Contra la "Ley Mordaza” del Partido Popular, movilización social

¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?

Se consideran infracciones muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros: la convocatoria y asistencia de manifestacio- nes desde que finaliza la campaña electoral hasta que concluyen las votaciones. Con esta ley, la manifestación del 13-M después de los atentados del 11-M de 2004, además de ser ilegal, habría implicado multas de decenas o cientos de miles de euros para los manifestantes que hubiera identificado la policía. También serían infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas, en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, así como la intrusión en sus recintos, y la obstrucción de su funcionamiento.

Se consideran infracciones graves, acciones como: concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad, y cuando la policía considere que se perturbe la seguridad ciudadana, como impedir desahucios. Las ofensas a “España” o cualquier Comunidad Autónoma. O también, alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. Este tipo de infracciones tienen una multa de 1.001 a 30.000 euros.

Se consideran infracciones leves, acciones como: Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión. Insultar o faltarles el respeto, según la policía, a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle, este precepto es un claro “guiño” al movimiento 15-M. Este tipo de infracciones tienen una multa de 100 a 1.000 euros.

Hipocresía

El pasado 20 de noviembre un grupo de jóvenes antifascistas convocaron una concentración en la Complutense de Madrid y recorrieron el campus con una pancarta en la que se podía leer "Ni LOMCE ni fascistas". Cuando llegaron a la Facultad de Derecho, se produjo un encontronazo con miembros de la asociación Foro Universitario Francisco de Vitoria, de ideología derechista. Supuestamente, cinco fascistas fueron heridos y hubo destrozos en su local. El 28 de noviembre, 19 antifascistas eran detenidos por los hechos acontecidos en las protestas del 20-N y luego 11 más fueron detenidos en la manifestación convocada por la tarde en forma de protesta.
Según el comunicado leído en la concentración del domingo 1º de diciembre en la Plaza Tirso de Molina – Madrid con el título: “Basta de montajes contra el movimiento antifascista”:
“Se les acusa de haber participado en el ataque al local de una asociación fascista durante el transcurso de la manifestación del 20N en Ciudad Universitaria. Pese a que las autoridades han insistido en que todos los detenidos participaron en dicho ataque, muchos de ellos no se encontraban ni si quiera en la Universidad Complutense, sino que estaban en clase en otras universidades o en su centro de trabajo… No hemos visto ninguna detención de los neonazis de Liga Joven que recientemente fueron de caza a Ciudad Universitaria, ni de los miembros de Respuesta Estudiantil que trataron de apuñalar a varios estudiantes en la UAM, pese a que la policía sabe perfectamente quiénes son... Los fascistas son utilizados por el Estado para tratar de amedrentar y frenar los avances de los movimientos populares, de ahí la doble vara de medir utilizada con nosotros y ellos.”

Si analizamos la respuesta del gobierno y de la prensa de derechas, se han utilizado estos hechos para criminalizar a la izquierda estudiantil y equiparar sus acciones a la actividad criminal de los fascistas y así tener excusa para que la policía organizara una cacería de militantes juveniles de izquierda en Madrid y así darles un escarmiento. Es clara la doble moral del gobierno, van bastantes ocasiones en las que los fascistas campan a sus anchas sin una respuesta policial y los antifascistas simplemente expresan su malestar contra esta doble vara de medir y luego son castigados por ello. Por tanto, no podemos confiar que la ley de seguridad ciudadana se aplique también a los fascistas.

Un gobierno sin soluciones

Un gobierno que quiere la seguridad del ciudadano no lo hace a través de limitar su expresión en las calles o en cualquier medio de difusión; porque al hacerlo, asume que sus políticas van a ser un ataque frontal con el interés de la gran mayoría de los ciudadanos que son los trabajadores. Porque no hay que obviar que, por ejemplo, Botín también es un ciudadano y él no va a salir perjudicado por las medidas del Partido Popular, sino que ayuda en su elaboración.

Esta ley lo que persigue es limitar las acciones de protesta de la clase trabajadora, para que el aumento de represión y el miedo hagan disminuir las movilizaciones que se generarán con los futuros paquetes de recortes contra los trabajadores.

El motivo de fondo que ha llevado al gobierno a crear esta ley es que no tiene ninguna solución a la crisis del capitalismo, por eso recurre a la represión, porque bajo el capitalismo no existe una solución permanente para la clase trabajadora, que siempre pagará las crisis que el sistema genera, y la historia puede corroborar esta afirmación. La única solución a las crisis del capitalismo es la erradicación del capitalismo, es decir, suprimir la clase burguesa, porque la función que ejercen es la de un parásito que chupa el trabajo de los trabajadores sin darles ningún beneficio a cambio y sin embargo la existencia de esta clase genera muchos problemas sociales.

Desobediencia civil y movilización social

Una sociedad construida democráticamente por trabajadores y con una planificación socialista de la economía, no solo es viable sino que es necesaria para evitar el colapso de la especie humana y entrar en la barbarie. Ahora bien, de forma inmediata es necesario desobedecer los preceptos de esta ley de Seguridad Ciudadana que entorpecen la lucha de los movimientos sociales por una sociedad más justa, ya que la única manera de cambiar la situación dramática que vivimos es la movilización y no la pasividad, porque el que se queda quieto, nada cambia.

Las organizaciones de izquierda, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones progresistas de abogados y jueces, etc. deben iniciar una campaña amplia de frente único en todo el país con manifestaciones, actos públicos, recogida de firmas, etc. para poner en pie una campaña de masas de denuncia y de desobediencia civil, para que la presión social obligue al gobierno a dar marcha atrás con esta ley.