Joaquin Beltran y Alberto Sololuce fueron a trabajar el jueves 6 de febrero, como todos los días,  al vertedero de Verter Recycling de Zaldíbar. Sus familias esperaron su vuelta en vano, no regresaron a casa, un derrumbe de medio millón de metros cúbicos de tierra y residuos industriales, entre ellos amianto, un potente cancerígeno, los sepultó a las cuatro de la tarde. La lengua de tierra y residuos bloqueó los dos carriles de la autopista Bilbao-Behobia.

La derecha vuelve a atacar a la Educación Pública a través de una batalla ideológica que pretende limitar el derecho a la educación, que tantas luchas ha costado a la clase trabajadora, para llevarnos de nuevo a las cavernas.

La entrada de la CUP al congreso de los diputados y su voto en contra de la investidura de Pedro Sánchez ha generado una discusión acalorada en la izquierda estatal. Uno de los juicios más tajantes sobre la postura de la CUP ha venido de Antonio Maestre, autor y periodista y editor de La Marea. Esto no resulta sorprendente, ya que, por un lado, Maestre siempre se ha mostrado hostil hacia el independentismo catalán e insensible ante las aspiraciones nacionales de Cataluña, apoyando sus críticas en un supuesto “análisis marxista”, y, por otro lado, combina un nerviosismo por “la inminente amenaza del fascismo” con su debilidad por el nuevo gobierno y sus “ministros comunistas”.

A las doce en punto del mediodía del día 30 de enero las manifestaciones convocadas por la Carta Social iniciaban su marcha multitudinaria por las calles de las capitales vascas e Iruña-Pamplona. Simultáneamente, se celebraron manifestaciones en otras cuatro capitales comarcales como Eibar, donde la manifestación fue calificada de histórica, junto a Tafalla, Estella y Tudela. Según los sindicatos convocantes la asistencia fue de 50.000 en Bilbao, 35.000 en Donostia, 35.000 en Iruña-Pamplona y 25.000 en Vitoria-Gasteiz. Por la tarde se repitieron las manifestaciones con similar asistencia en las capitales y comarcas.

Uno de los aspectos centrales de la investidura de Pedro Sánchez fue el acuerdo al que llegaron PSOE y ERC para encauzar el conflicto catalán y avanzar en su resolución. La derecha ha organizado un tremendo alboroto sobre esto. Pero si se analiza en detalle, este acuerdo no compromete a nada en concreto. Simplemente califica de “político” el conflicto, lo cual es una obviedad y sirve como una concesión al independentismo, y establece la creación de una “mesa de diálogo” entre los gobiernos español y catalán, para acordar una serie de conclusiones y propuestas que serán sometidas a consulta entre la población catalana.

SOLO LA MOVILIZACIÓN SOCIAL HARÁ CUMPLIR EL PROGRAMA DE GOBIERNO - El movimiento pensionista en Euskadi y Navarra lleva dos años manifestándose lunes tras lunes en defensa del sistema público de pensiones.