La polémica existente estos días en Catalunya, más allá de los presupuestos, es el conflicto lingüístico alrededor de una familia que ha pedido que en la escuela pública de primaria (en Canet de Mar, provincia de Barcelona) donde asisten sus hijos se impartan el 25% de las clases en castellano.
Imagen: Vilaweb
En cuanto se han hecho públicas las demandas de la familia, que se han apoyado en la ingente capacidad mediática de la derecha española con VOX y PP a la cabeza, se ha empezado una campaña repugnante creando la imagen que en Catalunya existe una persecución contra aquellos que hablan castellano. Una diputada del PP incluso ha llegado a decir delante de las cámaras que es como los ‘judíos en la Alemania nazi cuando les ponían la estrella de David’. En realidad, sólo nos ha faltado Espinosa de los Monteros haciendo alusiones a los nazis, que su familia conocen tan bien ya que su abuelo le dio la mano a Hitler en el famoso encuentro de Franco en Hendaya, pero debe estar ocupado con la condena por su chalé.
Por supuesto, la derecha española aprovecha alguna actitud en redes sociales de elementos reaccionarios del independentismo de derechas, minoritario social y electoralmente, para que dirigentes de PP, VOX y Ciudadanos se personen como los ‘oprimidos’ en esta situación.
Hay que ser claros que hoy por hoy excepto raras excepciones, no existe un problema lingüístico en Catalunya y pretender lo contrario es tener un interés a dividir la población en líneas lingüístico-nacionales. Como dijo un diputado de Ciudadanos: ‘Os vamos a montar un Ulster que te cagas’, y ese es su modelo.
Tanto VOX (hoy) como Ciudadanos y el PP han utilizado la cuestión lingüística como arma para movilizar a su base e intentar dividir en líneas lingüístico-culturales. En Valencia lo hicieron con la creación de un idioma sacado de la chistera, en Baleares con el famoso intento de introducir el trilinguismo, y desde hace unos años en Catalunya. Hay que recordar que Ciudadanos empezó como un partido puramente catalán cuyo eje era la defensa del bilingüismo.
¿Por qué ahora?
Está claro que la derrota política del procès y la desmovilización existente en Catalunya desde la salida de la cárcel de los presos políticos ha dado alas a sectores que vieron las movilizaciones alrededor del 1 de Octubre de 2017 con pánico. Por lo tanto, es muy probable que lo de Canet sea el primero de varios casos del estilo alentados por La Razón, Libertad Digital, Intereconomía y un sinfín de medios vinculados y financiados por los elementos más reaccionarios de la muy reaccionaria oligarquía y burguesía españolas. De hecho, estos medios, y los partidos que se apoyan en ellos, necesitan construir esa imagen de la Catalunya enfrentada de cara a la movilización de su voto y a la próxima contienda electoral.
La familia de Canet ha hecho pública una carta el 11 de diciembre diciendo no apoyar ninguna manifestación sobre el tema, intentando quitar leña al asunto con un mensaje en castellano y catalán, pero acusando de la actual polémica única y exclusivamente a aquellos que ven en la actual situación un ataque al catalán.
Recordemos de qué estamos hablando, la inmersión lingüística no es más que la exposición intensiva a una lengua (en este caso al catalán), para aprenderla más rápidamente y lograr así el bilingüismo de los niños y niñas en edad temprana.
En Catalunya, el 97% de la población habla el castellano (6.793.900 personas) y el catalán lo tiene como lengua materna según los últimos datos, 2.337.281 personas adultas, o sea el 31% de la población.
Lo cierto es la actual ley de política lingüista es de 1998 y refleja unos equilibrios políticos que ya no existen. Un pacto entre CiU y PSC con apoyo de la izquierda, el movimiento obrero y las asociaciones de padres y profesores, y con la única oposición del PP y ERC. Dicha ley era una reforma de la ley de 1983 de normalización lingüista y que en su treinta aniversario se celebraba ya que la evolución de la comprensión del catalán entre la población catalana adulta había pasado del 53,1% en 1983 al 83,2% en 2012.
El modelo lingüístico, basado en el catalán como lengua vehicular en todas las asignaturas, salvo en las de inglés y lengua castellana, fue un completo éxito pedagógico y de integración y sin causar ningún problema social. Fue sólo con la Ley Wert de 2013 del Partido Popular cuando se obligó a introducir el castellano como lengua vehicular, junto con el catalán, y se otorgó el derecho de los padres a solicitarlo, creando de esta manera un problema donde no lo había y sólo por motivos ideológicos y nacionalistas españolistas reaccionarios. Este cambio, que afectaba a la ley de educación catalana, fue refrendado por los Tribunales Constitucional y del Supremo, sin fijar un porcentaje concreto. Finalmente, fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, también dominado por sectores españolistas, quien dictó el 25% como porcentaje lectivo obligatorio a impartirse en castellano. El asunto de Canet es consecuencia de todo esto.
La derecha españolista ha iniciado un ataque sobre la escuela catalana. No les importa utilizar a niños para montar una campaña para obtener réditos más allá de Cataluña. Como marxista debemos levantar la voz y contestar con datos.
El sistema de inmersión es una decisión pedagógica para garantizar que todos los alumnos, y no una parte de la población, sea perfectamente competente en catalán. Fue una reivindicación histórica del movimiento obrero y de los movimientos que querían renovar la escuela a principios de los 80. No es casualidad que empezara en Santa Coloma de Gramenet, con entornos mayoría castellanoparlante y fuerte arraigo de la izquierda.
El objetivo era claro: frente a la presencia absoluta del castellano, la única oportunidad para la igualdad efectiva era la escuela. Ésta debía garantizar la igualdad, y que los hijos de los trabajadores y las capas más humildes tuvieran los mismos derechos que las clases acomodadas, y que así pudieran optar a los mismos puestos de trabajo, que el desconocimiento del catalán no fuera una barrera social. Una experiencia basada en el modelo canadiense.
La inmersión lingüística es una herramienta pedagógica al servicio de niños de lengua castellana. Y es una herramienta que ha funcionado. ¿Qué hace una familia acomodada que quiere que sus hijos aprendan inglés? Enviarlos a estancias de inmersión lingüística en el extranjero.
¿Hace este sistema que no se conozca el castellano? Pues los datos son bastante claros en todos los estudios: Según las pruebas de competencias básicas en 6º de primaria y en 4º de secundaria, el conocimiento de las dos lenguas es similar. Los estudios de la Fundación Bofill dan como resultado que el dominio del castellano es el mismo que en el resto del Estado; la media de notas en las pruebas de selectividad es similar y, finalmente, en el último estudio diagnóstico del propio Ministerio de Educación, realizado por última vez en 2010, dice que la comprensión lectora es la misma que la media del Estado.
La defensa de la escuela pública catalana es una cuestión de clase
En estudios malintencionados se extrae que los alumnos con lengua de origen castellano tienen mayor fracaso escolar. Es un dato cierto, pero con una lectura malintencionada. Es evidente que hay más fracaso escolar en el Raval que en Gràcia, en Santa Adrià que en Sant Cugat. Pero la razón no es la lengua materna: es el nivel socioeconómico. Y en la influencia de esta variable, la socioeconómica, están de acuerdo todos los expertos que sí afecta.
Los alumnos pasan 25 o 30 horas en la escuela, y el resto, juegos, internet, televisión, es un alud de castellano. En la calle y en el patio el castellano es predominante, a pesar de la comprensión de la lengua catalana.
Este alud tiene un efecto: sólo un 20% de los alumnos utilizan sólo el catalán en la escuela y los profesores de 4º de ESO sólo el 50% utiliza siempre el catalán. Es decir, no se cumple con la inmersión.
Estos días los profesores comentan, en tono de broma, que ya nos gustaría que el 25% fuera en castellano: ¡supondría una gran mejora respecto a la realidad!
¿Existe un problema lingüístico en Catalunya?
La declaración de inconstitucionalidad de varios elementos del Estatut del 2006 y la aplicación del artículo 155 de la constitución española en 2017 han modificado el paisaje político, y Catalunya se ha convertido en el caballo de batalla de la derecha española como lo fue Euskadi en los 80s y 90s. Algunos siempre necesitan un sparring para su combate y poder mover la bandera.
Más allá de que una familia pueda pedir o no que se impartan el 25% de las clases en castellano, la cuestión de fondo es doble. Por un lado, los medios disponibles para dicha aplicación de la ley son cada vez más reducidos. La hipocresía de la derecha es manifiesta cuando hablan de educación. La plataforma del bilingüismo, que no es más que un frente de la reaccionaria Sociedad Civil Catalana, habla de impartir más cursos en castellano, cuando la presión lectiva es cada vez mayor y nunca hablan de los recursos necesarios, no sólo de impartir en castellano, sino también de filosofía, griego o latín… Y como ya hemos dicho, conforme se pasa de Primaria a Secundaria el castellano gana terreno en las horas lectivas y en su presencia en la sociedad.
Por otro lado, es falso decir a bombo y platillo que en Catalunya existe un problema lingüístico o educativo. De hecho, la ley de normalización lingüística y el apoyo que el movimiento obrero organizado ha dado al idioma catalán ha hecho romper barreras y conseguir que la práctica totalidad de la población menor de 60 años sea bilingüe. Ya en 1981 gente como Jiménez Los Santos azuzaba contra la ley y la ‘insolidaridad con el castellano’.
Pero un idioma como el castellano, con 460 millones de hablantes nativos y 560 millones de personas que lo hablan (y con unos 20 países donde es oficial), realmente necesita menos defensa que otro, como el catalán, que hablan alrededor de 8 millones y que ha sufrido largos periodos de represión a lo largo del siglo XX. Aún hoy, 40 años después de la inmersión, la mayoría de la población usa como lengua principal el castellano que goza de plena salud en Catalunya.
De hecho, lo hemos visto estas semanas con el intento de presión a las plataformas digitales para que ofrezcan un 6% de su contenido en catalán. Y ante dicho intento, lo que hemos visto es el escarnio desde los medios de comunicación de la Capital que no entienden que una lengua como la catalana es un patrimonio cultural y debe ser defendido.
La incapacidad del gobierno a ‘plantarse’ de cara a los intereses comerciales para asegurar que la población catalana, donde una gran parte sí siente que su idioma necesita de protección, no hace que el gobierno central sea percibido como un aliado en la defensa de su cultura. Y menos cuando el 23 de noviembre de 2021 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la Generalitat a que al menos el 25% de las clases fueran en castellano, poniendo en cuestión así el modelo de inmersión lingüística, cuando como hemos dicho en la medida que el currículum avanza esa realidad incluso va más allá a favor del castellano. Los jueces están dictando lo contrario de lo que pedagogos, profesores y la clase obrera organizada quieren.
Colorear una realidad donde el castellano está marginado en la escuela y los profesores dedican a acosar a los castellanohablantes es una manipulación. Lo que necesitan los maestros y profesores son más recursos, bajar los ratios y tener los medios adecuados. Justo lo contrario de lo que han hecho los gobiernos del PP, que ahora, junto a Ciudadanos, dicen salir en defensa de los niños.
El problema lingüístico catalán (y vasco, gallego…) pone sus raíces en el ‘compromiso’ de la Transición que daba una pretensión de recuperación de los derechos a las poblaciones locales a hablar su lengua, después de 40 años de prohibición, pero que no cambiaba la organización del Estado para los privilegios que goza el castellano en este Estado, ni de otras cosas como la judicatura, las fuerzas de represión, etc. Y seguimos así 40 años después.
Es precisamente por esto que cualquier persona de izquierdas debe defender al catalán, porque no es sólo una cuestión de idioma, sino que es sobre todo una cuestión política y social, como han hecho las principales organizaciones sociales, y la práctica totalidad de sindicatos (incluidos CCOO y UGT) que apoyan las manifestaciones en defensa la lengua y por ello la Corriente Marxista Internacional defiende el modelo de inmersión lingüística y se movilizará junto al conjunto de las organizaciones de clase de la comunidad educativa para que la política lingüística no la dicten los jueces.
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