La lucha por los derechos de la mujer gana el pulso y Gallardón dimite

El pulso que se ha mantenido con la Iglesia y con el PP se ha ganado pero la lucha no terminará hasta que el PP y Rajoy retiren el recurso presentado ante el Constitucional ya que, si se da una sentencia favorable, los magistrados nombrados por el PP solo tendrían que ejecutar su desaparición. Aún así, criticamos el intento de cambiar la ley para que las menores de edad estén obligadas al permiso paterno para abortar, como una interferencia en su derecho a decidir. Tal derecho es una garantía frente al miedo a las represalias paternas y al estigma social por parte de sectores de la población insensibles y embrutecidos por la propaganda religiosa y los medios de la derecha.

Si la contrarreforma del Gobierno hubiera salido adelante, las mujeres sin recursos económicos que hubiesen querido abortar, o se hubieran visto obligadas a hacerlo dadas sus circunstancias, tendrían que haberse enfrentado a una serie de obstáculos que no hubiesen tenido las mismas consecuencias para las mujeres de clase alta. Los psiquiatras de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de Profesiones de Salud Mental (AEN), advertían que, de aprobarse tal y como estaba prevista, la reforma de Gallardón sumiría “a la mujer en un verdadero laberinto administrativo, con el consiguiente aumento del sufrimiento innecesario que esta demora conlleva” para la mujer y para su entorno. Igualmente preveían viajes a los países de nuestro entorno para abortar “en condiciones más civilizadas” para aquellas mujeres que puedan permitírselo, y la vuelta de abortos “en condiciones lamentables para las mujeres más pobres y peor informadas”. El derecho al aborto es una cuestión de clase, las mujeres pertenecientes a la clase alta podrían abortar en condiciones adecuadas mientras que las que pertenecen a la clase trabajadora lo haríamos en condiciones penosas, arriesgando nuestras vidas.

La propuesta de eliminación del supuesto que permitía abortar en caso de malformación del feto, prevista en la reforma Gallardón, era especialmente grave para las mujeres de clase trabajadora; y más, después de haberse suprimido las ayudas obtenidas a través de la Ley de Dependencia con la política de recortes del PP. Cuidar de un hijo o una hija que necesita atención continua y dinero para medicación, limita a las familias que no puedan permitirse contratar a una persona que cuide de su hijo, haciendo más penosa y dolorosa su situación. De nuevo, la cuestión económica hace que las diferencias entre familias de clases alta y clase trabajadora aumenten.

El derecho al aborto ha de convertirse en el derecho individual de cada mujer a decidir, y en un derecho social, donde el Estado garantice la posibilidad de abortar sin poner en riesgo las vidas de las mujeres, independientemente de su condición económica, así como las condiciones para que las personas puedan ser madres y padres si así lo desean.

Se han producido multitud de movilizaciones en todo el Estado contra la contrarreforma de Gallardón. Estas movilizaciones alcanzaron su punto máximo con la llegada del Tren de la Libertad a Madrid el 1 de febrero, con manifestantes llegados de todas partes del Estado, donde participaron decenas de miles de hombres y mujeres exigiendo la retirada de esta restrictiva norma que suponía un retroceso gigantesco en los derechos de la mujeres. ¡La lucha sirve!.