La epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el negocio privado de la gestión de las residencias para mayores, donde corporaciones, grandes fortunas y la Iglesia amasan beneficios a costa de la salud de nuestros mayores. A continuación, detallamos algunos datos que avalan esta afirmación.
Entrevistamos a Blanca, delegada del sindicato LAB en el sector de Ambulancias – Aunque la mayoría de la ciudadanía piense lo contrario, quienes realizamos un servicio tan importante como acudir a las emergencias médicas y ser los primeros en atender al paciente, somos trabajadores y trabajadoras de una empresa privada.
El 14 de marzo iniciamos un periodo de confinamiento del que conocíamos la fecha de inicio pero no la fecha de finalización. El viernes anterior, alumnado y profesorado dejamos los centros de forma sorpresiva sin poder planificar ni coordinar el seguimiento de las clases y con la incertidumbre creada por una situación nunca vivida hasta ahora por nuestra generación.
Hace apenas unos días denunciábamos públicamente que en Adecco (la mayor contrata de Procavi) se había despedido a dos compañeros afiliados al SAT, por denunciar la falta de medidas de seguridad en estos momentos donde las medidas para minimizar el riesgo de contagio por Coronavirus son fundamentales.
En los últimos días de marzo y los primeros de abril han sido aprobados por el Gobierno varios paquetes de medidas encaminadas a ampliar el llamado “Escudo Social”, las más relevantes se enmarcan dentro del ámbito de la vivienda y del empleo. Pero ¿son realmente estas medidas el escudo que necesita la clase trabajadora?
El gobierno anunció el 15 de abril que el tercer trimestre del curso escolar se dedicaría a actividades de refuerzo educativo. Igualmente, aconsejó a las autoridades educativas que la norma en las evaluaciones de final de curso sea el promocionar de curso, salvo en caso “muy excepcionales”. Esta apuesta por una mayor “comprensividad” es muy positiva. Ahora bien, creemos que hay algunas debilidades en la norma aprobada.
El gobierno ha decidido reabrir las actividades económicas “no esenciales” esta semana, despreciando la opinión científica contraria de los expertos epidemiólogos y el sentir natural de la mayoría de los trabajadores afectados. El gobierno ha cedido así ante la patronal, condenando a miles de familias trabajadoras al riesgo del contagio y al de perder más seres queridos.
