La multinacional española Ferrovial, una de las protagonistas del boom inmobiliario y de la especulación de las últimas décadas, ha anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos con la nada disimulada intención de beneficiarse de su régimen fiscal. El anuncio se produce cuando la compañía tiene serios problemas legales en España y otros países y ha provocado una respuesta tan airada como impotente por parte del gobierno.
La reforma del Código Penal pensada para reducir las penas de los condenados por el procés se está encontrado con el sabotaje abierto del Tribunal Supremo. El alto tribunal se niega a aplicar la nueva figura de desórdenes públicos agravados y condena a los encausados por “desobediencia en concurso real con malversación”. De este modo, se mantiene íntegra la pena de 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
Mientras el gobierno y sus apoyos parlamentarios permanecen enfrascados en un interminable debate para reformar la Ley Mordaza, el aparato del Estado redobla la represión y la intimidación contra la militancia de izquierdas y la juventud organizada ante la perspectiva de un resurgimiento de la movilización social.
Editorial LdC nº 92.- En el último año hemos visto un alineamiento creciente del gobierno español con las políticas imperialistas occidentales, tanto en lo que se refiere a la guerra de Ucrania, como a la ampliación y potenciación de la OTAN, el incremento del armamentismo o en las relaciones con Marruecos sobre la cuestión del Sáhara. En este Editorial explicamos las causas de esto.
El pasado lunes 30 de enero, La Directa destapaba un nuevo caso de infiltración policial en los movimientos sociales. Éste sale a la luz después de que el pasado junio también La Directa destapara el caso de un policía nacional que se infiltró en el movimiento por la vivienda del Barrio Gótico de Barcelona, en el Casal Popular Lina Òdena y en el núcleo del SEPC en el Campus Mundet, donde llegó a tener un papel de coordinador.
Una marea humana inundó Madrid en protesta por el estado de colapso de la sanidad pública madrileña, debido a la política privatizadora y de recortes del gobierno derechista de Ayuso. Un millón de personas participaron, según los convocantes. La policía contó 250.000, unas 50.000 personas más que en la anterior movilización del 13 de noviembre. Protestas masivas tuvieron lugar también en Galicia y Castilla y León, igualmente gobernadas por la derecha.
El pasado 28 de enero tuvo lugar una gran manifestación convocada por Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en Bilbo y en Iruña bajo el lema de “Enpresari eta agintarien erasoaldiaren aurreran, gazte langileok borrokara!” (Frente a la ofensiva de los empresarios y gobernantes, ¡la juventud trabajadora a la lucha!). Se sumaron alrededor de 7000 personas a las movilizaciones con un objetivo muy claro: denunciar las condiciones de vida de la clase trabajadora, organizarse de manera independiente y luchar por el socialismo.
