La epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el negocio privado de la gestión de las residencias para mayores, donde corporaciones, grandes fortunas y la Iglesia amasan beneficios a costa de la salud de nuestros mayores. A continuación, detallamos algunos datos que avalan esta afirmación.
En la década de 2010 a 2019 la población mayor de 65 años se ha incrementado en un millón de personas, mientras que solo se han creado 12.263 plazas residenciales más. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el ratio actual es de 4,21 por cada 100 personas mayores de 65 años. Aparte, en España hay cerca de 115.000 dependientes graves pendientes de recibir su prestación reconocida, muchos a la espera de plaza en un centro.
Es dramática la situación por la que están atravesando nuestros mayores quienes, para hacerse con una plaza de residencia, normalmente privada, tienen que vender su patrimonio; ya que con pensiones de cerca de 1.140 euros no pueden acceder a una plaza residencial, y en caso de viudedad 713 euros.
El número de plazas residenciales en centros de mayores en nuestro país pasó de 368.895 en 2010 a 381.158 al inicio del 2019. Por lo que para alcanzar el ratio de 5 plazas por cada 100, como recomienda la OMS, haría falta crear otras 70.000 plazas. La media europea se sitúa en cerca de 5 camas por 100 según un informe de finales de 2018 elaborado por la consultora internacional CREB. Destacan Suecia con 6,96, Francia con 5,51, Alemania con 5,31 y Reino Unido 5, y en el otro extremo se colocaría Italia con 1’85 (eldiario.es 24/01/2020).
El 60% del total de las habitaciones residenciales son de financiación pública, ya sea total, o con conciertos. Pero en 2018 según los datos de la consultora DBK, el nicho de las residencias movía unos 4.500 millones de euros al año, un 3,4% más que el ejercicio anterior
Graves dificultades para cubrir camas residenciales entre comunidades
Por comunidades autónomas se producen los siguientes resultados: en Castilla Leon y Castilla-La Mancha llegan al ratio de 5 plazas contando únicamente la oferta pública; en Extremadura, Asturias, y Aragón también se alcanza, pero en estas dos últimas, como en Madrid, hay más oferta privada que pública, en cambio están por debajo Andalucía, Comunidad valenciana, Catalunya, Euskadi, Murcia, Galicia, Canaria y Madrid.
En lo que se refiere a las cifras económicas, hay que diseccionar las diferencias entre lo que han de pagar de media los usuarios en privadas y concertadas: desde 7.000 euros anuales en la comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid y Catalunya, pasando por los 8.000 euros en Aragón y Murcia, los 10.000 euros en Navarra, hasta los 11.000 euros de Euskadi (eldiario.es 24/01/2020)
El negocio privado de las residencias de mayores
Los fondos de inversión internacionales, han irrumpido en un sector en el que por cada plaza pública hay tres privadas.
Algunas corporaciones o fondos de inversión son DomusVI, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol que alcanzan la cuarta parte del total del mercado, pero cada vez acaparan mayor cuota (eldiario.es 27/10/2019).
La demanda de camas residenciales para nuestros mayores cada vez crece más, pero no se espera nuevas creaciones de infraestructuras públicas ni se las espera. Según los datos del Ministerio de Sanidad, como se ha mencionado, no se alcanza el ratio de camas residenciales recomendado por la OMS. Hay que destacar que en ambos casos, la cifra incluye tanto centros públicos como privados, y estos últimos son el 75% del total; de los que dos tercios son privados “puros” y el resto concertados.
Dichas corporaciones toman la forma de una figura jurídica que goza de importantes beneficios fiscales, como la exención de impuesto de sociedades, por lo que previsiblementesu modelo consistirá en comprar terrenos para construir residencias o adquirir las existentes, que serían gestionadas por un tercero.
En el caso de DomusVi, el primero en la lista de España, donde llegó en 2015, y tercero en Europa, controla 140 residencias (unas 20.000 camas) gracias a operaciones de compras y fusiones con otros fondos de inversión. Según los datos del propio fondo, los beneficios antes de impuestos aumentaron un 160%.
Un negocio subvencionado con dinero público
Según explica Albino Prada, profesor de economía aplicada de la Universidad de Vigo, cuando el Estado regatea la cobertura social con una red digna y propia mientras existe una gran demanda potencial para una necesidad vital, la rentabilidad potencial se dispara (eldiario.es 24/01/2020)
Prada destaca que la oferta de plazas públicas tiene un precio que alcanza el 80% de la pensión, mientras que las plazas subvencionadas por el Estado “pueden duplicar la pensión”. Por lo que en muchas ocasiones los servicios sociales encuentran que nuestros mayores han fallecido en su domicilio o vivienda particular, cuando deberían estar al cuidado de las residencias públicas, por lo que en España estamos viviendo la dramática situación asistencialista, con dos redes de camas residenciales, una para los más pobres o desfavorecidos, y otra para gente con recursos.
El negocio de la Iglesia
Para terminar con este informe, según publico.es se destinan más de 300.000 euros para financiar “la asistencia religiosa católica” sólo en las 25 residencias públicas que hay en Madrid.
La comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso del PP, se gasta dinero público para aquellos mayores que requieran servicios pastorales o religiosos.
Los marxistas no estamos en contra de la libertad de culto de aquellas personas que quieran servicios religiosos, pero lo que es inadmisible es que con dinero público se paguen esas misas.
En definitiva, la epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el negocio privado de la gestión de las residencias para mayores, donde corporaciones, grandes fortunas y la Iglesia amasan beneficios a costa de la salud de nuestros mayores.
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