Correos se moviliza por un convenio digno.

Desde hace algunos años el servicio postal público de los países miembros de la Unión Europea se enfrenta a los planes privatizadores de los gobiernos y la patronal. Estos planes se concretan en directivas y leyes postales liberalizadoras que van acompañadas de un deterioro del servicio público, recortes de plantilla y una continua precarización de las condiciones laborales de los carteros.

En el Estado español este proceso está bastante avanzado. En los años 90 se privatizó Caja Postal y la ley postal de1998 profundizó drásticamente en la introducción de normas propias de la competencia y el mercado en Correos y el servicio postal. En el año 2001 el gobierno de Aznar dio un paso de gigante al proceso de separación entre Correos y la administración pública al convertir al operador postal público en una Sociedad Anónima (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos) con capital cien por cien público. En noviembre de 2006, el gobierno del PSOE aprobó un decreto-ley escandaloso que permitía el uso de la red postal pública (todas las infraestructuras y medios de Correos) a empresas privadas del sector. Desde entonces, Correos ya no solo tiene la obligación de prestar un servicio público, también tiene la obligación de prestar sus servicios e infraestructuras a la empresa privada. En cambio, Correos no tiene derecho a acceder a los medios de cualquier otra empresa privada del sector postal.

El Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado en el año 2007 no se aplicó al colectivo de trabajadores de Correos, ni siquiera para el personal funcionario. Esta desvinculación con la Administración Publica se ha traducido en que el personal funcionario de Correos sea el peor pagado de todo el sector de funcionarios del Estado, el que menos derechos tiene y el que sufre el régimen disciplinario mas rígido. Hace ya una década que las nuevas plazas de ingreso no se ofertaban para un puesto de funcionario, sino para personal laboral, un colectivo que evidentemente tiene muchos menos derechos que los funcionarios. Por este motivo, Correos ha pasado de ser una empresa con una plantilla compuesta mayoritariamente por funcionarios a ser una empresa en la que numéricamente predominan los laborales fijos y trabajadores con contrato temporal. Según el Ministerio de Fomento, el número de funcionarios en Correos ha pasado de 34.158 en junio de 2006, a 21.397 en diciembre de 2009. Este es un buen dato que facilita el camino hacia la privatización.

La propia empresa incentiva conscientemente las diferencias entre la plantilla, introduciendo así  un elemento fácilmente desmovilizador. Estas mismas fuentes del Ministerio nos indican que el personal laboral de Correos asciende a un total de 34.919 trabajadores (a día de 31/12/2009). Parte de este colectivo lo forman fijos discontinuos y contratados temporales, cuyas condiciones son aún peores que las de los laborales fijos. Se les niega automáticamente el derecho al disfrute de vacaciones y a días de asuntos propios, no se les suministra uniforme, casco y material de trabajo. Además, quedan a merced de los jefes, quienes tienen total libertad para cambiarles de centro de trabajo cuantas veces quieran e incluso pueden hacer que no se les renueve el contrato y que Correos no los vuelva a contratar.

El personal que presta sus servicios en zonas rurales también se encuentra cada vez más explotado. Se exige con frecuencia que aporten ellos mismos local y vehículo para que Correos ahorre costes en lo referente a combustible y mantenimiento de infraestructuras.

Lamentablemente, UGT y CCOO, lejos de oponerse a estos planes, han sido copartícipes y se han limitado a gestionar el proceso de privatización bajo falsas explicaciones y promesas a los trabajadores. Los sindicatos deberían haber denunciando estos ataques y haber impulsado la lucha por equiparar a los trabajadores de Correos con las condiciones laborales del resto de empleados públicos. En vez de impulsar un plan de acción y lucha semejante, los dirigentes sindicales de CC.OO y UGT han gestionado e impulsado abiertamente el traslado de los funcionarios de Correos a Ministerios y a las administraciones públicas, facilitando así un proceso de claro deterioro de derechos laborales. El lema de CCOO, UGT y CSIF ha sido claro “compañero, márchate ahora que puedes, en un Ministerio vivirás mejor”.

Este radical cambio de gestión empresarial en Correos, vendido bajo conceptos como “Modernidad”, “flexibilidad” y “competitividad” también ha tenido sus consecuencias prácticas nefastas no solo para la plantilla, ya que además ha supuesto un deterioro en la prestación del servicio público postal. Pese al aumento de población de los últimos años se han impulsado el cierre de oficinas rurales y no rentables, y las aperturas de sucursales en grandes centros comerciales; se han suprimido casi todos los turnos de tarde de reparto postal, todos los años las tarifas suben los servicios postales muy por encima del IPC, y la progresiva disminución de la plantilla se traduce en que cada vez sea mas difícil y excepcional el reparto completo diario de las secciones.

Un convenio bloqueado:

Los trabajadores de Correos nos regimos por el caduco II Convenio Colectivo del personal laboral, un Estatuto para el personal funcionario y un Acuerdo General, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. Estos acuerdos firmados por CC.OO y CSIF profundizaron en la perdida de derechos: ausencia de cláusula de revisión salarial, bajas médicas penalizadas, conversión de salario fijo en salario variable, disminución de las ayudas de acción social, endurecimiento del régimen disciplinario, aumento de la flexibilidad laboral y la movilidad forzosa, etc. Ninguno de estos acuerdos supuso un avance para el colectivo de Correos, sino todo lo contrario.

La dirección de la empresa, no satisfecha con todos los ataques que ha conseguido imponer, se ha sentado en la mesa de negociación para la elaboración y firma de un tercer convenio colectivo, con una batería de ataques de tal magnitud, que no hay ningún sindicato que se atreva a firmar tal propuesta de convenio.

El 3 de noviembre de 2008 se constituyo la Mesa negociadora del III Convenio Colectivo de Correos. Desde entonces han tenido lugar seis reuniones con los sindicatos. La empresa tomó la iniciativa desde el principio y ha conseguido que los trabajadores discutamos únicamente sobre las reivindicaciones de la dirección. Las propuestas de la empresa son muy claras, excusándose en la crisis económica, exigen que se aumente el numero de trabajadores desregulados no sometidos a convenio, facilitar a la empresa la posibilidad de movilidad geográfica del personal, así como el cambio de turnos y horarios de trabajo a su antojo; vincular salario, vacaciones, días de asuntos propias y el acceso a las ayudas de acción social al absentismo (sea originado por enfermedad común o accidente laboral), reducir el derecho a acceder a permisos de paternidad, lactancia, excedencias, etc.

A un escaso año para las próximas elecciones sindicales, el borrador del convenio presenta ataques de tal magnitud, que ni si quiera una dirección sindical tan burocratizada y pactista como la de CCOO se atreve a dar el visto bueno. De momento no hay ningún sindicato que se haya prestado a claudicar ante semejante intento de imposición por parte de Correos.

Recorte presupuestario y directiva postal:

A la negociación del convenio se añade una serie de factores de importancia capital para el futuro de Correos. La directiva postal europea entrará en vigor cuando acabe el año 2010 y supondría la liberalización total del sector postal en todos sus ámbitos. Esta situación pondría en un contexto difícil a Correos, que tendría que competir en precios y tarifas con empresas privadas en las que predominaría la subcontratación, los bajos salarios y largas jornadas laborales.

Las direcciones de UGT y CCOO en su cotidiana nefasta práctica sindical asumen la directiva postal como un hecho irremediable y se limitan a exigir el retraso en su aplicación y negociar los plazos y las formas. Pero la lucha no debe limitarse a “reconducir el proceso” y “negociar los plazos y las formas”, los ataques no deben ser asumidos como imposiciones irremediables de las que solo se pueden suavizar los aspectos más duros. Esta práctica sindical ha demostrado ser nefasta para los intereses de los trabajadores.

Los sindicatos de toda la Unión Europea deberían coordinar una lucha que tuviera como uno de sus objetivos la derogación de la reaccionaria directiva postal y no ceder ante las presiones del Gobierno, la Banca y el gran Capital.

Por si fuera poco nos enfrentamos a otro problema añadido. El gobierno, en los últimos Presupuestos Generales del Estado, presentó un drástico recorte presupuestario a las partidas dedicadas al Ministerio de Fomento (propietario de Correos), en  especial a las dedicadas a la prestación de los costes del Servicio Postal Universal. Este hecho pone a los trabajadores de Correos bajo un incierto futuro. Pese a que el Ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que piensa mantener el empleo en Correos, las cifras le contradicen. Según datos del Ministerio de Fomento, el número de empleados en Correos ha pasado de 64.113 en junio de 2006 a 61.316 en diciembre de 2009. Además el Ministro también ha anunciado una próxima elaboración y aprobación de una nueva ley postal, de la que suponemos que no traerá nada bueno.

Movilizaciones: es necesario un sindicalismo de clase, anticapitalista y combativo

En este incierto contexto hemos ido viendo como CC.OO y CSIF han ido cambiando paulatinamente el discurso sindical en los últimos meses, pasando del “todo va bien gracias a nosotros”, a plantearse la necesidad de convocar protestas y buscar la unidad de acción con otros sindicatos. De esta forma, se formó el pasado 22 de febrero un acuerdo de unidad de acción y movilización entre los sindicatos CC.OO, Sindicato Libre y CSIF. Aunque las reivindicaciones son tibias e insuficientes, este acuerdo de mínimos, puede ser positivo en la lucha por conseguir un buen convenio y asegurar el futuro de los trabajadores de Correos. Estas reivindicaciones se basan en una moratoria de la Tercera Directiva Postal Europea, designación por ley de Correos como prestador del Servicio Postal Universal, mayor financiación para el Servicio Postal Universal, despenalizar las bajas medicas en el salario, Plan de prevención y salud laboral, cláusula de revisión salarial, días adicionales de asuntos propios por antigüedad, etc.

La afiliación de CGT decidió  sumarse al Acuerdo de Unidad de Acción Sindical el pasado 8 de marzo. Aunque correctamente ya han expuesto que no han renunciado a seguir luchando por una tabla reivindicativa más amplia: 35 horas semanales de lunes a viernes; conversión de salario variable en salario fijo; recuperación del poder adquisitivo perdido; referéndum entre la plantilla antes de firmar un acuerdo; equiparación con la administración publica; en caso de despido improcedente, que sea el trabajador el que elija readmisión o indemnización, etc.

Lamentablemente, UGT ha quedado fuera de esta plataforma sindical. Este sindicato se opuso correctamente al anterior convenio y ahora se niega a unir fuerzas para luchar contra una propuesta de convenio aún peor.

Es evidente que hay grandes diferencias entre los diferentes sindicatos. Una de ellas está relacionada con la forma de toma de decisiones, si cada sindicato es un voto (como defienden los sindicatos minoritarios) o cada sindicato vota en proporción a su representatividad electoral. Ambas fórmulas no tendrían en cuenta lo suficiente a los trabajadores. Por eso el mecanismo más democrático de decisión serían las asambleas de trabajadores que impulsasen todos los sindicatos. Estas asambleas serían un espacio democrático para la discusión y la toma de decisiones. Además, sería un revulsivo para que los trabajadores volviésemos a tomar la iniciativa en la lucha por un convenio digno y dejáramos de discutir sobre las propuestas de la empresa. Así se empezaría a dar un carácter ofensivo a la lucha, que tuviera como uno de sus objetivos recuperar el poder adquisitivo y los derechos perdidos en los últimos años.

El calendario de movilizaciones convocado por la plataforma sindical pretende realizar manifestaciones y concentraciones en todas las provincias del Estado en distintos días, acompañados por paros parciales. Hasta el momento ya han tenido lugar estas movilizaciones en todas las provincias de Galicia, Andalucía, Euskadi, etc., cuyo seguimiento y extensión han sido importantes. El 14 de abril tuvieron lugar las movilizaciones de Madrid y Barcelona, y hasta el 21 de mayo continuarán las protestas por todo el resto del Estado, siendo la última en Zaragoza. Culminado esta primera ronda de movilizaciones, se concretaría una huelga general de 24 horas para la primera quincena de junio.

Lamentablemente, estas movilizaciones se topan con un ambiente de cierto escepticismo y desconfianza fruto de experiencias y derrotas anteriores.

Aunque la unidad de acción de seis sindicatos (CC.OO-CISF-SL-CGT-ESK-STAS) que forman la unidad sindical ha sido un primer paso imprescindible para romper el escepticismo, sigue siendo muy necesario que se impulsen asambleas y que se vincule la lucha por mejoras laborales y contra los ataques de la empresa, a la lucha contra la liberalización y la privatización. Este es el sindicalismo que necesitamos, la defensa del servicio publico frente a la empresa privada. Debemos exigir, ahora más que nunca, que los sindicatos unan fuerzas frente a las propuestas de la empresa basadas en más pérdidas de derechos, bajos salarios y externalizaciones. Esta unión debe basarse en una movilización seria, amplia, unificada y bien organizada, que incentive la participación de los trabajadores en asambleas, como instrumentos democráticos de decisión.

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Nota de Corriente marxista: desde la realización de este artículo, otras diferentes movilizaciones se han sucedido en otras ciudades de la geografía estatal: Valencia, Ciudad Real ... En los próximos días se tenía que anunciar la fecha de la Huelga General de Correos, que en principio está previsto convocar  para la primera quincena de junio.