Derrotemos las conspiraciones reaccionarias del aparato del Estado y de la derecha con la más amplia movilización popular

La situación está mostrando a ojos vista el funcionamiento y el carácter real del aparato del Estado español, un cuerpo que persigue sus propios intereses políticos y materiales, y que escapa a todo control de la población a la que supuestamente tiene que servir.

Uno de los ejemplos más escandalosos lo han sufrido Pablo Iglesias e Irene Montero en su domicilio del norte de Madrid, en una zona de clase media acomodada. Durante semanas, bandas de reaccionarios y energúmenos han estado acosando su domicilio todas las tardes durante horas, con la absoluta pasividad de las fuerzas de la Guardia Civil que están a cargo de la seguridad de ambos miembros del gobierno. Lo escandaloso no es sólo que esto se iniciara con Diego Pérez de los Cobos mientras estaba al mando de la comandancia de Madrid, sino que ha proseguido durante semanas tras su destitución, revelando cuán poco controla el ministerio del interior las fuerzas policiales que, supuestamente, están bajo su cargo. Sólo cuando vecinos progresistas del barrio y militantes de Unidas Podemos han comenzado a organizar contramanifestaciones diarias en el mismo lugar, ha sido cuando la Guardia Civil ha ampliado el perímetro de exclusión para evitar que los franquistas se aproximaran a la vivienda de los dirigentes de UP.

Una de las patas de esta conspiración fue la denuncia-farsa contra el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por parte de un oscuro abogado implicado en estafas, sobre la supuesta responsabilidad de la manifestación del 8 de marzo en extender la epidemia de coronavirus en Madrid. Esta denuncia fue aceptada de manera entusiasta por la jueza reaccionaria Carmen Rodríguez-Medel, hija y hermana de guardias civiles, que aspiraba a convertirse en una suerte de Baltasar Garzón de derechas. Como ya expusimos en un artículo anterior, todo el proceso estaba lleno de irregularidades; en particular, el escandaloso informe de la Guardia Civil que manipuló descaradamente las declaraciones de varios testigos. Finalmente, la jueza no tuvo más remedio que archivar “provisionalmente” la denuncia para no hacer el ridículo y no exponer su carrera profesional ante un caso sin prueba consistente alguna.

Por si todo lo anterior no bastara, la gente en los barrios obreros ha podido ver el trato exquisito dispensado por la policía a los fascistas y pijos de pulserita rojigualda que se manifestaron diariamente durante gran parte del mes de mayo, frente a la rudeza con que han tratado a manifestantes pacíficos que defendían la sanidad pública en barrios como Vallecas, Carabanchel o Vicálvaro.

Y esto no es casualidad, la ultraderecha controla la Policía Nacional, desde la escala de mandos hasta la escala básica de policías de a pie. El “sindicato” policial Jupol, vinculado a Vox, cuenta con el apoyo del 58% del cuerpo, y los demás “sindicatos” policiales están en la misma cuerda ideológica.

Todo esto requiere una atención muy cuidadosa de todo activista y militante obrero y de izquierda porque este aparato de Estado (jueces, ejército, policía, guardia civil, penitenciaría) tiene, según la ley, el monopolio de ejercer la violencia en la sociedad y con ello, eventualmente, la posibilidad de imponer su propio criterio e intereses sobre la población por la vía de la fuerza.

Hay otro aspecto que debemos contemplar. Y es que la conspiración que está quedando expuesta de los mandos de la Guardia Civil y del aparato judicial contra el gobierno PSOE-Unidas Podemos, tiene peligros para la clase dominante, ya que está enfocando los ojos de la población, y de la clase trabajadora en particular, hacia los entresijos que se mueven dentro del aparato del Estado.

La clase dominante está interesada en que el Estado permanezca casi invisible para la población, que aparezca como que vela por el interés de todos, que es una entidad “independiente”, y que esconda su papel principal de asegurar la dictadura del gran capital. Que las masas trabajadoras perciban al Estado como algo injusto, despótico y falso, es peligroso. Si las masas le pierden el respeto reverencial al sistema judicial y al aparato policial (como vemos ahora en EEUU) –siendo ambos estamentos, junto con el ejército, el último muro de defensa que tienen los grandes empresarios y banqueros– la utilización de un aparato represivo sin autoridad moral contra la protesta popular podría provocar una respuesta de tipo insurreccional que podría rebasar completamente a las fuerzas represivas, cuando no escindirlas en líneas de clase, y llevar a un cuestionamiento general del sistema capitalista.

Por eso esta situación está generando fastidio entre los sectores más inteligentes y determinantes de la burguesía: los banqueros y la mayoría de las grandes empresas del Ibex35. Ellos no necesitan, prematuramente, apoyarse descaradamente en el aparato del Estado para refrenar y condicionar al gobierno, y así exponerse innecesariamente ante la clase trabajadora. Prefieren basarse en sus agentes dentro del movimiento obrero y del gobierno mismo –como sectores de la cúpula sindical, la ministra Nadia Calviño, “barones” del PSOE como Page, Lambán o Fernández-Vara, etc.– para tener al gobierno bajo control. Así, el principal vocero de estos sectores, el diario El País, tras un titubeo inicial no tuvo más remedio que posicionarse públicamente contra las maniobras del sector de Pérez de los Cobos en la Guardia Civil y descalificar la instrucción de la jueza Rodríguez-Medel en el caso 8M.

Pero el aparato del Estado tiene sus propios intereses. No acepta intromisiones en sus asuntos, quiere gente adicta entre sus subordinados y que nadie meta las narices en su saqueo de las cuentas públicas y en los privilegios del cargo. Y es un enemigo resuelto a aflojar la política represiva que tomó vuelo con Rajoy. Y lo mismo ocurre con un sector de la burguesía, el más parásito, explotador, cobarde y podrido, como los patrones agrícolas que temen que la regularización de las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes ponga fin al trabajo esclavo en el campo, o quienes dependen vitalmente de los contratos públicos para hacer negocio y que han perdido sus conexiones tras la derrota del PP, o quienes se han visto más afectados por el cierre parcial de la economía como consecuencia de la epidemia: construcción, hostelería, turismo; o los fondos buitre, inmobiliarias y rentistas de clase media que han visto hundirse el mercado de venta y alquiler de vivienda, etc. Los políticos del PP y Vox, vinculados orgánicamente a estos sectores, simplemente actúan como altavoces de sus intereses.

Pese a todo, vemos las limitaciones de la derecha para poner en pie un movimiento de masas reaccionario que ponga al gobierno contra las cuerdas. No pudieron sostener la ocupación de las calles más allá de un par de semanas. Bastó con que los barrios obreros de Madrid y de otras zonas del Estado levantaran su dedo meñique con movilizaciones propias en la calle, junto con los trabajadores sanitarios, para exponer la farsa patriótica de los pijos y ricachones, y que el movimiento se desinflara como un globo pinchado. El archivo de la denuncia del 8M es otra derrota para los planes conspirativos de la reacción.

Esta gente está completamente alejada de la realidad que vive la sociedad, en su microclima de histeria, en la atmósfera soporífera de sus barrios ricos y en su desprecio orgánico a las masas trabajadoras. Cualquier movimiento claro hacia la reacción en estos momentos se enfrentará a una movilización de masas que haría peligrar la existencia del sistema.

Pero sería un gran error subestimar al enemigo. Continuarán con sus provocaciones. El Estado, proveniente sin depurar del viejo Estado franquista, siempre ha sido un nido de conspiraciones reaccionarias. El peor error sería, como se hace desde el gobierno, adormecer a las familias trabajadoras con frases tranquilizadoras asegurándonos que todo está bajo control.

Las declaraciones de Alberto Garzón, diciendo que los sectores involucionistas en la cúpula de Guardia Civil, la policía o el ejército son una minoría contradicen la realidad. La actitud de la ministra de defensa, Margarita Robles, tan alabada por la derecha, es todavía peor, con su tradicional actitud servil y cobarde ante la casta de oficiales de la Guardia Civil y del ejército. Por el contrario, la función de los dirigentes de la izquierda debe ser educar a la clase trabajadora en la total desconfianza hacia este aparato de Estado.

¿Quiere esto decir que este aparato es una masa uniforme e indivisible de reaccionarios y enemigos de la clase trabajadora? Si bien esto es cierto cuanto más escalamos en la cúpula y en el cuerpo de oficiales, la situación es algo diferente a nivel de base. Pero la clave para provocar fisuras en este aparato de Estado es la movilización popular más masiva y contundente.

El movimiento que vemos en EEUU contra la violencia racista policial es muy instructivo. En muchas zonas, se ha obligado a la policía a abandonar zonas y barrios. En Minneapolis, epicentro de la protesta, han surgido patrullas ciudadanas que han sustituido temporalmente a la policía. Se han dado incluso algunos ejemplos de confraternización de policías honestos con los vecinos. Tal es la fuerza del movimiento que es capaz de escindir el aparato represivo en líneas de clase.

Esto también se aplica al Estado español, sobre todo en cuerpos militares o semi-militares como el ejército o la Guardia Civil, donde el mantenimiento de la jerarquía militar implica un régimen despótico de los oficiales hacia sus subordinados y por lo tanto una acumulación de odio y amargura de los últimos hacia los primeros. Y como en todo cuerpo militar, la corrupción y abusos de la oficialidad son el pan de cada día y muy evidente para todo Guardia Civil y soldado de base. Por supuesto, en ambos cuerpos hay muchos fascistas y el registro histórico de ambos es tenebroso para la clase trabajadora, pero en la medida que en las últimas décadas amplias secciones de la Guardia Civil y del Ejército extendieron su actividad hacia labores no expresamente represivas –a diferencia de la policía que permanece como un cuerpo exclusivamente represivo– como Tráfico, Seprona (medio ambiente), división de montaña y otras, que requieren una cualificación profesional más elevada que en la Policía, el nivel de proletarización es mayor que en esta última, donde está más extendida la lumpenización y el desclasamiento.

Es probable, por tanto, que en una situación revolucionaria sea más fácil romper la Guardia Civil y el Ejército en líneas de clase que la Policía, que permanece como el cuerpo represivo más confiable para la clase dominante, pero también como el más vulnerable para la ira popular, como lo muestran los acontecimientos actuales en EEUU.

En cualquier caso, la mejor defensa para prevenir las conspiraciones del aparato del Estado, de la burguesía y de los sectores histéricos y reaccionarios de la pequeña burguesía acomodada, es pasar al ataque, como hicieron los vecinos de los barrios obreros de Madrid y otras zonas quienes, sin esperar a ninguna señal desde arriba, se organizaron espontáneamente para plantar cara a los fachas en sus distritos. Lo que se requiere, por tanto, es organizar en todo el Estado la más amplia movilización social contra las conspiraciones desestabilizadoras de policías, guardias civiles y jueces, y de la derecha misma. La fuerza de esta gente es la desmovilización social lo que les da una apariencia de fortaleza de la que carecen. Con la movilización popular masiva se rebela su debilidad y están obligados a esconderse como conejos. Eso es lo que hace falta.

En paralelo a la relajación de las medidas de confinamiento, están empezando a organizarse en muchos barrios y ciudades españolas movilizaciones en defensa de los derechos sociales, la sanidad pública y contra las conspiraciones golpistas. En Sevilla, este miércoles 17 de junio la Plataforma Cerro-Amate, en la que participan compañeros de Lucha de Clases, ha organizado una concentración con estas demandas en el barrio obrero del Cerro del Águila. También en Sevilla, más de 50 organizaciones políticas, sindicales y sociales han convocado una gran manifestación para el jueves 25 de junio, Y convocatorias similares están organizándose en otras ciudades.

Pero no basta con la movilización. Ésta debe ir a compaña de un programa de reivindicaciones en defensa de los derechos democráticos, comenzando por la derogación inmediata de la Ley Mordaza que increíblemente aún sigue vigente pese a que la izquierda tiene una mayoría sólida de 180 diputados en el Congreso. Hay que derogar toda la legislación reaccionaria introducida en el Código Penal con la excusa de la lucha antiterrorista, y democratizarlo. Hay que exigir la total depuración de franquistas y reaccionarios de las fuerzas represivas que están bajo el control directo del gobierno: Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. Lo mismo hay que hacer en las policías locales, infiltradas también por los fascistas. Es increíble que los sujetos de la Guardia Civil que elaboraron el informe judicial para la jueza Rodríguez-Medel, lleno de tergiversaciones y manipulaciones, sigan en sus puestos. Deben ser expulsados inmediatamente del cuerpo. El ideario que se imparte en las academias de la Policía, de la Guardia Civil y del Ejército debe estar bajo el control de sindicatos obreros y asociaciones de Memoria Histórica. Hay que instaurar la elección por sufragio popular de los jueces, para sacar al franquismo de los rincones del aparato judicial, y lo mismo debe aplicarse a los miembros de los altos tribunales (Supremo y Constitucional), así como disolver la reaccionaria Audiencia Nacional, para que sus atribuciones regresen a los juzgados territoriales. Debemos exigir al gobierno PSOE-Unidas Podemos que lleve estas medidas adelante.

Es cierto que estas medidas parciales no resuelven el problema de fondo, el carácter burgués y reaccionario del aparato del Estado, pero al menos lo debilitarían y dificultarían sus conspiraciones reaccionarias. El objetivo final debe ser que la clase trabajadora reúna la fuerza y la conciencia de clase revolucionaria necesarias para, apoyándose en las demás capas explotadas y oprimidas de la sociedad, tomar el poder efectivo en la sociedad, con la nacionalización de los sectores clave de la economía y la disolución del viejo aparato de Estado para construir transitoriamente uno nuevo, basado en la participación democrática más amplia de la población en la gestión de sus propios asuntos, sin “especialistas” ni miembros de “castas” privilegiados y separados del pueblo que puedan utilizar sus posiciones para imponer su voluntad a la mayoría.