Editoriales
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Como anticipamos en nuestro Editorial anterior, las consecuencias de la guerra y de la implicación española en la misma están teniendo las consecuencias más funestas para las familias obreras. Las grandes y medianas empresas están a salvo de las mismas, conforme incrementan los precios de sus productos y conceden subidas mínimas a los salarios de los trabajadores, cuando no los mantienen congelados.

Por supuesto, el campo guerrerista de la izquierda española: ministros, diputados, cargos públicos, periodistas y tertulianos “progres” gozan de sueldazos e ingresos que multiplican por tres y por cuatro el salario medio de un trabajador, y escapan a las estrecheces que padecemos la gran mayoría. Ellos, como los empresarios y los políticos de la derecha, tampoco están pagando las consecuencias de esta guerra.

Los precios se disparan

En marzo, los precios subieron de media un 9,8% en un año, la mayor subida desde mayo de 1985. Pero esto oculta que los precios de los productos básicos (alimentos, combustible y energía) subieron el doble o el triple de esa cifra. En este contexto, según CCOO, solo cinco millones de trabajadores han acordado subidas salariales que alcanzan el 2,36%, mientras que los 6,5 millones restantes aún están pendientes de hacerlo.

Es falso que la causa principal de este elevada subida de los precios, que está pulverizando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, sea la guerra de Ucrania. En febrero, cuando aún no había estallado la guerra, los precios habían subido ya un 7,6% en tasa interanual. Por supuesto, la guerra agravó el suministro de gas, petróleo, cereales, etc. y afectó al comercio y a las redes de suministro internacionales, pero la causa fundamental reside en la crisis orgánica del capitalismo causada por la sobreproducción y sobrecapacidad productiva instalada debido a la falta de cualquier tipo de planificación o interés social, y regirse la producción solamente por el interés privado por las ganancias. A eso se suma el caos introducido por la pandemia de coronavirus que el capitalismo global ha sido incapaz de resolver. Han sido los ingentes subsidios estatales inyectados a la economía para ponerla a flote, sin crear una producción equivalente de mercancías en valor, lo que ha atizado la subida global de precios. La propiedad privada de los grandes medios de producción y las fronteras nacionales son los causantes, en última instancia, del caos que padecemos en todos los aspectos: crisis económica, inflación, luchas interimperialistas, caos climático y sanitario, hambrunas, crisis de refugiados, etc.

El gobierno al rescate de las empresas

El gobierno ha improvisado un conjunto de medidas para enfrentarse a esta situación. Tal fue la ayuda para reducir 20 céntimos el precio del litro de gasolina. En relación al precio de la electricidad, las propuestas que ha hecho a la Unión Europea para reducir el precio del gas utilizado para producir electricidad (pendiente de aprobación), y de limitar los beneficios de las eléctricas si el precio supera determinado nivel, están diseñadas con la esperanza de llevar el precio del megawatio/hora a 100€ o 125€, frente a los 200€ actuales. Estos son parches que, aún así, ni siquiera reducen el precio de la energía al nivel de hace un año, cuando la gasolina estaba a 1,32€ el litro frente al 1,67€ actual, y el megawatio/hora estaba a 64,54€.

El gobierno también aprobó destinar varios miles de millones de euros en más ayudas directas a las empresas (del transporte, industriales, agrícolas, pesca, etc.). Otras partidas anunciadas de carácter social son la ampliación del bono social eléctrico a 600.000 familias (hasta 1,9 millones de familias), subir el Ingreso Mínimo Vital y limitar al 2% el incremento de los alquileres hasta el 30 de junio. Pero esto último suele quedarse en los titulares de los medios de comunicación, porque se hace complicado llevarlo a la práctica por la complejidad y farragosidad de las condiciones que se requieren para beneficiarse de ellas. En conjunto, todas estas medidas supondrán un desembolso para el Estado de 6.000 millones de euros, aunque sólo la reducción del IVA de la factura de la luz y de otros impuestos eléctricos, aplicados desde el verano pasado, se habrán llevado 10.000 millones de euros hasta el próximo 30 de junio. A todo lo anterior se suman otros 10.000 millones de euros en avales para las empresas que no puedan devolver los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedidos hace dos años en plena pandemia. Estos avales se transformarían en subsidios directos a estas empresas en caso de que no puedan devolver esos créditos.

Las empresas que justifiquen despidos por la subida de la electricidad no podrán despedir trabajadores, pero se les ofrece la vía de los ERTES, de manera que se ahorrarían los salarios de los trabajadores a cargo del Estado, y estos últimos solo cobrarían el 70% de sus nóminas, viendo reducir drásticamente su poder adquisitivo.

Vemos así como numerosos sectores empresariales siguen sosteniéndose en pie con las ayudas del Estado; es decir, con los impuestos de los contribuyentes y que aportan en lo fundamental las familias trabajadoras vía IVA, impuestos indirectos e IRPF. Y ello, acompañado de una reducción masiva del nivel de vida de la clase trabajadora.

Por un plan inmediato de luchas – Recuperar el poder adquisitivo

Mientras tanto, pese a las pretensiones de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO, la patronal está bloqueando cualquier intento de alcanzar un pacto salarial. Los dirigentes sindicales querrían obtener un aumento pactado sin verse obligados a luchar, pero la patronal no quiere escuchar nada de aumentos del 3% o del 4% como pretenden los sindicatos, pese a que estos porcentajes resultan ya irrisorios. Los empresarios se aprovechan de la cobardía sindical para imponer la división de los trabajadores, empresa a empresa, y conceder aumentos que no vayan más allá del 2% o 2,5%. Ante la provocación patronal, que ha estado amasando ingentes beneficios en el último año, los sindicatos deben pasar a la ofensiva y lanzar un plan estatal unificado de luchas por aumento salarial igual a la inflación interanual; esto es del 9%-10%.

La única clase verdaderamente productiva de la sociedad, la clase obrera no puede caer en la lumpenización y degradación de sus condiciones de vida, mientras los golfos y parásitos de la oligarquía española estafan a las administraciones públicas y se hacen de oro con la corrupción política, como hemos visto en los casos de compras de mascarillas en Madrid, al inicio de la pandemia y que ahora salen a la luz ¿Cuánto más corrupción y estafa al pueblo permanecerá oculta?

Si hay empresas que alegan falta de recursos para aplicar estos aumentos, que abran sus libros de cuentas a los trabajadores para comprobar qué han hecho con sus beneficios del último año. Y si aun así no pueden aumentar los salarios o recurren a despidos, que sean nacionalizadas bajo control obrero, sin indemnización salvo a pequeños accionistas sin recursos, e integradas en un plan estatal de producción que atienda necesidades sociales. Los sindicatos deben levantar la reivindicación de la escala móvil precios-salarios, y que los salarios se ajusten con los precios cada 6 meses en el contexto actual de subidas constantes de precios. Las asociaciones vecinales deben movilizar los barrios contra las subidas abusivas de precios en los mercados y supermercados.

No al chantaje de la “unidad nacional”

La patronal y la derecha, y lamentablemente también el gobierno de Sánchez, están insistiendo en la idea de que todo es culpa de Putin y la guerra, que debemos permanecer unidos por el “interés nacional” y que no es el momento de que los trabajadores reivindiquemos lo que necesitamos. La clase trabajadora debe rechazar este chantaje de la política de “unidad nacional”. Primero, hemos demostrado que la inflación es anterior a la guerra; segundo, los empresarios están consiguiendo enormes beneficios pese a todo; y en tercer lugar, decimos que esta guerra no la provocó la clase obrera europea, y que los gobiernos de EEUU y Europa, incluido el español, tienen la misma responsabilidad que Putin, al boicotear cualquier salida negociada a la misma. Utilizan Ucrania y a la clase trabajadora de todos los países para resolver los conflictos de intereses interimperialistas que no controlamos ni van en nuestro interés.

Las direcciones sindicales deben rechazar este chantaje y unir la reivindicación de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores con el rechazo a esta guerra y sus consecuencias para la clase trabajadora, que ésta no debe pagar.

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí