Desde que empezó la crisis nuestros derechos democráticos de huelga, de reunión y de expresión están amenazados. Es la respuesta de la burguesía y su aparato de estado al auge de la lucha de clases que está viviendo este país.
Todos vimos la provocación policial contra la manifestación de las Marchas de la Dignidad el 22 de marzo. Hemos oído, ante la oleada de huelgas indefinidas en los primeros meses de 2014, a representantes de la derecha hablar a favor de “regular” o “modular” el derecho a huelga. Hemos leído cómo se persigue hasta el derecho al pataleo inocuo en las redes sociales. Y todos vemos a diario cómo este afán represivo contra los de abajo contrasta con la impunidad absoluta de la que gozan los provocadores fascistas que día sí, día también, nos amenazan por las redes sociales, asaltan nuestros locales y nuestras fiestas populares o nos atacan a martillazos. El movimiento obrero y popular tiene la obligación de comprender este fenómeno y actuar en consecuencia.
Cárcel para los piquetes, amnistía para los banqueros
En estos momentos, según Público, hay decenas de compañeros de los sindicatos de clase y del 15M que, entre todos, acumulan más de 100 años de cárcel, entre peticiones y sentencias firmes. El último caso ha sido el de los compañeros del 15M de Granada, Carlos y Carmen, a quienes la Audiencia provincial de Granada ha ratificado la sentencia de tres años y un día de prisión por un “delito contra los derechos de los trabajadores” por participar en un piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. A pesar de que no se ha podido probar que estos compañeros, un licenciado en medicina de 25 años y una desempleada de 56, causaran daños en el local de la empresa que puso la denuncia, el juzgado les impone “una sentencia ejemplarizante”, mayor a la que pidió el fiscal. El viernes 30 de mayo, 3.000 personas se manifestaron en Granada para evitar el encarcelamiento de Carlos y Carmen, incluyendo un autobús procedente de Castro del Río (Córdoba) el pueblo de Carlos, donde gobierna IU y el alcalde ha colocado una pancarta por su liberación en el balcón del Ayuntamiento. Los compañeros están recibiendo la solidaridad desde dentro y fuera del Estado, con mensajes de compañeros como Noam Chomsky, responsables de IU y Podemos, sindicalistas, portavoces de movimientos sociales… etc.
Este caso se añade a las condenas de cárcel que ya han sufrido cuatro miembros de piquetes en Galicia: Carlos y Serafín por la huelga del convenio del metal de Pontevedra en 2008 y Tamara y Ana por la huelga de instalaciones deportivas de Pontevedra en 2010. En ambos casos se está dando una gran movilización por el indulto, que está cayendo en oídos sordos. Además decenas de compañeros sindicalistas están pendientes de juicio con peticiones de dos o más años de cárcel. Nos detenemos en el caso de Los Ocho de Airbus, Getafe. En este caso la fiscalía se ha lanzado a partirle el espinazo al sindicalismo en una de las empresas más importantes del área de Madrid con una petición de 66 años de cárcel entre los ocho compañeros. Esto demuestra cómo, a pesar de la política de pacto social de las direcciones sindicales, el sindicalismo sigue siendo un obstáculo para los planes de la burguesía y el gobierno y estos están dispuestos a poner todo el peso del aparato del Estado para desarticularlo, como de hecho están haciendo. La fiscalía tiene consigna de pedir “sentencias ejemplarizantes” para los miembros de los piquetes, en un intento de frenar la movilización de los trabajadores mediante la represión y el terror.
Y mientras tanto los que han robado a manos llenas no pisan la cárcel. El mismo día que se ratificó la condena de Carlos y Carmen se conoció el acuerdo por el que cuatro exdirectivos de Caixa Penedès evitan la cárcel a cambio de devolver lo robado. Cada día es más evidente para el trabajador de a pie que la justicia es una justicia de clase, que protege a los ricos mientras castiga a los trabajadores y los excluidos, como cada día nos enseñan los casos de represión a nuestros derechos elementales.
Caza de brujas en la red e impunidad de los fascistas
Tras el asesinato de Isabel Carrasco, el Ministro del Interior Fernández Díaz dijo que había que “limpiar de indeseables” las redes sociales. Por supuesto no hablaba de los fascistas que sistemáticamente acosan, insultan y amenazan a militantes y cargos públicos de la izquierda o a portavoces de los movimientos sociales. Esos tienen vía libre y manga ancha y la fiscalía no actúa contra ellos o, cuando lo hace, rebaja la gravedad de los delitos, como en el caso de la concejala de IU en Granada Maite Molina. El ministro se refería, y de hecho así se está haciendo, a los jóvenes que simplemente han ejercido un pataleo contra los políticos del régimen. Alguien debería explicar cómo un joven aislado puede ser una amenaza real para la integridad física de nadie que cuente con el respaldo del aparato del Estado. Lo que preocupa al gobierno no es el contenido de tal o cual mensaje en twitter; lo que le asusta es la temperatura social que ellos mismos están elevando y que esta acabe encontrando una expresión organizada en el terreno electoral, sindical y social. La represión y el terror tienen como objetivo mantener a la gente acobardada y aislada, pero están consiguiendo justamente lo contrario.
La diferencia entre las bravuconadas o los exabruptos de jóvenes “antisistema” aislados y las amenazas fascistas es que estas últimas suelen hacerse realidad. Sólo en el último mes hemos visto: el ataque de treinta nazis a las fiestas de San Fernando de Henares, localidad de Madrid gobernada por IU; ataques a sedes de IU en Málaga, Zaragoza y otras zonas; agresión fascista al secretario político de la UJCE en Castilla y León, y el ataque al mitin de cierre de IU en Tenerife, en el que resultó lesionado el compañero Enrique Santiago. En todos estos casos o no se ha identificado a los responsables, o no se les ha detenido, o se les ha dejado, como en Tenerife, en libertad sin fianza. Los fascistas gozan de impunidad absoluta bajo el gobierno del PP. No son errores. Las bandas fascistas, como demuestra el caso de Amanecer Dorado en Grecia, son una tropa auxiliar del aparato del Estado a la que dan rienda suelta en periodos de auge de la lucha de clases para sembrar el terror en las filas de la izquierda y los movimientos sociales. El Estado no va a actuar contra ellos salvo que, como ha pasado también en Grecia, quieran demasiado para ellos mismos. No podemos confiar más que en nuestras propias fuerzas para combatir la amenaza de las bandas fascistas.
Por un frente de izquierdas para vencer
Todos estos hechos son una demostración más de que hemos entrado hace tiempo en una fase explosiva de la lucha de clases en el Estado Español. Si la burguesía se prepara para la lucha, fortaleciendo el aparato represivo, nosotros no podemos quedarnos atrás. Las fuerzas de la izquierda política y social tienen que confluir en un frente amplio que sea capaz de disputarle la calle al régimen, como hicimos el 22 de marzo, y sea capaz también de disputar la mayoría en el terreno electoral. El avance de IU en las Europeas y el surgimiento de Podemos son un buen comienzo, pero hace falta implicar a más gente y más colectivos en este empeño, y hace falta sobre todo dotar al movimiento de un programa claro de transformación de la sociedad. No cambiará nada sustancial mientras el poder siga en manos de los banqueros y el IBEX-35. Hay que expropiarles ese poder, nacionalizando las palancas fundamentales de la economía para planificarla en beneficio de la mayoría. Esa es la alternativa que ofrecemos los marxistas de Lucha de Clases. Únete a nosotros para hacerla posible.
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