La derecha, en misa y repicando

La iniciativa de Unidos Podemos vuelve a demostrar los límites de la supuesta aconfesionalidad del Estado, consagrada por la Constitución del 78, y vuelve a poner a las claras los privilegios de los que sigue gozando la Iglesia católica en este país. La laicidad del Estado, con pleno respeto pero ningún privilegio para ninguna confesión religiosa, debería ser un mínimo para cualquier demócrata; pero el poder económico y político de la Iglesia católica y su imbricación en el entramado del régimen convierten esta idea en revolucionaria. Es evidente que pagar con dinero público la emisión de oficios religiosos, contando como cuenta la Iglesia católica con canales de radio y televisión de su propiedad, es algo que cualquier gobierno mínimamente progresista debería suprimir.

Una semana después del éxito de audiencia, el muy católico y borbónico diario ABC publicó una portada sensacional en la que varias figuras prominentes del régimen mostraban su apoyo a la permanencia de la misa en TVE bajo el titular “yo sí voy a misa” (como si asistir a un oficio religioso te invistiera de autoridad moral). Ministros del PP, toreros, famosos sin más, Bertín Osborne… Un retrato de la España eterna digna de las Pinturas Negras de Goya… Con una llamativa excepción: el Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, y presidente de ERC, Oriol Junqueras. Pero ABC no tuvo a bien obsequiarnos sólo con la tremenda portada, sino que ese número incluía material de la organización ultra Hazte Oír, dentro de su campaña contra la “ideología de género” y los derechos de las personas transexuales. Todo muy democrático.

Parece que la condición de católico practicante del republicano Junqueras le impide ver la contradicción que supone compartir esa portada y ese mensaje con los mismos que niegan a Cataluña sus derechos democráticos y apoyar unos privilegios de la Iglesia católica que son consustanciales al régimen del 78, colaborando además con la difusión del material transfóbico de Hazte Oír. El caso es que no debería sorprendernos, el mismo Junqueras ya advirtió, en una entrevista en la web clerical Infovaticana: “si un día me encuentro que mi conciencia, en este caso cristiana, entra en contradicción con mi acción política, primero es mi conciencia , después la política“. Ahora tiene la oportunidad de ser coherente y dimitir.

No son pocos los que, desde el ámbito “progresista”, han criticado la iniciativa de Unidos Podemos sobre la misa en TVE, aduciendo el servicio público que hace TVE al emitir la misa, sobre todo para gente mayor que no puede desplazarse al templo (como si a la persona mayor aficionada, por ejemplo, al fútbol, la televisión pública le cubriera esa necesidad) Este argumento ha sido usado por periodistas y tertulianos que alguna vez han criticado los privilegios de la Iglesia. Es llamativa la soledad de Unidos Podemos en este tema, incluso hay voces discordantes en su seno. No cabe duda que es parte del retroceso ideológico de las pasadas décadas, el reblandecimiento ideológico de individuos y colectivos que, ante el cuestionamiento general que provoca la crisis del régimen, reaccionan aferrándose a las ideas preconcebidas y tildando de “disparates” o “ideas peregrinas” las iniciativas que tratan de trasladar a las instituciones la secularización que ya se ha logrado en la sociedad.

En su informe de 2016 sobre la financiación de la Iglesia católica, Europa Laica da la cifra de 11.000 millones de euros que, cada año, recibe la Iglesia del Estado español, por distintas vías. A esto se une el control de buena parte de la enseñanza mediante los conciertos educativos y la presencia de profesores de religión (pagados con dinero público) en la escuela pública, merced al Concordato de 1979. A esto hay que añadir los miles de millones de euros de patrimonio, fincas urbanas y templos que no pagan el impuesto de bienes inmuebles, fincas rurales… y todo tipo de inmuebles apropiados fraudulentamente por el método de las inmatriculaciones.

Este poderío económico, así como su papel ideológico, hacen de la Iglesia católica una piedra angular del capitalismo español, por lo que es singularmente protegida por el aparato del Estado. Poco después de la polémica de la misa, la Fiscalía de Granada retiró la acusación contra Román Martínez, el único sacerdote juzgado por el que tal vez haya sido el caso más sonado de pederastia en la Iglesia, cuya magnitud provocó incluso la intervención del Vaticano ante el escándalo generado y la inacción del arzobispo de Granada. El resto de implicados en el escándalo no han llegado a ser juzgados porque sus delitos habían prescrito. Estamos ante un escándalo que salpicaba al arzobispado granadino y al conjunto de la jerarquía católica de España, y la Fiscalía ha actuado como procede, para sus intereses.

La Iglesia católica, con el apoyo de la derecha y el silencio cómplice del PSOE, reacciona de este modo ante cualquier ataque a sus privilegios. No son los gritos histéricos de grupos marginales como Hazte Oír (ante los que la jerarquía católica guarda una distancia tan prudente como hipócrita), sino la movilización efectiva de todos los recursos mediáticos, políticos y empresariales con los que cuenta el clero para imponer sus privilegios, revistiéndolos de defensa de la “libertad de conciencia”. Hace falta campaña conjunta de toda la izquierda social y política por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado y por un Estado verdaderamente laico, llevando a las instituciones la secularización que ya ha logrado la sociedad. Dicha campaña debe incidir en la revocación del concordato con la Santa Sede, en el fin de los conciertos educativos y sanitarios con la Iglesia, en la nacionalización de los bienes inmatriculados por la Iglesia y en la expropiación de sus medios de comunicación bajo el control de sus trabajadores. Es necesario despojar a la Iglesia de ese poder logrando que el pueblo se reapropie de lo que un día la Iglesia le expropió.