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La jornada de ayer, 15 de diciembre, fue una prueba de fuerza entre el creciente movimiento contra el golpe a Castillo de las masas peruanas que habían convocado a paro nacional y el gobierno usurpador de Dina Boluarte que había declarado el estado de emergencia.

La ampliación del estado de emergencia de tres regiones a todo el territorio nacional por parte del gobierno tenía como objetivo usar el ejército para retomar el control de la situación y aplastar al movimiento. Esta medida no muestra la fortaleza del gobierno sino su debilidad, su necesidad de recurrir a medidas desesperadas ante una situación generalizada de manifestaciones masivas, cortes de ruta y toma de instalaciones estratégicas por parte de obreros, campesinos y estudiantes.

El balance global es que a pesar de la brutal represión, las calumnias de los medios (que califican a los protestantes de “vándalos”, “violentos” y “terroristas”) y las amenazas del ejército y la policía, el paro nacional fue un éxito y las movilizaciones masivas.

Las rutas que el ejército despejó, el movimiento las volvió a cerrar. Decenas de miles salieron a las calles, en Cajamarca, Tacna, Cusco, Ayacucho y en pueblos y ciudades por toda la geografía nacional. “Aquí, allá, el miedo se acabó” era la consigna que resonaba en todas partes.

En Lima, a pesar de la enorme y desproporcionada presencia policial, la marcha fue grande, muy grande, agrupando a trabajadores, sindicalistas, jóvenes estudiantes de las diferentes universidades, además de todos los que han venido de diferentes partes del país a sumarse al paro nacional en la capital, indígenas, comuneros, ronderos, el Perú profundo y oprimido. Luego vendría la represión policial, los gases lacrimógenos, las detenciones arbitrarias, el maltrato a los detenidos y la violencia gratuita contra los manifestantes.

Quizás los acontecimientos más significativos del paro nacional ocurrieron en Ayacucho y en su capital homónima (también conocida como Huamanga). El ejército había tomado la Plaza de Armas y bloqueado todos los accesos al centro histórico, para impedir las manifestaciones del paro nacional. Estamos hablando de soldados armados con armas de guerra, fusiles de asalto, ante la población desarmada.

Eso no impidió que miles de obreros, sindicalistas, campesinos, estudiantes, el pueblo trabajador en general, salieran a la calle a desafiar el estado de emergencia. Con el empuje de sus cuerpos desarmados lograron romper los bloqueos militares e ingresar a la plaza central al grito de “este es Ayacucho, valiente y combativo”.

Las masas movilizadas respondieron al terruqueo (la calumniosa acusación de terrorismo) de los medios burgueses gritando “no somos terroristas, somos luchadores”.

Los manifestantes se dirigieron entonces al aeropuerto regional Alfredo Mendívil Duarte para tratar de tomar las instalaciones. Un grupo de doscientos manifestantes lograron penetrar en el perímetro, pero allí fueron recibidos por efectivos del ejército que dispararon a matar, además de helicópteros militares que lanzaban gases lacrimógenos. Según el recuento oficial de DIRESA (Dirección Regional de Salud) Ayacucho, las “fuerzas del orden” mataron a 7 personas.

Posteriormente, grupos de manifestantes quemaron la sede principal de la Fiscalía en Ayacucho, localizada en Ñahuinpuquio, el segundo edificio del Ministerio Público atacado en la jornada de paro.

El gobierno regional de Ayacucho emitió un comunicado responsabilizando de la represión “a la señora Dina Boluarte” (a la que no denominan presidenta) y a los ministros del interior y defensa de los que exigen la dimisión.

Ayacucho gobierno Image GoreAyacucho

Además de los muertos en Ayacucho, se cuentan otros dos muertos por la represión el día de ayer en La Libertad, al noroeste del país. El total de personas asesinadas por el gobierno usurpador desde el 7 de diciembre suma ya 18, incluyendo a dos menores de edad.

Mientras tanto, y después de un retraso respecto a la hora prevista inicialmente, el poder judicial decretó prisión preventiva por 18 meses para el presidente Castillo, por presuntos delitos de “rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública”. Las acusaciones no tienen ninguna base legal. El presidente actuó dentro de sus poderes constitucionales al decretar el cierre del Congreso y convocar nuevas elecciones.

Pero más allá de los detalles legales y constitucionales, que tienen su importancia, lo cierto es que lo que sucedió el 7 de diciembre fue un golpe de estado de la oligarquía capitalista peruana, asesorada por sus amos en Washington, contra el presidente Castillo. A pesar de todas las concesiones y compromisos que Castillo hizo a la clase dominante, los dueños del Perú no podían aceptar el hecho de que un sindicalista magisterial rondero fuera el presidente. Sabotearon su presidencia desde el primer día y ahora pensaron que había llegado el momento propició de deshacerse de él.

No contaban con la reacción de obreros y campesinos. No se trata solamente de la presidencia de Castillo. Para las masas el factor central que se levanta es quien manda en el país. Quien le dio el derecho a la oligarquía capitalista a quitar el presidente que ellos habían elegido democráticamente.

La decisión de 18 meses de detención preventiva por parte de la mafia judicial burguesa, parte componente del entramado golpista, viene acompañada por la declaración del toque de queda por cinco días en 15 provincias de 8 departamentos del país. La lista es un mapa de los puntos álgidos de la insurgencia popular contra el golpe: Arequipa (Arequipa), La Libertad (Virú), Ica (Ica, Pisco), Apurímac (Andahuaylas y Chincheros), Cusco (Cusco, La Convención, Chumbivilcas, Espinar), Puno (Carabaya, San Román), Huancavelica (Tayacaja, Angaraes) y Ayacucho (Cangallo).

Claramente el gobierno usurpador de Dina Boluarte calcula que la represión podrá aplastar al movimiento. Es una apuesta arriesgada y peligrosa, que además va a ser necesariamente sangrienta.

Mientras en las calles las masas se movilizaban y el ejército y la policía reprimían, en el Congreso se discutían varios proyectos de adelanto de elecciones para fines de 2023, pero sin llegar a ninguna decisión. Está claro que para la burguesía, la convocatoria de elecciones solo sirve si se ha logrado controlar el movimiento primero. Así lo expresó el reaccionario congresista de Renovación Popular Jorge Montoya: "Con esa gente presionando no se puede tomar una decisión. Las decisiones se toman cuando el país está en paz. Nunca se puede uno tomar decisiones cuando una banda de delincuentes está presionando para hacer algo. Jamás se negocia con los delincuentes, y estos son delincuentes Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la obligación de convertir esta explosión en un sitio calmo y tranquilo con seguridad para todos los peruanos".

Ante esta situación el movimiento contra el golpe debe de dar un nuevo paso adelante. Varias provincias ya están en paro de 72 horas, otras en paro indefinido. Es necesario unificar las luchas en un nuevo paro nacional superior al del ayer, posiblemente de 48 o 72h. Hay que reorganizar y fortalecer los cortes de ruta. La formación de Asambleas Populares y Comandos Unitarios de lucha se debe extender por todo el país y coordinarse en una Asamblea Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos, con delegados electos y revocables de todos los sectores en lucha.

A la cuestión planteada de “quien gobierna el país” hay que responder de manera clara y contundente “que se vayan todos y que gobierne el pueblo trabajador”.

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