Discapacidad intelectual, lucha de clases y socialismo

“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases” (Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, 1848). Esclavos y esclavistas, siervos y señores, patricios y plebeyos, hasta hoy, capitalistas y obreros en una contradicción constante e irresoluble que marca el curso de la historia y de la humanidad. Dentro de esta lucha hacemos inciso para mirar al caso que hoy nos ocupa, los discapacitados intelectuales, que forman parte de las minorías que sufren dificultades especiales y en muchos casos discriminación, no teniendo cabida en un infame sistema capitalista que sólo los tiene en cuenta por presiones de organizaciones y colectivos y que los mantiene al margen de la esfera social y productiva. Vamos a realizar una retrospectiva en torno a los datos y protección estatal que reciben las personas con discapacidad, ofertas educativas y de inclusión, integración laboral y para finalizar situación general.

En España según datos del IMSERSO en el año 2015 había más de 268 mil personas con algún tipo de discapacidad mental superior al 33% o que sufrían alguna enfermedad rara, sin contar aquellas sin ningún carnet de acreditación y que no son considerados discapacitados de manera legal. En 2006 fue aprobada en el Congreso la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como «ley de dependencia '' que dio un paso enorme en los derechos de las personas con discapacidad y de sus cuidadores, ya que para una familia de clase obrera en la que ambos progenitores se ven obligados a trabajar conciliar la vida laboral con el cuidado especial que requieren estas personas se vuelve una pesadilla. El primer texto incluía una cotización a la seguridad social de parte de las personas que se hicieran cargo de su cuidado y manutención, pero Rajoy y sus políticas de austeridad derogaron el artículo en 2012, haciendo que sean los mismos cuidadores las que paguen sus cotizaciones, siendo incluido otra vez en 2019 y estableciendo que será el Estado el que asuma el pago de las cotizaciones con el tope mínimo establecido por la Seguridad Social que en 2023 está en 1.260€. Esto es un avance parcial que pretende paliar un problema que es considerado como coyuntural y no estructural, ya que según diversos estudios entre el 80% y el 89% del sector de cuidados no profesionales son mujeres. Como punto negativo, la ley no realiza ninguna discriminación socioeconómica, por lo que cobrará lo mismo una persona cuya unidad familiar ingrese 100mil € al mes como una que ingrese menos de 1000€. Tampoco mide con rigurosidad las capacidades de la persona en cuestión, ya que está diseñada para discapacitados físicos, no mentales y el baremo no mide con suficiente rigurosidad las capacidades y necesidades de los afectados, por lo que según distintas organizaciones podría dejar sin cobertura aproximadamente a un 20% de personas con discapacidad mental. Muchas de ellas saben comer, ducharse, vestirse y podrían pasar el examen que realizan para acceder a las prestaciones. La cuestión radica en que muchos no tienen la capacidad para realizar de manera rutinaria dichas acciones, podrían comer 4 hamburguesas seguidas sin saciarse, ducharse 1 vez a la semana o salir con la camiseta del revés y con los pantalones cortos en invierno. Por lo que si lo consideran oportuno no recibirás ninguna prestación, y si te la conceden, en muchos casos no supera los 400€ mensuales y se tiene que complementar con alguna ayuda de la seguridad social.

Las personas con discapacidad intelectual tienen distintas capacidades y distintas necesidades, cada uno requiere una atención especializada y en la educación pública no es posible darles la atención que necesitan al carecer de una estructura formal para atenderla, estando destinada para personas con discapacidades severas. Los profesores no pueden atenderlos por falta de tiempo o preparación y si lo estiman conveniente les derivan al área de apoyo, en el que les dedican 2 ⁄ 3h diarias y el resto del tiempo están en clase sin hacer nada y sufriendo la incomprensión del profesorado y alumnado. La opción más adecuada son los colegios privados o concertados, subvencionados casi en su totalidad con dinero público pero con costes adicionales (página web, comedor, transporte escolar, etc) que pueden superar los 200€ mensuales. Además de ser centros religiosos que no dudan en adoctrinar en enseñanzas bíblicas a los niños y niñas, se ven con la poca moral de seleccionar al alumnado, llegando a rechazar la matriculación de algunas personas por superar el grado de minusvalía que están dispuestos a “tolerar” o por sufrir parálisis cerebral o enfermedades intelectuales y físicas graves, caridad cristiana selectiva en estos feligreses. Detrás de todos ellos están las grandes empresas y fundaciones fundadas y financiadas por familias privilegiadas. Por ejemplo la Fundación ALAPAR, cuya actual presidenta es Carmen Cafranga, implicada en el caso de “las tarjetas black” de Caja Madrid e íntima amiga de la mujer del ex-presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, del que obtuvo varios contratos públicos de más de 170 mil euros, formalizados por el gobierno de Cristina Cifuentes en su legislatura. En legislaturas anteriores se le asignan subvenciones y contratos por valor de más de 4 millones de euros. Por lo que lejos de ser un gesto de humanidad y altruismo vemos asomar las zarpas del capital aprovechándose de personas vulnerables. La educación debe ser 100% pública, gratuita y universal, tanto para personas con o sin discapacidad, sin segregación y mixtas para fomentar la inclusión social, además obviamente de clases exclusivas y centradas en el desarrollo cognitivo e intelectual de las personas con discapacidad.

Muchos expertos recomiendan realizar terapias y actividades que les ayuden a desarrollar el lenguaje y su capacidad motriz, como actividades con animales o deporte especializado. Una de las fundaciones pioneras en el deporte inclusivo, es la fundación También, que realiza una labor increíble que ayuda a miles de personas (sobretodo sus voluntarios). Pero hay que desenmascarar quién está detrás de todo esto y vemos que sus patrocinadores son empresas como CaixaBank, ACS del filántropo Florentino Pérez, BBVA, Coca-Cola, El Corte Inglés, Ford, Santander, Adecco, Iberdrola, Repsol, Carrefour e incluso Inditex del caritativo Amancio Ortega que mientras dona dinero a niños y niñas discapacitados en España los esclaviza en Brasil y Bangladesh, todo un filántropo. “Primero chupáis la sangre a los proletarios y luego practicáis con ellos autocomplaciente filantropía, presentándoos ante el mundo como benefactores de la humanidad cuando dais a las víctimas una centésima parte de lo que les pertenece.” (La situación de la clase obrera en Inglaterra, F. Engels, 1845). Podemos mirar también quienes son sus caras visibles, como Francisco de Paula de Borbón y Escasany, V Duque de Sevilla y grande de España, Ana Botella, alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, Álvaro de Marichalar, el hermano del ex-marido de la infanta Elena o Álvaro de Orleans-Borbón, primo del rey emérito Juan Carlos, del que fue testaferro y que ha sido acusado de embolsarse 50 millones de euros por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank de Londres. Buena plantilla filantrópica para lavar la imagen de los capitalistas sin escrúpulos. Todo esto tendría solución dentro de un educación pública en la que se impartieran horas de educación física y deporte inclusivo o en los propios barrios en jornadas deportivas organizadas por los vecinos, algo impensable bajo una sociedad capitalista en la que los trabajadores son atomizados e individualizados y pasan 10h o más fuera de casa trabajando totalmente alienados.

Una vez que pasan la etapa formativa, toca la incorporación al mundo laboral, que si ya es algo complicado para cualquier persona, si tienes dificultades psicomotrices y de adaptación social, todavía más. La bondad no existe para el capital, y si empresas como Amazon contabilizan el tiempo que sus empleados tardan en ir al baño para no bajar la productividad, no es lógico pensar que contraten a personas con necesidades y capacidades especiales que la reducirían en algunos casos. Si contratan personas con discapacidad es debido a Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores a que el 2% de su plantilla tenga discapacidad, algo ridículo, ya que actualmente en España hay 3.430.663 empresas y sólo 29.994 tienen más de 50 trabajadores, el equivalente al 0,87% del total. Además dicha ley establece excepciones (Certificado de Excepcionalidad) a través de las cuales pueden evitar cumplirla, como que por cuestiones productivas, organizativas, técnicas o económicas exista dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad, con una duración de hasta 3 años. La ley tampoco especifica el tipo de discapacidad que debe tener el sujeto, por lo que contratan a personas con lesiones físicas leves que no interrumpan o reduzcan la productividad, además de recibir subvenciones y beneficios fiscales. Por ejemplo la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público favorece en la adjudicación de contratos públicos a las empresas que cumplan con la ley del 2%, sumado a que si el contrato es por tiempo indefinido y a tiempo completo el empresario recibe 4.500 euros/año por personas con una discapacidad igual o superior al 33% y 5.100 euros/año para personas con parálisis cerebral, enfermedad mental y discapacidad intelectual con un grado de discapacidad a partir del 33% y para aquéllas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65% sumando 1.200€ por persona/año si son mayores de 45 y 850€ en el caso de mujeres, una deducción de 6.000€ por persona/año en el Impuesto de Sociedades y una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social, vamos un chollo. El Estado debería garantizar una educación post-formativa con un programa de formación profesional público y una Red de Empleo público que garantizara su incorporación al mundo laboral sin ningún tipo de subvención que premie a ninguna empresa por su contratación así como una bolsa de empleo público que supere el mísero 2% actual. Esto no sería un problema en un modelo de producción socialista en la que participarían en la producción de acuerdo a sus capacidades y no quedarían a expensas de leyes y de resquicios de los buitres capitalistas.

Según el Banco Mundial hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad de algún tipo, un 15% de la población mundial, y para los que las tasas de pobreza y exclusión social son mucho más altas, hasta el 36,1% tienen dificultades para llegar a fin de mes. Su inclusión bajo el sistema capitalista es imposible, el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción para la obtención del máximo beneficio, que solo se logra reduciendo al máximo los costes de producción y mejorando la productividad a través de la explotación asalariada y los desarrollos tecnológicos y científicos que automaticen la cadena de producción y logren disminuir al máximo estos costes para lograr destruir a la competencia y monopolizar así los mercados. En este proceso sólo entran los más preparados biológicamente, por lo que las personas con necesidades especiales y dificultades físicas o intelectuales quedarán rezagadas y no serán de utilidad para los capitalistas. Porque bajo la dictadura del capital solo somos números que sumar a la producción, no importa nada más que lo que podamos aportar a los beneficios del capitalista, sometiéndonos a la anarquía del mercado y luchando por sobrevivir en un mar de tiburones hambrientos. El único Dios al que rezan los capitalistas es al dólar, y ninguna empresa privada cederá sus beneficios en pro del bienestar social. Hay muchas personas con discapacidad intelectual con diagnósticos inconclusos o diagnosticados con enfermedades raras que apenas se investigan por afectar a un número muy reducido de individuos y que jamás encontrarán cura o diagnóstico porque no generan beneficios a las farmacéuticas y magnates capitalistas.

La única solución para incluir a estas personas en la sociedad y en la cadena productiva es la socialización de la producción y el control obrero de la economía que pueda repartir el trabajo equitativamente según nuestras capacidades y repartir el excedente según nuestras necesidades. Sólo el socialismo podrá dignificar la vida de las personas y lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres sean cuales sean sus capacidades físicas e intelectuales, un mundo sin clases y sin desigualdades que elevará al ser humano al máximo estadío de sus capacidades físicas y mentales y logrará los avances científicos y tecnológicos que logren lo nunca logrado y lo soñado tan solo por la ciencia ficción.

“Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!”.