Análisis Político
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Estamos entrando en una nueva época histórica, marcada por la profunda crisis económica del sistema. Muchos pronósticos de todo tipo, tanto a nivel nacional como internacional, esbozan un horizonte catastrófico, reforzados por los datos obtenidos durante el primer trimestre del año. La crisis del 2008 pasará a la historia como el preludio a la peor crisis económica del capitalismo.

Esta nueva crisis profundizará las contradicciones de la sociedad, y traerá graves consecuencias sociales, a un nivel superior a los últimos 12 años.
Ante esta crisis, los grandes empresarios moverán tierra y cielo para defender sus beneficios y poder, lo que conllevará un recrudecimiento de las luchas entre ellos y una lucha común contra la clase obrera. El IBEX35 y las grandes patronales exigirán al Gobierno de turno que, para “salvar la economía y puestos de trabajo”, hay que aplicar grandes (contra) reformas en las pensiones, en el mercado laboral, en el Estado del bienestar. Exigirán que se pueda explotar más y de forma más barata a los trabajadores. Pero no se limitarán meramente a las exigencias económicas, sino que ligadas a éstas exigirán que se recorten los derechos democráticos de los trabajadores, tanto dentro de la empresa como también fuera, en las calles.

Un programa obrero contra la crisis

Ante esta perspectiva, la clase trabajadora debe organizarse alrededor de demandas concretas para defender sus condiciones de vida, empezando por defender salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y luchar contra los despidos indiscriminados. Muchas empresas se han lucrado como nunca después de la crisis del 2008. Si buscan justificar sus ataques alegando a la situación económica, que muestren sus libros de cuentas y que sea la propia plantilla que juzgue por sí misma la situación real, y a dónde fueron a parar todos los beneficios acumulados.

Si la empresa amenaza con el cierre o con despidos, los trabajadores de la misma deberían organizarse mediante la formación de comités de lucha, que agrupen al máximo número de trabajadores, para organizar huelgas en defensa de sus puestos de trabajo.

Si la empresa decide tirar para adelante con el cierre o despidos en masa, los trabajadores deberían ocupar la empresa y exigir su nacionalización sin indemnización bajo control obrero de la misma.

Es un hecho que el dinero, sobre todo de las grandes empresas, sí que existe para mantener los puestos de trabajo y los sueldos de sus trabajadores; el problema reside en que éste se encuentra en los bolsillos de un puñado de multimillonarios. Así pues, más ampliamente, los trabajadores en general debemos exigir la reducción de la jornada y semana laboral mediante el reparto del trabajo entre brazos existentes, sin reducción salarial. Además de esto, que todos los puestos de trabajo sean fijos y en plantilla.

Todo esto debe ir ligado a la lucha para derogar en su totalidad de forma inmediata la reforma laboral, por un ingreso mínimo vital para los trabajadores que no reciban sueldo ni prestaciones, y por la subida del SMI a 1200 euros.

Por lo que concierne a nuestros derechos democráticos, debemos exigir la derogación inmediata de la Ley Mordaza, además de defender nuestro derecho a organizarnos en sindicatos y la libertad de expresión.

Nacionalizaciones

La pandemia ha mostrado con toda crudeza el daño que han causado los recortes y privatizaciones de la última década a la sanidad pública. Sin embargo, simultáneamente, se ha evidenciado que sólo la sanidad pública puede realmente garantizar el bienestar de la población. En otras palabras, nunca ha sido tan apremiante la nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, del parasitario sistema sanitario privado.

Pero para asegurar una sanidad pública de calidad, se hace apremiante además disponer del dinero necesario para hacer inversiones. En este sentido, es necesario rechazar el pago de la deuda pública acumulada y nacionalizar todo el sector bancario y financiero, sin indemnización salvo a pequeños accionistas comprobados. Con la nacionalización de los bancos y el sector financiero, no sólo se obtendrían los recursos necesarios para garantizar una sanidad pública de calidad además de una educación universal, gratuita y de calidad, sino que también se acabaría con todos los recortes impuestos por los dictámenes de los mismos bancos y entidades financieras, que exigen el pago de las deudas prestadas y sus intereses.

Estas nacionalizaciones también pondrían a disposición miles de viviendas vacías. Sin embargo, para garantizar una vivienda digna a toda la población, es necesario a la vez nacionalizar sin indemnización a las grandes constructoras parasitarias y corruptas. De esta forma se podrían destinar todos sus recursos a construir viviendas sociales necesarias.
Ligado a la necesidad de garantizar viviendas dignas a precios y alquileres asequibles, se hace apremiante igualmente nacionalizar a las grandes empresas energéticas. Además de acabar con esta gran lacra, su nacionalización facilitaría la posibilidad de luchar contra el cambio climático, ya que la producción se planificaría y se ejecutaría con el interés de satisfacer las necesidades de la población, no los beneficios de unos pocos ricachones.

Luchar por el socialismo

El abrupto desplome de la economía mundial ha hecho que los capitalistas y sus lacayos hayan abandonado su doctrina de la invencibilidad del libre mercado defendida durante décadas. De un día para el otro, los mismos que exigían recortes y que estaban en contra de la interferencia del Estado han exigido la máxima intervención del Estado en todos los aspectos de la economía.

Esta enérgica intervención del mercado por parte del Estado nos muestra dos cosas fundamentales. En primer lugar, que la propiedad privada de los medios de producción ha llegado a unos límites absolutos con la forma en que se organiza la sociedad, es decir, en base a la producción de la vida por millones de trabajadores. En segundo lugar, que la clase dominante ya no es capaz de defender sus privilegios como antes. Estas dos conclusiones tienen consecuencias revolucionarias.

El simple hecho de que las fuerzas productivas (los trabajadores, la tecnología, las fábricas, el transporte, etc) se rebelen contra los límites de la propiedad privada y el afán de lucro, y que sea el Estado el que tenga que sostener la economía en un momento de crisis, nos muestra que una nueva forma de sociedad ya existe bajo el capitalismo. El principal problema, sin embargo, es que la intervención de los Estados se está llevando a cabo para salvar los beneficios de los ricos, o, en otras palabras, asegurar el socialismo para los ricos y la miseria para los pobres.

Así pues, para superar esta contradicción indisoluble bajo el capitalismo, es necesario nacionalizar bajo control de los trabajadores y sin indemnización a las grandes empresas que dominan la economía (industria, transporte, telecomunicaciones, energía, comercio y logística, constructoras, latifundios y sector agropecuario, además del sector financiero antes mencionado) empezando por las 200 empresas y familias más ricas de España. Con el control y la gestión de estas empresas no sólo acabaríamos con las crisis como la actual, sino que se podríamos destinar todos sus recursos, infraestructura, conocimientos, etc. a la producción para cubrir las necesidades de la población, mediante la coordinación, cooperación y planificación de la economía establecer así el socialismo para la mayoría, y acabar con los privilegios de una minoría.

Federación voluntaria de Repúblicas Socialistas Ibéricas

Aquí en el Estado español esta demanda debe ir acompañada de la separación de la Iglesia del Estado, dos instituciones que actualmente están ligadas por mil hilos. La Iglesia española no sólo es un baluarte de la reacción, con centenares de franquistas camuflados en túnicas, sino que también concentra un gran poder económico. Consecuentemente, para separar la Iglesia del Estado, es necesario acabar con todos sus privilegios, empezando con la nacionalización de todo el patrimonio artístico y los inmuebles que se apropiaron indebidamente, además de imponerle impuestos, acabar con todas las donaciones, exenciones y el papel que juega en la educación.  

Otro gran baluarte de la reacción, el principal de todos ellos, es la monarquía borbónica, ya que concentra en la figura del rey la defensa del capitalismo español y la inquebrantable unidad de España. Así pues, la lucha por la República es, por un lado, una lucha democrática que necesariamente debe incluir el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas, mientras que por otro lado es una aspiración que va ligada a la lucha por expropiar sin indemnización a las grandes empresas que se apoyan en la monarquía para defender sus intereses.

Como se ha dicho al principio, esta crisis es la peor en toda la historia del sistema. El próximo período nos depara una degeneración profunda de la sociedad hacia la miseria y la barbarie. Si estás de acuerdo con este programa para hacer frente a esta crisis y a los ataques de la burguesía que se avecinan, ¡únete a Lucha de Clases y ayúdanos a hacerlo realidad!

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