Barcelona en Comú y la huelga de los trabajadores del metro

De todos los ayuntamientos "del cambio”, el de Barcelona es quizás el más emblemático. Debido a su condición de gran ciudad, pero también al proceso de creación de la lista que ganó, que se gestó en cientos de reuniones de barrio donde participaron los distintos movimientos sociales y vecinales de la ciudad. Barcelona en Comú (BeC) tiene una líder con una reconocida autoridad en todo el Estado en el movimiento en lucha, del cual ella misma proviene.

Nuestro gobierno municipal (un gobierno de 11 regidores sobre 41), en los primeros nueve meses ha conseguido, mal que bien, imponer una agenda política que ha paliado ciertos aspectos de la desigualdad social, como es el de la cuestión habitacional. En la llamada “batalla cultural”, los ataques de la derecha contra, por ejemplo, gestos de carácter republicano no son, como es el caso de Madrid, excusados públicamente. En los últimos meses del 2015, el ayuntamiento anunció un incremento de la inversión en los barrios más degradados, así como una congelación de las tarifas del metro y bus, a la misma vez que la bajada de precios de los dos títulos de transporte más populares, que sufrían aumentos ininterrumpidos desde hacía casi 15 años.

En cualquier caso, hay que recordar para tener una visión global que, en el pasado, el gobierno del PSC también llevó a cabo reformas en Barcelona, a pesar de todos sus déficits de gestión. Fue la incapacidad de la socialdemocracia de seguir con sus políticas de reformas en un contexto de crisis capitalista lo que llevó a nuestro surgimiento. No olvidemos que el hecho extraordinario (histórico incluso) de que la izquierda transformadora fuésemos la fuerza más votada en Barcelona se debió a un proceso de toma de conciencia y maduración colectiva tras un contexto de fuerte movilización social ante la crisis social y económica existente. Nosotros suponemos mucho más que la socialdemocracia clásica y debemos tenerlo claro: un gobierno de izquierdas que no tenga el apoyo activo de la calle tiene un problema muy grave a la hora de conseguir recursos que puedan cambiar significativamente la realidad; el gobierno de la izquierda transformadora que gestione un ayuntamiento en minoría, que se limitase meramente a la gestión de lo público en un contexto de recesión, puede tener una maldición,  frustraría doblemente las expectativas puestas en él.

TMB y los límites de la gestión de lo posible

TMB es una empresa pública dependiente de los ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona (con amplia mayoría del PSOE), aunque esté presidida por la alcaldesa de Barcelona. Anteriormente, había sido orientada a fin de intentar convertirla en una pequeña multinacional con un funcionamiento bastante opaco. Por ejemplo, no es muy conocido el contrato de gestión del metro de Riad (Arabia Saudí) que desempeña TMB que, obviamente, va “bastante más allá” de la obtención de un transporte de calidad para nuestra área metropolitana.

La dirección de TMB es un auténtico “cementerio de elefantes” de la política barcelonesa, con muchos antiguos cargos del PSOE (pero también alguno de Iniciativa per Catalunya) con sueldos de más de 60.000 euros y, en algunos casos, superando los 160.000 euros, como se ha denunciado. Hay más de 200 altos cargos en estas condiciones, lo cual constituye un escándalo en sí. Peor aún en una empresa de titularidad pública, los salarios de estos elementos están blindados bajo contratos de confidencialidad, lo que es denunciable bajo cualquier punto de vista salvo, claro está, el de los propios directivos.

Esta es la situación que se encuentra BeC hace 8 meses cuando llegamos a la alcaldía. De hecho, uno de los primeros pasos positivos de la nueva dirección, que marca un cambio de tendencia con respecto a la anterior, es parar la compra por parte de TMB del futuro metro privado de Oporto.

Desde hace años, toda clase de asociaciones (empezando por la federación de asociaciones de vecinos) venían pidiendo la publicación de las cuentas de la empresa, a la que está obligado por ley el consorcio público. Desgraciadamente, después de 8 meses de gestión de la izquierda, hay datos del funcionamiento de la empresa auténticamente escandalosos que han tenido que ser otros concejales los que lo aireen, y no nuestro equipo de BeC, como expusimos anteriormente, que colocó al frente de la empresa a la única edil miembro de EUiA, Mercedes Vidal.

Los hechos anteriormente mencionados bastan para demostrar que sí existen intereses mezquinos creados en esta empresa, ligados a una forma de actuar que se ha venido en llamar “vieja política" en el conjunto de la geografía peninsular. Esta forma tradicional de actuar en esta empresa supone un reto para nosotros. Hemos tenido un tiempo para conocer los entresijos de TMB desde dentro. Ahora bien, el conflicto actual del metro, público y notorio, y las denuncias aireadas en los medios deben hacer que en relación a nuestra manera de practicar la política nadie nos coja en ningún renuncio en el futuro.

Nosotros defendemos que “se ha de poner fin a la acumulación de cargos, limitar sus mandatos, impulsar agendas transparentes y establecer mecanismos efectivos de control de los responsables públicos”. Lo haremos, tenemos que empezar ya, aunque sea un poco tarde, en esta empresa.

Qué política de transporte

El convenio de los trabajadores expiraba a fines del año pasado, después de cuatro años de congelación salarial. Los trabajadores han denunciado por el contrario cómo a los más de 200 altos directivos de la empresa se les subió el sueldo más de un 14%. El ayuntamiento dice que esta cifra no es real, pero no publicó la suya. Falla entonces la comunicación.

Como cualquier aspecto de la política, este conflicto no puede tratarse como un problema técnico, sino desde una óptica política amplia. Nosotros debemos defender que nuestra acción política, fuera y dentro del ayuntamiento, es la misma. Defendemos que las luchas sindicales son una parte de la amplia lucha política. Nosotros decimos que somos fruto de la calle, que “impulsamos una rebelión democrática para recuperar las instituciones para que vuelvan al servicio de las personas” y no de las élites.

Nosotros queremos representar los intereses generales de los de abajo, negamos que existan discrepancias entre los usuarios de los transportes públicos y los trabajadores de los mismos, sus intereses son idénticos, unos y otros nos sostienen, entendemos que los sectores fundamentales de ambos colectivos tienen cabida en nuestro movimiento. Pero, siendo más concretos aún: los primeros sostenedores de nuestra política de transporte en nuestra ciudad, aquellos a quienes primero debemos escuchar, son los propios trabajadores de las empresas públicas.

En este sentido, no nos cuadra que haya habido denuncias de los representantes de los trabajadores (donde están CGT, la COS, pero también UGT y CCOO) que afirmasen rotundamente que los directivos boicoteasen reuniones propuestas por ellos. Preguntamos ¿por qué nuestra concejala apareció en este sentido más cercana a estos directivos que defienden un funcionamiento de TMB propio de una multinacional privada, y no el nuestro, antes que con los trabajadores?

En los últimos días quedó claro que hubo muchas reuniones del ayuntamiento con Convergencia, que cuajaron finalmente en un pacto conjunto para pedir inversiones conjuntas para el tranvía y una línea de metro al estado central. Nos preguntamos: ¿No debieran haberse hechos muchos más esfuerzos por parte del ayuntamiento para realizar un pacto con las fuerzas que auparon a BeC al poder para luchar por la red de transporte que el área metropolitana necesita? ¿No debía de haberse implicado en esto en primer lugar a los trabajadores de todas las empresas públicas?

Creemos que nuestra concejala, en primer lugar, y después el propio equipo de gobierno, quedó atrapada en la red tupida de la gestión empresarial y, en los hechos, privilegió la relación con el organigrama heredado de la empresa (que no es el nuestro), antes que con los trabajadores, lo que dificulta construir alianzas con este sector agrupado colectivamente de los trabajadores, que creemos vital en nuestra lucha para lograr unos transportes públicos de calidad que lleven nuestro sello.

Hemos escuchado con relativa asiduidad opiniones entre algunos compañeros de BeC minusvalorando el papel de los trabajadores como fuerza organizada y su importancia política, entrando en contradicción esto mismo con el hecho palmario de que es en los barrios obreros donde recibimos nuestros apoyos decisivos. No lo olvidemos, los trabajadores de todas las empresas públicas (y de las privadas) son batallones que funcionan en mayor o menor medida de manera colectiva, y que se movilizan de la misma forma, arrastrando a sus familias y a sectores que gravitan en torno a ellos. Siguen siendo la principal fuerza de choque de nuestra causa. Otra cuestión es la política sindical de desmovilización los sindicatos mayoritarios, pero ese es otro tema.

Durante los días de huelga, la Generalitat ha sido protagonista de un inaceptable ataque al derecho de huelga. El día 22 fijó los servicios mínimos, garantizando en las horas punta el 45% para después subirlos al 65% el día 24, con el objetivo de quitarle efectividad a la lucha de los trabajadores. Pensamos que nuestro gobierno hubiera tenido que defender valientemente el derecho de huelga sin limitarse a declaraciones generales de "legitimidad del derecho de huelga", sino criticando públicamente la acción reaccionaria del gobierno de JxS.

El convenio y la política de los sindicatos

Cuando expira el convenio, después de que ya se han producido diversas movilizaciones de los trabajadores, es palmario que ya hay una ruptura de confianza por ambos lados.

Hasta ahora hemos criticado, desde dentro y amistosamente, a los compañeros de nuestro equipo de gobierno, que creemos enmendarán los posibles fallos cometidos.

A nuestro entender, hubo un error mutuo a la hora de valorar qué representaba "la otra parte".

Por otra parte, los representantes de los trabajadores creemos que podrían haber hecho muchos más esfuerzos por llegar a la base de BeC donde hay, no cientos, sino miles de activistas y simpatizantes, la inmensa mayoría de los cuáles no entendían el porqué del enfrentamiento. Si ha habido errores en la dirección de BeC, los compañeros podían haber apelado públicamente a nuestra base y buscado su apoyo, haber demostrado más paciencia para ganar con sus argumentos, incontestables: los trabajadores han transportado en los últimos años a más ciudadanos con menos plantilla fija y una creciente contratación de personal eventual. Los datos de la empresa están ahí, son públicos. Los salarios estuvieron congelados durante 4 años...

Incluso, más allá de BeC, una huelga en un servicio básico, como el transporte o la basura, afecta al conjunto de los trabajadores. Hace falta una explicación muy meticulosa y amplia para que el conjunto de la clase trabajadora apoye a sus compañeros en lucha, para que entiendan la justeza de sus peticiones. En los próximos días se anuncian más movilizaciones  en los autobuses en Barcelona. A pesar de ser jurídicamente empresas diferentes, con convenios propios, creemos que ambos colectivos deberían de haber marchado unidos para ofrecer su diálogo y propuestas al ayuntamiento e, igualmente, al conjunto de los ciudadanos públicamente. Empeñando el máximo de esfuerzos en este sentido, creemos que es cómo el resto de los trabajadores entenderán que un sector particular no pone sus intereses por encima del resto.

La compañera Ada Colau, después de convocadas las huelgas, dijo públicamente que había que "revisar y racionalizar la estructura directiva” de TMB. Muy bien. Ese es el camino. Fue un error grave el entrar en la estrategia de la demagogia de publicar los salarios brutos de los trabajadores con cifras al alza. Los salarios con los que viven muchos trabajadores de TMB no pasan de los 1500 euros mensuales.

Seguro que podemos sentarnos con los representantes de los trabajadores para llegar a un acuerdo que no suponga meramente "repartir la miseria". Repartir la miseria no es nuestra política. Nuestra política es luchar por lo necesario para lograr servicios públicos de calidad. Más de 600 trabajadores eventuales contratados sistemáticamente y que se necesitan para el servicio ordinario de la empresa no es un servicio de calidad, eso es bastante tangible. Nosotros no defendemos el mantenimiento ni gestión de esta política, nosotros debemos luchar con todas nuestras fuerzas contra ella, apelando, llegado el caso, y creemos que ahora lo es, a la movilización del conjunto de la ciudadanía.

Nosotros insistimos: podíamos y debíamos haber llegado a un acuerdo, lo podemos hacer aún. La base de ambos colectivos ¡somos los mismos! Y si el problema son los recursos económicos, vamos a luchar juntos por conseguirlos, en la calle.

Lo dijo muy bien Lucía Martín en una entrevista para El Diario: sólo si la calle es fuerte también los seremos nosotros, los representamos en las instituciones.  Los concejales que nos faltan los tendremos en la calle, en el movimiento real.

¿Debemos gobernar cueste lo que cueste?

El llegar al poder en minoría, en un momento donde el PSC tuvo que apoyarnos sí o sí para no despeñarse en las elecciones autonómicas y generales, nos permitió llevar adelante medidas como las explicadas al principio del artículo.

La contradicción flagrante que ha supuesto la gestión de la huelga del metro supone un aldabonazo, que debe resonar bien fuerte para que no cometamos el mismo error. A partir de ahora, con la próxima conformación de un gobierno en el conjunto del Estado (sea ahora o tras unas próximas elecciones), el PSC va a sentirse más libre para llevar adelante la verdadera política a la que obedecen sus dirigentes proburgueses. Ya se ofrecieron a Junts pel Sí –la coalición de gobierno catalán entre CDC y ERC– para gobernar Catalunya.

Debemos discutir internamente la posibilidad, cada vez más real, de que se nos chantajee abiertamente en próximas tesituras. Con los números en la mano, nos pueden echar cuando lo consideren oportuno. No quieren a Ada Colau al frente de Barcelona, la Ada de los escraches y de las movilizaciones populares. Pero tampoco a Carmena (que se muestra más débil frente a las presiones de la derecha) ni al compañero Kichi en Cádiz. Debemos proponer una estrategia conjunta de movilizaciones, con reivindicaciones concretas que supongan un avance importante para la ciudadanía de todas las ciudades "rebeldes". La mejor defensa para precavernos de futuros ataques que están por venir contra nosotros es desplegar nuestro propio ataque.

Conclusión ¿Gestionar la miseria o desafiar al sistema?

La cuestión fundamental es precisamente preguntarnos para qué hemos llegado al gobierno de la ciudad. La compañera Ada Colau siempre dijo que el objetivo era llegar a las instituciones para transformarlas, para ir más allá de los que nos habían precedido, para no cometer los errores de la socialdemocracia clásica que había traicionado a la clase trabajadora, dejándose seducir por las presiones de la clase dominante.

La realidad de la clase trabajadora y de los sectores más humildes de la sociedad (condiciones laborales, sanidad, educación, pensiones...) no se cambian desde los ayuntamientos, eso es cierto. Pero una política de lucha desde los ayuntamientos sí puede y debe facilitar el llegar al poder a nivel regional y estatal. Siempre dijimos que BeC era la primera etapa de un cambio más global.

En la Transición los alcaldes de la izquierda eran los primeros en todas las manifestaciones: si los derechos conquistados desde la Transición nos los están eliminando, desde las direcciones de nuestras organizaciones debemos sacar la conclusión de que hay que volver a luchar cómo se luchó entonces. La agenda política de BeC debe situar como su principal herramienta la lucha por la transformación social, partiendo de la explicación amplia de nuestras propuestas, de la organización y, finalmente, de la movilización de la ciudadanía.

Los compañeros de Lluita de Classes que participamos en BeC pensamos que nuestro gobierno municipal hubiera tenido que utilizar las reivindicaciones de los trabajadores para denunciar  los límites presupuestarios del ayuntamiento impuestos por el Estado, apoyar la huelga de TMB y movilizar a las masas en solidaridad con ellos para pedir más recursos al Estado y a la Generalitat. Era una estupenda ocasión para denunciar los límites del sistema, la tramposa legalidad que supone que los grandes empresarios coticen el 7% de sus beneficios por el impuesto de sociedades y no el 30% que marca la ley (igualmente injusta).

En ningún caso podemos asumir y defender el discurso falso y mezquino de los poderes fácticos que quieren pintar a los trabajadores del metro como unos “privilegiados”, que con su huelga perjudican el servicio.

Nosotros debemos explicar, cada vez que haya ocasión, que si este sistema no puede garantizar que todos los trabajadores tengamos un trabajo digno porque sus límites lo impiden, mientras que la ínfima minoría que realmente gobierna sigue aumentando sus beneficios escandalosamente, hay que luchar por un sistema donde los recursos sean gestionado por y para la mayoría ¡Únete a nosotros en esta lucha!