La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y las diputaciones vascas.

El modelo de sociedad actual se revela a través de sus ídolos oficiales. Tomás Fuertes -empresario cárnico dueño de marcas como El Pozo, entre otras- es el último condecorado como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. Entre sus padrinos se encuentran miembros de la Facultad de Veterinaria y de Económicas, así como la más alta instancia de la UMU, su rector José Orihuela.

Recientemente, hemos asistido a una demostración del poder de los banqueros en nuestro país. En pocos días han conseguido que el Tribunal Supremo se rectifique a si mismo, declarando que el  impuesto de las hipotecas deben pagarlo los hipotecados. Una decisión que ahorra a la banca miles de millones de euros, porque no tendrán que devolver retroactivamente este impuesto en millones de hipotecas.

A principios de marzo, comenzó la segunda edición de los planes Integra - impulsa para los que he sido seleccionado. Estos planes consisten en programas ‘’diseñados’’ por el Ayuntamiento de Sevilla para la inserción laboral de parados de larga duración de todas las edades. No son planes genuinamente circunscritos a Sevilla, estos planes se están dando por todas las ciudades y pueblos de este país bajo distintas fundaciones y nombres. En Morón de la frontera se llamó lanzaderas de empleo, y lo llevaba una fundación vinculada a Telefónica; y en Barcelona los llevaba Abertís, otro gigante del IBEX 35.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha decidido, por quince votos contra trece, que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) recaiga, como hasta ahora, en el cliente hipotecado y no en el banco. Esta sentencia vuelve a poner al desnudo el carácter de clase de la justicia y del Estado en su conjunto.

Suben los beneficios empresariales. El coste de vida sube, pero no los salarios.

El Gobierno del PP condiciona la subida del Salario Mínimo a la marcha de la economía y sin embargo suben la luz, el gas y el transporte, y se compromete a elevar un 80% el gasto en Defensa.