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Cuando se cumplen 40 años del régimen del 78, su falta de autoridad nunca ha sido tan grande como ahora. No sólo se ha intensificado el malestar popular a partir de la crisis iniciada en 2008, por la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población; sino que esa mayoría social ha percibido y padecido que las instituciones oficiales –Justicia, fuerzas represivas, Monarquía, Parlamento– han defendido a los ricos y poderosos, y a su corrupción, y se han ensañado con los pobres y las familias trabajadoras a través de leyes injustas y de la represión.

El último episodio de esto fue la escandalosa decisión del Tribunal Supremo de “corregir” un fallo suyo anterior para beneficiar a los bancos en el llamado “impuesto de las hipotecas”, un requisito que beneficia a estos últimos para asegurarse el cobro de las créditos, pero que se hace pagar a los clientes. El gobierno Sánchez, rápido de reflejos,  aprobó inmediatamente un decreto-ley para que los bancos pagaran este impuesto, desactivando así una protesta social en la calle que podría haber adquirido una fuerza explosiva. 

Un régimen represivo y neofranquista 

El enorme auge de luchas iniciado el 15M de 2011, que alcanzó su clímax a comienzos de 2014 y que luego fue seguido por la tremenda irrupción de Podemos, sobrecogió de pánico al régimen, que sintió en su nuca el soplo ardiente de la revolución. La abdicación de Juan Carlos fue una medida de urgencia improvisada, completada con el giro a la derecha en el propio aparato de Estado y el endurecimiento de la represión social, como mecanismo automático de preservación del régimen. 

La actitud hostil y despiadada del aparato judicial en estos años contra tuiteros, raperos, titiriteros y cómicos, activistas sociales, miembros de piquetes y, sobre todo, contra el republicanismo catalán; así como la actitud arrogante y violenta de policías y guardias civiles contra manifestantes inermes, y las protestas de los altos oficiales del ejército contra la salida de la momia de Franco del “valle de los caídos”, ha sacado a la luz el perfil franquista de todo el aparato del Estado, que había permanecido agazapado durante décadas.  La razón de ello es que en este ambiente social, donde el régimen llama al aparato del Estado (Monarquía incluida) a destacarse y a dar un paso adelante para que lo defienda, este aparato se siente más liberado y más confiado para mostrarse abiertamente como realmente es. Nos gobierna una casta judicial, de mandos del ejército y de la policía que ha heredado las posiciones que ostentaban sus padres, tíos y abuelos hace 40 años, y más. Este aparato de Estado sin depurar representa, como estamos viendo, un enorme peligro para la clase obrera y para todos los que padecen las injusticias del sistema.

Las señas de identidad de este aparato de Estado, así como de la derecha y la ultraderecha, han sido siempre el nacionalismo español y su bandera rojigualda, a cuyo frente se ha colocado ahora de manera destacada la figura de Felipe VI, como máximo garante del orden y de los privilegios de los poderosos.

Es la obligación del activismo de izquierdas atacar, desacreditar y exponer la hipócrita falsedad de estos elementos patrioteros para presentarlos como realmente son: un instrumento de opresión social.No puede haber igualdad de intereses ni hermandad entre el patrón que explota y el obrero explotado, entre el rico y el pobre, entre los que honran a Franco y quienes sufrieron la dictadura o tienen a los suyos enterrados en cunetas; entre Casado, Aznar y Abascal y los activistas populares y de izquierdas. La auténtica soberanía nacional pasa por que toda la riqueza del país sea propiedad colectiva y común de quiénes la crean, de la clase trabajadora.

El nacionalismo españolista: un instrumento de opresión 

Cuando reprochamos desde años atrás a los dirigentes de Podemos su coqueteo con el nacionalismo español y con términos de tan infausto recuerdo para la clase obrera, como "patriota" y "patria", sabíamos de los peligros que entrañaba realzar la autoridad de términos tan queridos para los fascistas y la derechona. 

Ahora vemos con claridad meridiana el papel reaccionario y nefasto del nacionalismo opresor español, no sólo contra otros pueblos o sentimientos nacionales dentro del Estado, sino contra cualquier reclamo progresista y de clase, que es tildado de "antiespañol", y que debe ser destruido. La expresión más concentrada de esto, en absoluto anecdótica, ha sido el caso del fascista Manuel Sánchez Murillo, simpatizante de Vox e hijo del último alcalde franquista de la localidad catalana de Rubí, que planeaba atentar como francotirador contra Pedro Sánchez, y cuyo caso ha sido desestimado por la Audiencia Nacional como “terrorismo”, mientras que este mismo tribunal condenó a prisión al rapero Valtonyc, por hacer “apología del terrorismo” en las letras de sus canciones.

También vimos la provocación criminal de Ciudadanos, el PP y Vox en Alsasua (Navarra) haciendo un acto de apología de la Guardia Civil para humillar a los vecinos de esta localidad y a los jóvenes condenados a largas penas de prisión por una pelea en un bar con guardias civiles fuera de servicio, o la detención del dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, por “injurias a la Corona”.

Lo más preocupante es la ausencia de una respuesta organizada y coordinada a nivel estatal para responder a estas provocaciones del aparato del Estado. Si los dirigentes de Unidos Podemos, el movimiento de Alsasua, el republicanismo catalán, los movimientos de la Memoria Histórica, los diversos artistas "famosos" encausados por delitos de opinión, y el resto de la izquierda militante unieran sus esfuerzos para organizar un frente único estatal contra la represión y por los derechos democráticos, eso tendría una respuesta potentísima que cambiaría toda la situación y ofrecería una alternativa a la ofensiva franquista del aparato del Estado y su bandera rojigualda. 

Pánico a la agitación republicana 

Y, sin embargo, ha bastado con que los dirigentes de Unidos Podemos levantaran su voz  a favor de la República para que todo el régimen empiece a agitarse con temblores. Y esto es así porque todas las fuerzas reaccionarias del país están pivotando alrededor de la monarquía borbónica, y menoscabar su autoridad significa menoscabar el régimen en su conjunto. 

Ha empezado a rodar una bola de nieve que puede y debe agrandarse en los próximos meses, agitando y extendiendo el sentimiento republicano en la sociedad. Ahí están los referéndums simbólicos en barrios, ciudades y universidades para decidir entre monarquía y república, la proliferación de banderas republicanas en todas las movilizaciones de masas e, igualmente de importante, la conformación de una coordinadora estatal por la República, acordada el pasado 10 de noviembre en Madrid, que aglutina a más de un centenar de asociaciones republicanas y organizaciones de izquierdas, para hacer agitación y movilizaciones por todo el país.

La agitación por una república democrática avanzada está preñada de posibilidades revolucionarias. Una república democrática sería un golpe decisivo contra la reacción, implicaría no sólo la abolición de la monarquía, sino la extirpación del aparato de Estado neofranquista, la separación completa de la Iglesia del Estado y el fin de los privilegios escandalosos de esta institución reaccionaria, aseguraría el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas y le daría un sentimiento de poder y soberanía verdaderos a las masas populares, comenzando por la clase trabajadora. 

Por la república y el socialismo 

Aun cuando los marxistas revolucionarios insistimos en vincular la lucha por la república con la transformación socialista de la sociedad, única manera real de solucionar los problemas que aquejan a nuestra clase, poner en pie un frente único por el objetivo central de la república con todas las fuerzas de izquierdas y auténticamente democráticas, para hacerla realidad, sería un paso adelante en sí mismo y también reforzaría la lucha por el socialismo.

Es significativo, en este sentido, el informe publicado por El País, a través de una encuesta encargada por este diario, en el que se constata: "La encuesta deja una crítica rotunda al sistema y a quienes toman las decisiones: el 42,4% cree que el capitalismo no es compatible con la democracia, ya que genera desigualdad y pobreza" (Los españoles responsabilizan de la Gran Recesión a la banca y la política, El País 10/11/18). Y que los trabajadores de la empresa de aluminio, Alcoa, estén reclamando al gobierno de Sánchez la nacionalización de la empresa, amenazada de cierre, es un indicativo también del carácter anticapitalista y socialista que puede adquirir la lucha del movimiento obrero español cuando se desate la próxima crisis económica que se está anunciando a nivel global. 

En este aniversario, pues, la voz de mando para el movimiento obrero y la izquierda española debe ser: ¡Abajo el régimen monárquico del 78, su corrupción y sus injusticias! ¡Por la República! ¡Por el socialismo!

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