Análisis Político
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Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 han fallecido un total de 8.079 usuarios de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, el 74% de ellos por coronavirus, según los datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales.

Solo entre el 8 de marzo y el 18 de Abril se registraron 5.272 fallecidos en las residencias de la región sin haber sido trasladados a un hospital para recibir asistencia sanitaria. Además, otras 761 personas murieron en sus domicilios.

Durante los días más críticos de la pandemia, la Comunidad de Madrid activó un Protocolo que ordenaba no trasladar a determinados pacientes de las residencias a los hospitales aplicando “criterios de exclusión” en base a la edad (mayores de 75 años), a alguna enfermedad terminal y a la discapacidad física o mental del residente. También se envió a los hospitales para que no aceptaran estos ingresos. Este documento fue firmado y remitido por Carlos Mur de Viu, alto cargo de la Consejería de Sanidad, a las 475 residencias geriátricas, no como una recomendación sino como una orden a cumplir escrupulosamente con el fin de evitar el colapso de la sanidad madrileña. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de miles de ancianos para lograr, supuestamente, ese fin.

Por aquel entonces, Isabel Díaz Ayuso negaba tal colapso de la sanidad y aseguraba que las residencias estaban medicalizadas, pero lo cierto es que, en los momentos más críticos, cuando los muertos se contaban por cientos y las residencias estaban duramente golpeadas, este gobierno de derechas, fiel defensor del capitalismo y de sus intereses de clase burgués, los abandonó a su suerte. Las residencias se encontraron sin equipos de protección suficientes, sin desinfección de los centros, sin medicación para los residentes, al mínimo de personal sanitario por encontrarse de baja tras contagiarse, y sin respuesta alguna a las solicitudes de ayuda desesperadas al gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso.

Cabe aclarar además, que la Comunidad no impuso este protocolo a los hospitales privados, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que negó al resto y dando una alternativa a quienes tienen capacidad para pagar por la sanidad privada.

Esta diferenciación pone de manifiesto el horror que supone este sistema capitalista para millones de personas, que utiliza a la clase trabajadora como mera fuerza de trabajo para producir beneficios al empresario, y toda vez que estos trabajadores llegan al tramo final de sus vidas, son desechables, pues ya no producen plusvalía y suponen un lastre que no desean mantener. Esto no sucede con aquellos ancianos que sí pueden pagar una sanidad privada, pues el dinero fluye y aumentan los beneficios de las empresas que la gestionan.
Nosotros, como marxistas, condenamos estos hechos y reivindicamos la necesidad de un sistema de salud único y público bajo el control democrático de todos los trabajadores del sector, expropiando a toda la sanidad privada sin indemnización, salvo necesidad comprobada, y nacionalizando las fábricas, laboratorios y farmacéuticas proveedoras del sector sanitario.

Solo bajo el control obrero se podrá racionalizar el sistema y poner las bases para un verdadero acceso universal a la salud.

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