1400 trabajadoras externalizadas en la educación pública andaluza luchan por su estabilidad laboral

Pregunta: ¿Quiénes sois y cuáles son los problemas de los dos colectivos?

Respuesta: Somos ILSES (intérpretes de lengua de signos), que realizamos una labor absolutamente fundamental para que los chicos sordos puedan recibir una educación de cierta calidad. Y, con nosotras (la inmensa mayoría somos mujeres) están las PTIS, personal técnico de integración social, que atienden en los centros de estudio a chicos con necesidades educativas especiales, la mayor parte de las veces derivadas del dramático entorno social que nos rodea. Nuestro problema es que llevamos siendo subrogadas por la Junta de Andalucía desde hace más de dos décadas a través de diferentes empresas privadas que se alternan en la adjudicación de los diferentes servicios. A nosotras no se nos reconoce la antigüedad que hemos acumulado. Llevábamos muchos años de movilizaciones pidiendo nuestro paso a personal laboral de la Junta. Ahora los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CSIF y STE-USTEA) han firmado un acuerdo con la Consejería de Educación donde se establece un mecanismo de integración como personal laboral “temporal” de nuestros colectivos en la Consejería. Pero en el baremo que se ha firmado la antigüedad prácticamente no cuenta. De tal manera que cualquier persona puede optar a la nueva “bolsa” que se crea, en mejores condiciones que nosotros ¿Por qué? Porque se valora igual cualquier experiencia fuera de los centros educativos que la nuestra, que es el resultado de años de trabajo en la enseñanza reglada. Nosotras, por la externalización y privatización de los servicios públicos llevada a cabo en la Junta, durante años nos hemos quedado en paro en verano. Otro personal que va a competir con nosotras, trabajando para asociaciones por ejemplo, no tuvieron ese problema, puntuando más que nosotras.

P: Hay trabajadoras que, como tú, que lleváis 15 años o más, y vais a partir con el nuevo sistema de baremación sin que la antigüedad cuente como criterio básico en la nueva bolsa. Eso no sería admitido nunca por ningún sindicato de clase en ningún trabajo.

R: No entendemos cómo nuestros sindicatos han llegado a este acuerdo. Ahora se establecen una serie de cursos (ofertados por los sindicatos) donde cualquiera, al realizarlos, puede optar a una plaza de la futura bolsa. Por ejemplo, siete años y medio (siete cursos y medio) trabajados por nosotras valen ahora igual que un curso de 750 horas. De hecho, estos cursos pueden ser de temas que no tengan que ver con el trabajo específico que nosotras desarrollamos en los centros de estudio.

Hay bastante opacidad sobre el acuerdo acordado. En un primer momento, según nos han contado, nuestra integración se va a hacer de manera paulatina, pero no figura por escrito ningún calendario exacto de ejecución que obligue a la Consejería a cubrir con todas nosotras sus compromisos hasta una fecha concreta. La RPT ¹ aún no se ha creado, ni se ha dotado de presupuesto económico a la futura bolsa. Por ahora, inicialmente se han creado 100 puestos de trabajo dotados de presupuesto para la bolsa, para las PTIS. Nos dicen (no hay papeles de por medio), que se llegarán a crear para los dos colectivos 2.000 plazas, pero no sabemos nada de cuándo sale la RPT, ni luego cuándo se dotan estas plazas de presupuestos. Es decir, no hay calendario oficial, con lo cual no existe compromiso real que obligue a la Junta. Las compañeras PTIS son las primeras en entrar porque ganaron sentencias donde los jueces obligaban a la administración a incorporarlas como trabajadoras de la misma. Incluso en una reunión en la que yo participé, el propio consejero de educación actual se mostró partidario de reconocer adecuadamente nuestra antigüedad en la futura bolsa. Nos parece un error tremendo, como poco, que con una sentencia donde se obliga a la administración a incorporar a las trabajadoras, se firme un acuerdo de integración tan opaco y donde el calendario de incorporación es tan poco claro. En la práctica, el acuerdo vulnera lo decidido por los jueces: porque estos dicen que las trabajadoras que reclamaron son las que deben ser incorporadas, y el acuerdo puede llevar a que “otros trabajadores” sean los incorporados. Quizás el problema radica en que la administración tema que dotando de estabilidad a las PTIS primero, y a las ILSES después, otros colectivos externalizados se animen a reclamar sus derechos. Lo increíble es que esto haya sido firmado por nuestros dirigentes, y además sin haber informado ni siquiera a las que somos delegadas sindicales.

P: La huelga de la semana pasada fue un éxito, con el 90% de seguimiento aproximadamente y una concentración en Sevilla (en la Consejería de Educación) de cerca de 1.000 asistentes ¿Qué plan de movilizaciones tenéis?

R: Vamos a seguir con más huelgas y concentraciones. Las huelgas se irán incrementando en el tiempo: si en enero hemos hecho un día de huelga, en febrero serán dos jornadas de huelga, los días 18 y 19; y en marzo tres, los días 24,25 y 26. Además, haremos concentraciones frente a las diferentes delegaciones de la Subdelegación de gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia, todos los miércoles, aparte de las que hagamos frente a la sede regional de la Consejería de Educación, como hicimos el pasado 15 de enero. En concreto, el 25 de marzo haremos una manifestación de todos los trabajadores andaluces en Sevilla, manifestación a la que llamaremos a la ciudadanía a sumarse.

Hay precedentes de personal que desarrolla nuestras mismas funciones que, habiendo realizado un servicio público a través de una empresa privada, ha sido subrogado por parte de la Administración Pública. También existe el ejemplo de cómo este servicio es público en algunas comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura. Nosotros vamos a seguir reclamando hasta conseguir lo que consideramos que es el derecho a un trabajo digno.