El precio de la luz vuelve a máximos en el Estado español, a pesar de las medidas del gobierno y de la UE, como la llamada “excepción ibérica” y el tope del gas. Estas medidas han sido presentadas como una intervención en el mercado en beneficio de los usuarios, en particular de los más vulnerables. Pero, ¿funciona realmente?
En diciembre se aprobarán en el Parlamento los Presupuestos del Estado para 2022, una vez que el gobierno se ha garantizado la mayoría suficiente para ello. Según el gobierno, se trata de unas cuentas expansivas, con el mayor gasto público de la historia y una inversión récord gracias a la inyección de 27.000 millones de euros procedentes de los fondos de ayuda europeos. Así, el gasto alcanza la cifra récord de 196.142 millones de euros.
La nueva factura de la luz que ha entrado en vigor el 1 de junio, plantea que el precio de la luz se verá regulado por tramos horarios, con el objetivo de avanzar en la descarbonización. Una de las principales claves de esta nueva factura es que «no importa el cuánto, sino el cuándo» se consuma electricidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) afirma que dará lugar a un ahorro del 3,4% a 19 millones de consumidores, pero debemos preguntarnos, ¿será tal el beneficio?, ¿para quién?
Catorce organizaciones de la izquierda malagueña demandan la nacionalización del sistema eléctrico - A raíz de la aprobación de la nueva factura de la luz por el Consejo de Ministros y de la celebración de diferentes manifestaciones en algunas ciudades del Estado, compañeros de diferentes organizaciones de la izquierda malagueña contactamos para realizar una convocatoria de movilizaciones unitaria, contra el Tarifazo eléctrico, y demandando la Nacionalización del sistema eléctrico.
Al contrario del dogma de los economistas burgueses de que el Estado no debe jugar ningún papel en la vida económica, el Estado se ha involucrado muchísimo en ella debido a la pandemia. El supuesto infalible libre mercado ha fallado y el sistema capitalista se sustenta gracias al enorme gasto de dinero público.
El gobierno de coalición, dominado por el PSOE, y con Unidas Podemos de cómplice, tiene que acometer reformas que vienen impuestas directamente de la Unión Europea. La ministra Montoro lo deja claro al decir que “no puede ir a Europa a pedir 140.000 millones”, el dinero que le corresponde del fondo de recuperación comunitario, sin acometer reformas o queriendo bajar impuestos.
La banca española festeja la crisis económica y las penalidades por las que están pasando millones de trabajadores, anunciando cerca de 19.000 despidos este año y cerrando más de 2.000 sucursales. En 2020, en lo peor de la pandemia, los grandes banqueros se embolsaron decenas de millones de euros en sueldazos, mientras el Estado les avaló con hasta 140.000 millones de euros ante hipotéticos créditos fallidos de las empresas.
