de 1.000 expedientes de sanción contra los trabajadores, lo que ha enconado de manera importante la situación.

El ayuntamiento recurrió la sentencia y, antes de la huelga, planteó negociar exclusivamente un convenio a 4 años, quitando derechos consolidados como son parte de la paga de productividad, la fijación de las vacaciones, o los descansos para los fijos en los fines de semana.

El negocio de los servicios públicos en manos privadas

LIMASA es una empresa mixta donde el 49% de la sociedad pertenece al ayuntamiento y el resto a una UTE conformada por FCC, Sando, Unicaja y Urbaser (filial de ACS).

En el 2017 caduca la concesión actual entre el ayuntamiento y la parte privada. Desde el 2001 en que la UTE mencionada se hizo cargo del servicio ha quedado clara la voracidad de beneficios de la empresa, favorecida por el ayuntamiento del PP, que en diferentes artículos de la concesión garantiza como mínimo un beneficio anual del 2% sobre la cifra de negocio anual de la empresa, independientemente de que LIMASA tuviera beneficios o no.

Esto es relativamente común en diferentes concesiones privadas de servicios públicos y supone un trasvase directo de las arcas públicas al bolsillo de los empresarios de turno, por encima del canon que ya paga la administración pública. No por casualidad, Carlos Slim, una de las tres fortunas mayores del planeta, lanzó una OPA al 100% sobre las acciones de FCC la semana pasada, que tiene en su haber la administración de múltiples concesiones de limpieza, seguridad o parques y jardines, en el Estado español (y fuera de él). Los servicios públicos externalizados son un chollo para las grandes multinacionales, que aseguran para sus bolsillos una entrada fija gracias al dinero público durantes años y décadas.

El gerente de la empresa malagueña reconoce que el Ayuntamiento ha pagado unos 66 millones de euros entre 2005 y 2014 en concepto de "compensación económica" para garantizar un beneficio anual del 2% del presupuesto. Pero esa cantidad, además, se une a los alrededor de 2,2 millones de euros anuales que paga el ayuntamiento por la llamada "asistencia técnica", que también recibe la parte privada de manos del consistorio malagueño por el supuesto asesoramiento que presta a la sociedad en temas financieros, legales y técnicos. O sea, ¡¡cobran por recibir un servicio, cuando todos los mortales hacemos justo lo contrario!!  En total, desde que la UTE se hizo cargo de la concesión, ha ganado más de 104 millones de euros.

Según denuncia el comité de empresa, la gerencia de la empresa ha reducido sus presupuestos de 91,9 millones de euros a 85,9 este año. Ello, junto a la falta de inversiones, está redundando en un equipamiento técnico y servicio cada vez de peor calidad. El servicio de limpieza de Málaga es el cuarto más caro del país en euros/habitante.

La oposición calcula que una LIMASA pública 100% municipal ahorraría cada año alrededor de 17 millones de euros, a los que habría que sumar el IVA correspondiente. El año próximo caduca la concesión de la UTE sobre LIMASA y hay un debate abierto por la oposición municipal ante la desastrosa y gravosa gestión de la limpieza malagueña. El ayuntamiento del PP está muy interesado en este contexto en redirigir todos los crecientes problemas de limpieza de la ciudad hacia unos trabajadores a los que no duda en llamar "privilegiados" y "absentistas".

Los "privilegios" de los trabajadores de LIMASA

En el sentido más explícito del término, la actitud del ayuntamiento está siendo la de dejar pudrir la situación, con el fin de echar al conjunto de la población sobre los huelguistas, ayudado en todo momento por la prensa más derechista, como el diario EL SUR, del grupo Vocento.

Una muestra gráfica de la campaña de manipulación diaria que se lleva produciendo desde antes de la convocatoria de la huelga es el fotomontaje que mostramos, donde se ve el titular de su web ayer, 9 de marzo, anunciando "una gran concentración de apoyo al alcalde", lo que se ve desmentido por la foto de los concejales de Ahora Málaga (grupo municipal donde participa Podemos) desde las dependencias municipales que, obviemente, no salió publicada por la prensa burguesa.

Hay una campaña desde el anuncio de la huelga contra los "privilegios" de los trabajadores de LIMASA, falseando las nóminas que cobran. Un barrendero cobra 1.200 euros netos (sin antigüedad). Un conductor de camión de Limasa, con 30 años de antigüedad, gana al mes 1.573 euros netos. Entre estos dos ejemplos podemos situar a la inmensa mayoría de la plantilla.

Dicho esto, los trabajadores, con muchas movilizaciones en las últimas décadas, consiguieron otras mejoras. Los trabajadores fijos cobran 5 pagas extras por un valor de 1.518 euros de media, lo que elevaría, en algunos casos de trabajadores con antigüedad, a unos 2.000 euros netos prorrateados las entradas de cada mes. Si lo comparamos con cualquier empresa pública, o con grandes empresas privadas de sectores con tradición de lucha sindical, en absoluto son salarios escandalosos, teniendo en cuenta la dureza del trabajo y la continua exposición antihigiénica de los trabajadores.

Hay centenares de trabajadores eventuales o con contratos a tiempo parcial, que cobran poco más de 700 euros. Esto es así por la falta de contrato de personal y por la inhibición de la empresa a la hora de pasar los eventuales a fijos, y así garantizar más horas de trabajo (y limpieza). Esta debería ser una de las reivindicaciones principales de la plantilla a la hora de defender un mejor servicio de calidad para atender a la ciudadanía.

En cambio, el gerente de la empresa cobra más de 8.000 euros, y a él se le unen otras decenas de cargos con sueldos de varios miles de euros cada uno.

Los trabajadores con conciencia de clases debemos defender los derechos de los trabajadores que están "un poquito" por encima de los salarios de miseria que los grandes empresarios quieren extender entre el conjunto de nuestra clase. Los que cobramos menos, tendremos entonces un referente por el que luchar ¡Cómo osan hablar los plumíferos de la prensa de los ricos como EL SUR de privilegios! En los últimos 7 años los ricos son mucho más ricos y los trabajadores somos más pobres.

Somos el conjunto de la clase trabajadora los que creamos casi todo el valor que se genera cada año. Hay suficiente riqueza en esta sociedad para que los asalariados, todos, tengamos salarios dignos. Donde debemos poner el énfasis en esta campaña demagógica es en explicar cómo en el reparto de la tarta del PIB, las rentas del capital han pasado a crecer año tras año hasta suponer el 42% del total, mientras las rentas del trabajo cayeron en el último año hasta el 47%. A mediados de los ochenta, por ejemplo, las nóminas llegaron a suponer más del 57% del PIB, unos 10 puntos más que ahora, cuando el número de asalariados era significativamente inferior al actual.

El enconamiento de la huelga

El martes 8 de marzo hubo un pre-acuerdo que se llevó a la asamblea. En dicho pre-acuerdo se proponía revertir las sanciones y aceptar una parte de las reivindicaciones de los huelguistas, pero no la más trascendental: la aceptación del convenio del 2010-12. El ayuntamiento proponía firmar un convenio nuevo que (aceptando mejoras sobre la situación actual, desde el 2013 hasta hoy) supusiera el que los trabajadores renunciaran a la vía judicial que podía blindar la totalidad de los derechos conseguidos en el 2010-12.

Ese día la asamblea de trabajadores rechazó el acuerdo. Hay una tradición que pesa entre los trabajadores de LIMASA y es que ellos, en circunstancias ordinarias, por sí mismos, han sido capaces de doblegar al ayuntamiento de turno y lograr mejoras. Ahora, con una sentencia judicial en primera instancia que les respalda, ese sentimiento cobró fuerza. La huelga continuó y se radicalizó, con quemas de contenedores que totalizan unos 150.

El ayuntamiento ha contratado una empresa externa que está realizando las tareas de los trabajadores y, sin ningún control, ya ha comenzado a retirar la basura, ante el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos. Hay en la práctica una vulneración de un supuesto derecho fundamental, como es el de la huelga. Asimismo, la administración regional de la Junta, del PSOE, ha fijado unos servicios mínimos del 50% en el centro y del 40% en los barrios, amenazando con incrementarlos al 65% de la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos en el Centro Histórico si la huelga llegase a Semana Santa.

Para el día de mañana, viernes 11 de marzo, el alcalde amenaza con decretar el "riesgo sanitario" en la ciudad y ampliar los servicios de la empresa externa para que pase a retirar la totalidad de la basura acumulada.

Mañana publicaremos otro artículo explicando las tareas del conjunto de la izquierda ante esta movilización que ha polarizado a la sociedad malagueña. Hay una batalla de la opinión pública que está siendo ganada por la derecha en todos los aspectos, ante la falta de una campaña coordinada de la izquierda política y sindical. Los esfuerzos individuales, incluso los de una organización, no son suficientes en este caso, con todo lo positivo que sean, como la iniciativa de los concejales de Málaga Ahora de abrir un portal cibernético denunciando la campaña de manipulación del PP local y demandando una LIMASA pública. Se necesita un esfuerzo mancomunado de toda la izquierda, con amplia información entre la ciudadanía y acciones públicas concretas, porque si los trabajadores de LIMASA son derrotados, después irán a por otros colectivos.