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Editorial Lucha de Clases nº82 – La “cuestión obrera” ha pasado al primer punto del orden del día, con las luchas que se están sucediendo por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo, y por el debate surgido alrededor de la “reforma laboral” y su aprobación en el Congreso. Con ello, ha vuelto a resurgir también el papel capital que tienen los sindicatos.

Un sistema de explotación

Los capitalistas y sus agentes se afanan por ocultar que todo lo que se mueve y se crea en la sociedad descansa, en lo fundamental, en un ejército asalariado de millones de hombres y mujeres. Estos millones crean en las empresas valores en forma de mercancías y servicios que incluyen no sólo el salario que reciben por su labor, sino también un excedente que no se les paga y que se apropia el empresario en forma de beneficio. La verdad, descubierta por Carlos Marx, de que el beneficio empresarial es el trabajo no pagado a los trabajadores, nos muestra que el capitalismo descansa sobre un gigantesco sistema de explotación y robo contra la clase obrera.

Es importante rescatar estas nociones básicas de teoría marxista para enfocar correctamente la lucha por transformar la realidad que viven millones de trabajadores.

Las leyes laborales capitalistas, como la reciente “reforma laboral”, tienen la función de regular las condiciones en que se lleva a cabo la explotación de los trabajadores por parte de los empresarios.

Los reformistas en la izquierda argumentan que no hace falta expropiar a los grandes empresarios y banqueros para terminar con la explotación capitalista, como proponemos los marxistas. Tratan de convencer a sus electores y a las familias trabajadoras que ellos pueden mejorar su situación sin necesidad de aplicar medidas socialistas, sólo con reformas a través del parlamento y del “diálogo social” con los empresarios.

Gobierno, Sindicatos y Patronal

Reforma laboral: un retroceso vendido como un avance

Con una mayoría absoluta de la izquierda en el parlamento y un apoyo mayoritario en la sociedad, los dirigentes de PSOE y UP tenían todo en su mano para haber pasado de las palabras a los hechos, y haber mejorado sustancialmente las condiciones laborales y aliviado las condiciones de explotación, derogando integralmente la reforma laboral del PP, como se habían comprometido.

Lo cierto es que cedieron de manera lamentable a las presiones empresariales, con la colaboración de los dirigentes de UGT y CCOO que no movieron un dedo en la calle en estos 3 años y medio de gobiernos de la izquierda para presionar en ese sentido.

Dejaron lo fundamental de la reforma laboral del PP de 2012: que el empresario pueda cambiar a voluntad el salario y las condiciones de trabajo pese a lo recogido en el convenio, que pueda despedir teniendo beneficios, que pueda descolgarse a voluntad del convenio de trabajo firmado, que no haga falta autorización administrativa previa frente a despidos colectivos (ERE), que prevalezcan los convenios de empresa frente a los sectoriales en la fijación de las condiciones de trabajo –que es particularmente lesivo para los trabajadores de las pequeñas empresas–, y la reducción de la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades. La realidad es que, con la reforma laboral ahora aprobada, las condiciones laborales de los trabajadores siguen siendo mucho peores que en 2012. Sólo se han derogado o cambiado dos artículos de la reforma del PP: la no caducidad del convenio firmado hasta que se firme uno nuevo y la prevalencia del convenio del sector para los salarios Esa es toda la verdad del asunto.

Por tanto, Yolanda Díaz miente de manera escandalosa –es triste decirlo– cuando proclama en sus redes sociales, Twitter y Facebook, que “nuestro país dice adiós a la nefasta reforma laboral del PP”.

Los supuestos avances de la nueva reforma laboral se han proclamado de manera falaz. Claro que hay algunos avances, como son la limitación de la contratación temporal y la potenciación de la contratación indefinida. Pero esto no tiene nada que ver con la reforma laboral del PP.

Nadie se opone a que hagan fijos a temporales, lo que no aceptamos es utilizar eso como un chantaje para haber mantenido vivo el 80% de la reforma laboral del PP. PSOE y UP tenían mayoría suficiente para haber aprobado ambas cosas: favorecer la contratación indefinida y derogar íntegramente la reforma laboral del PP como se habían comprometido.

Incluso, uno de los “avances” proclamados se queda a medio camino, por eso ha sido repudiado por unos de los sectores más explotados, las “kellys” (camareras de piso de los hoteles), ya que los trabajadores de las empresas subcontratadas en lugar de acogerse al convenio de la empresa matriz (más alto) se acogerán al convenio del sector (más bajo), de manera que las grandes empresas continuarán sacando beneficios extras con la subcontratación de muchas tareas.

Por todo ello no es casual que la aprobación de la reforma laboral haya contado con el apoyo activo de un sector de la derecha (como Ciudadanos y UPN) y la prensa económica capitalista. Lo vergonzoso en el Congreso fue la manera rocambolesca de su aprobación, gracias al voto equivocado de un diputado del PP.

Es lamentable que los dirigentes de UP y de los sindicatos mayoritarios se hayan adaptado a todas las trampas y vicios parlamentarios burgueses haciendo pasar por bueno lo que objetivamente es dañino para la clase obrera, y que hayan aprovechado el estúpido intento de bloqueo del PP para hacer esta reforma aceptable por una parte sustancial de los trabajadores con la idea nefasta y conformista de “algo es algo, podía ser peor”, rebajando así su nivel de conciencia y su confianza en sus propias fuerzas.

El papel de UGT y CCOO

Es en este contexto que debemos abordar la cuestión sindical.

Para no irnos mucho más atrás, tanto en la reciente y ejemplar huelga del metal de Cádiz como en la aprobación de esta descafeinada reforma laboral, el papel de las direcciones de UGT y CCOO fue determinante para malograr y frustrar avances mucho mayores de los conseguidos. Es un hecho –por muy lamentable que resulte decirlo– que las direcciones burocráticas de estos sindicatos en todos sus eslabones actúan como un freno en todo aquello que amenaza gravemente los intereses patronales. Tienen una desconfianza orgánica en la clase trabajadora y un pavor desmedido a la gran burguesía. Estos aparatos están soldados a un sistema de financiación que descansa en parte en el Estado burgués, en lugar de sus afiliados.

La realidad, por muy doloroso que resulte para algunos, es que los sindicatos más pequeños y formalmente más combativos y menos burocratizados no han podido desafiar la implantación e influencia mayoritaria que UGT y CCOO ejercen en el movimiento obrero español, con la excepción de Euskadi y Galicia donde dominan los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y la CIG respectivamente, que crecieron a costa de la política entreguista de los primeros.

UGT y CCOO copan el 67,4% de los delegados sindicales. A una enorme distancia queda un sindicato de implantación estatal como CGT (2%), por no hablar de sindicatos de ámbito regional como SAT, Intersindical o los diminutos “sindicatos rojos” como Cobas.

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Corrientes sindicales de oposición

La táctica de escindir UGT y CCOO para crear pequeños sindicatos “rojos” se ha demostrado estéril y sólo provoca la separación de los obreros avanzados de la mayoría más atrasada política y sindicalmente, lo cual beneficia a las cúpulas burocratizadas. Por ello, es urgente poner en pie corrientes de oposición dentro de ambos sindicatos que levanten una bandera alternativa, aglutinando a su alrededor el descontento creciente que se respira en sus bases. Ya estamos viendo cómo el malestar por la pérdida del poder adquisitivo está provocando un incremento de las luchas. Este es el mejor caldo de cultivo para que estas corrientes opositoras crezcan y se fortalezcan, ante el conservadurismo del aparato.

CGT y otros deben tratar de forjar políticas de frente único con UGT y CCOO y huir de insultos y descalificaciones para competir con ellos. Al contrario, deben proponerles públicamente planes conjuntos de lucha y que sean, en todo caso, las direcciones de UGT y CCOO quienes den la cara ante sus bases para negarse a luchar, mientras proporcionan asesoramiento y colaboración a las corrientes opositoras que vayan fraguando en el seno de las grandes centrales.

Junto a lo anterior, en todo conflicto deberían formarse comités de huelga o de lucha elegidos en asambleas. Esta será la mejor manera de evitar el control burocrático estrecho de los aparatos sindicales y de probar hombro con hombro, independientemente de la afiliación sindical, quienes son los mejores luchadores y las tácticas de lucha más acertadas.

Esta será la mejor manera de darle la vuelta al actual panorama sindical y de hacer revivir y desarrollarse el sindicalismo de clase y combativo.

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