Análisis Político
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El 9 de enero se completó la renovación pendiente del Tribunal Constitucional, renovación que la derecha y el CGPJ habían bloqueado durante seis meses y que finalmente ha sido posible tras la crisis del 19 de diciembre y después de la intervención apenas disimulada del rey. Este acuerdo, sin embargo, no pone fin a una crisis institucional que no deja de ser un síntoma de una crisis mucho más profunda en el régimen del 78.

Bloqueo de la derecha

La crisis que estalló en diciembre se venía larvando desde que el PP fue desalojado del gobierno por la moción de censura de 2018. Desde entonces, la derecha ha bloqueado sistemáticamente la renovación del CGPJ, manteniendo la mayoría conservadora elegida en 2013, y deshaciendo los acuerdos firmados con el PSOE con diferentes excusas; la última de ellas, la derogación del delito de sedición, por la que el PP de Feijóo volvió a frustrar la renovación del CGPJ el pasado mes de octubre.

El hecho de que el principal partido de la derecha, alternativa de gobierno y representante político de la burguesía, haya bloqueado durante cuatro años la renovación del órgano de gobierno de los jueces por pura táctica parlamentaria y por puro cálculo electoral, da una idea de las divisiones existentes entre la burguesía y sus representantes políticos y de la inestabilidad que se ha instalado en el corazón del régimen.

Movimiento del gobierno

El gobierno movió ficha para renovar el tercio del Tribunal Constitucional, cuatro magistrados, cuya elección comparten el parlamento y el CGPJ, después de que el Partido Popular frustrara por enésima vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial para mantener el control del mismo ante las próximas elecciones. Ante la imposibilidad de acordar con la derecha la renovación de dicho tercio, se impuso la propuesta de Unidos Podemos de reformar las leyes orgánicas para que dicha renovación pudiera llevarse a efecto con una mayoría simple y no de tres quintos como hasta ahora.

Intento de golpe “blando”

Viendo amenazada su posición, el PP (con la ayuda de Vox) movilizó todas sus baterías jurídicas y mediáticas para frenar la reforma y conseguir que su caduca mayoría permaneciese enrocada en la presidencia del Tribunal Constitucional., llegando incluso a un movimiento tan arriesgado como pedir que se suspendiera cautelarmente la sesión del Congreso de los Diputados en la que esta reforma se iba a discutir. El Constitucional finalmente no dio ese primer golpe, posiblemente después de muchas llamadas desde despachos de Madrid y Bruselas, pero pospuso su decisión al pleno del TC del 19 de diciembre y en el que se perpetró el golpe judicial que ha abierto la mayor crisis institucional desde la Transición.

La decisión del Tribunal Constitucional del 19 de diciembre demuestra hasta qué punto el aparato judicial y los aparatos políticos de la derecha han escapado al control directo de la clase dominante. En una situación de crisis económica y de inestabilidad general, lo último que necesita la burguesía es una crisis institucional de consecuencias impredecibles. La derecha y los sectores más reaccionarios del aparato del Estado están dispuestos a provocar y encarar esta crisis, confiando en salir victoriosos por la política vacilante de las direcciones de la izquierda y la aparente situación de paz social.

Intervención del rey: el peligro bonapartista

Los sectores decisivos del capitalismo español eran plenamente conscientes de lo peligrosa que era la situación de diciembre. Finalmente, y frente a las esperanzas de la derecha, la propia corona ha hecho suya esta preocupación. Si bien, hasta ahora, el rey Felipe ha avalado en la práctica el enroque de la mayoría conservadora del CGPJ, con hechos como su mensaje a la reunión del CGPJ en Barcelona en septiembre de 2020, en esta ocasión ha comprendido (o le han hecho comprender) que la cosas habían llegado demasiado lejos y que tenía que hacer valer su posición como “árbitro supremo” para llevar al CGPJ a un acuerdo con la mayoría parlamentaria. En su tradicional mensaje navideño, Felipe de Borbón hizo el definitivo llamamiento en este sentido, si bien con su acostumbrado lenguaje oracular:

Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece.

Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones.

No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido. Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado, y seguirán cambiando, muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y sus fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido”. (Web oficial de la Casa Real, énfasis nuestro)

Después del toque a rebato del monarca, el CGPJ se avino finalmente a desbloquear la situación. El 27 de diciembre se anunciaron los dos magistrados que tomarían posesión en el TC a propuesta del Poder Judicial, el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, ambos a propuesta del sector conservador del CGPJ. Una muestra de que la mayoría del CGPJ ha aceptado este acuerdo a regañadientes es que han prescindido de la habitual cortesía por la cual cada sector político del Poder Judicial elegía a su candidato. En lugar de ello, han impuesto a Segoviano en detrimento del candidato del sector progresista, José Manuel Bandrés, para evitar una mayoría para el candidato progresista a la presidencia del TC Cándido Conde-Pumpido en favor de otra dispuesta a elegir a María Luisa Balaguer, también progresista pero más del agrado de la mayoría conservadora del CGPJ. Finalmente, y a pesar de estas maniobras, el ex Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido fue elegido por mayoría como presidente del Tribunal Constitucional.

Debemos tener claro que, cuando se habla de sectores progresista y conservador dentro del Poder Judicial, se trata simplemente de magistrados más cercanos a los aparatos del PSOE o del PP, y no necesariamente de jueces o juristas de izquierdas o preocupados por la justicia social y los derechos democráticos de la mayoría. Se trata de elementos del aparato del Estado totalmente comprometidos con la defensa de la propiedad privada y de la monarquía. La carrera judicial está entre las más endogámicas y elitistas de la función pública y sus miembros están especialmente ligados a la clase dominante. La clase trabajadora no puede tener confianza en ningún sector del Poder Judicial.

Izquierda timorata

En todo este proceso, la izquierda ha estado en todo momento a la defensiva, haciendo tras el golpe del 19 de diciembre un lastimero llamamiento a la serenidad y la concordia y aceptando el acuerdo de compromiso del 27 de diciembre. Las organizaciones que conforman la mayoría parlamentaria, empezando por las que conforman el gobierno, se negaron a responder con firmeza a este desafío golpista del aparato judicial y en su lugar confiaron el desbloqueo de la situación a las maniobras parlamentarias y los pactos de despacho. El éxito de esta táctica ha sido evidentemente escaso; si bien se ha logrado renovar el TC por los movimientos antedichos, sigue pendiente la renovación de CGPJ que seguirá en manos del sector más ultraconservador de los jueces tras la dimisión de Lesmes el año pasado. La renovación del TC es sólo una tregua, la crisis institucional del régimen sigue latente y será un factor de inestabilidad creciente en este año electoral y con perspectivas económicas inciertas.

Debemos valorar en su justa medida el salto que suponen los acontecimientos de estos meses en el proceso de crisis del régimen del 78 y del capitalismo español. De nuevo, como en la crisis de la Restauración hace un siglo, todos los poderes del Estado están atravesados por la corrupción y la decadencia; empezando por la monarquía, cuyo silencio cómplice y nula defensa del parlamento ante el golpe judicial fueron clamorosos y sólo más tarde haya llamado a un acuerdo para evitar males mayores. La crisis institucional es el reflejo y el primer síntoma de una crisis mucho mayor. El viento sopla en primer lugar en las copas de los árboles. Los marxistas sostenemos, con la experiencia de la historia y con la vista puesta en el futuro, que la juventud y el movimiento obrero del Estado español tienen que prepararse y organizarse para llevar a cabo la tarea revolucionaria de derribar y desmantelar el podrido aparato del Estado español y derrocar el capitalismo abriendo paso al socialismo.

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