El pasado 30 de Marzo, el ministro de Ciencia, Pedro Duque explicó el anteproyecto para reformar la actual Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que espera aprobar antes de finalizar el año 2021. Una de las principales novedades consiste en la implantación de la figura de tenure track con el fin de “estabilizar a los mejores científicos en un momento crucial”.
La figura de tenure track existe actualmente en varios países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Italia (y hasta final de los 80s existió también en Reino Unido). Consiste básicamente en un periodo probatorio del científico de varios años con vistas a una evaluación externa final y la consecución de una posición permanente acompañada de una “libertad académica” para desarrollar cualquier tipo de investigación académica. Se trataría pues de una posición permanente de la que, en principio, uno sería despojado casi exclusivamente por casos graves de mala conducta.
Uno podría pensar que importar fórmulas existentes en países punteros en investigación científica significaría un paso adelante en el desarrollo de un país en el que la investigación básica (y no tan básica) siempre se ha movido en un ámbito de total precariedad. Sin embargo, existen dos factores que nos hacen sospechar que esta pretendida reforma no solo no resolverá el problema de la precariedad de la ciencia en España, sino que es bastante posible que se acentúe la espiral descendente en la que se encuentran la práctica totalidad de personas que algún día de su vida decidieron dedicar sus vidas a la ciencia en nuestro país. El primer factor es la consabida máxima “igualdad entre desiguales solo puede conllevar desigualdad”. La realidad material de los países anteriormente mencionados en cuanto a modelo productivo, potencial económico, herencia científica, generador versus consumidor de tecnología… tiene más bien poco que ver con la realidad de la ciencia y la tecnología en España. El segundo factor es la letra pequeña que veremos a continuación.
La realidad es que la figura de tenure track, planteada en la reforma de ley, no garantiza un puesto fijo al estar sometida a la oferta de empleo público, la cual, siendo la clave del problema en el sector, no tiene visos de incrementarse. Además, y sobre todo, la reforma lleva asociada la eliminación de la figura de Científico Titular. Figura esta que, al contrario que la tenure track, sí pertenece a la escala funcionarial con derechos y retribuciones asociados y es alcanzable a través de las actuales plazas posdoctorales Ramón y Cajal, por ejemplo, aunque esa es otra historia en muchas ocasiones triste también. La figura del tenure track español es, por tanto, un falso tenure track. Una supuesta escala laboral indefinida a la que se llega tras dos acreditaciones y sin la garantía de ser un puesto fijo. Parece que lo único “chic” de esta posición es el nombre, más aún cuando la propuesta de reforma se está aún puliendo al recibir un informe negativo del Ministerio de Trabajo en el que se aseguraba que la figura de tenure track podría ser inconstitucional y desproteger al trabajador.
Otros importantes aspectos no abordados en el anteproyecto son de nuevo la cronificación de la precariedad de los contratos predoctorales, la total falta de alusión a la financiación (mientras que la brecha en el gasto en I+D+i respecto al PIB sigue creciendo con respecto a la media europea) o, por ejemplo, el olvido al personal de gestión, investigadores hospitalarios y la inestabilidad y falta de carrera profesional a los técnicos de laboratorio (cuya regulación estaba contemplada en una disposición adicional de la norma actual que data de 2011).
Por supuesto, el anteproyecto sí aborda los aspectos mercantilistas de la ciencia en relación a facilitar la generación de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación o la orientación de las oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado. Aspectos, todos estos, en estrecha relación con la adquisición a bajo coste, por parte de empresas tecnológicas privadas y posterior creación de patentes, del conocimiento científico desarrollado en las universidades y demás instituciones de investigación pública. Véase, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo lucrativo de las vacunas COVID en el mundo del liberalismo occidental.
Es conveniente, en este momento, describir al lector cómo es la carrera media de un investigador en España para que no se lleve la falsa impresión de identificar este colectivo como “gente obsesionada con posiciones permanentes”. En realidad, esta gente no está tan interesada en “la excelencia” promulgada por el ministro, y simplemente quieren hacer compatible su trabajo de investigador con el hecho de poder pagar un alquiler y vivir dignamente.
Actualmente, los científicos que se dedican a investigación han concluido (y pagado) su Grado y Master universitario, y han obtenido calificaciones académicas suficientemente altas como para solicitar y conseguir una beca y posición predoctoral en un departamento de investigación (universidad o centro de investigación). La remuneración de esta beca está en torno a los 800-1000€ y concluye con la presentación de una tesis doctoral en un plazo de unos 4-5 años. Las becas predoctorales ofertadas suelen tener una duración de tres años, así que suele haber un periodo “interesante” en los últimos años previos a la defensa de la tesis doctoral.
Una vez concluida la tesis doctoral a la edad de unos 30 años, es hora de que el nuevo doctor se “foguee” en el mundo de las becas y contratos posdoctorales. en los que se suelen encadenar varios (dos o tres) de estos contratos, normalmente en distintas instituciones. Las becas/contratos posdoctorales en España suelen rondar los 1500€ y es en este punto de la carrera investigadora donde normalmente ocurre la “fuga de cerebros” y también el abandono de la carrera investigadora hacia la empresa privada. La oferta internacional de becas/contratos posdoctorales es, por supuesto, bastante superior a la nacional, y la facilidad para conseguir estos contratos es también superior en el ámbito internacional. Es fácil también que el salario internacional doble al que se obtendría en España y la duración del contrato será, casi con toda seguridad, mayor. Todos estos factores, más la “recomendación” de haber cosechado experiencia internacional para regresar en algún momento a España con posibilidades de optar a plazas permanentes, hacen que muchos investigadores marchen al extranjero y muchos no regresen más al sopesar pros y contras. Otro factor digno de mención es la tendencia internacional a la contratación de científicos españoles, sobre todo en los campos de biología, medicina y aeroespacial por el alto grado de preparación de los investigadores e ingenieros, su espíritu de sacrificio y su gran motivación para realizar su trabajo en condiciones más favorables. España es así un país consumidor de ciencia y tecnología y un gran exportador de científicos e ingenieros.
La investigación científica en España es, por tanto, un sector altamente vocacional en el que son necesarias grandes dosis de auto-motivación para no abandonar. Es también un sector altamente precarizado y curtido en mil luchas para tratar de cambiar un modelo productivo nacional impuesto desde dentro y desde fuera. Un sector que trata de explicarnos que no son los países ricos los que invierten en ciencia, sino que son países ricos porque invierten en ciencia.
España no puede permitirse cosas como tener científicos clave en proyectos internacionales renovados año a año, o incluso meses. No puede permitirse destinar montañas de fondos para adquirir equipos científicos y no financiar al operario que los hace funcionar. No puede permitirse burocratizar a sus científicos más punteros convirtiéndolos en puros caza-proyectos a tiempo completo para mantener a flote su departamento. No puede permitirse conceder proyectos a centros de investigación con la obligación de subcontratar y destinar casi toda la financiación a empresas tecnológicas dejando escaso retorno científico en el centro público, e hinchando el sector privado. No puede permitirse tener colas de jóvenes investigadores españoles pidiendo justificantes de atención a cualquier ínfimo congreso, workshop, curso online, charla o webinar nacional o internacional para completar su montaña de méritos, y poder así optar a una plaza temporal de 1.500€.
La pandemia del COVID ha demostrado la importancia de apoyar el tejido investigador público nacional. La investigación biomédica es el puntal científico español que cuenta con gran historial y reconocido prestigio internacional, y se lleva buena parte de la (escasa) financiación investigadora del país. La crisis del COVID se ha podido emplear como oportunidad para originar una revolución en este sector que podría haber contagiado al resto de áreas de investigación. La opinión pública ha sido clara desde el principio, ha reconocido la importancia de la investigación como motor industrial del país y ha reconocido la labor de los profesionales de la investigación médica en este difícil periodo de la historia. La respuesta de los gobiernos locales y nacional fue decepcionante como siempre, y se impuso la ley del mercado en la toma de decisiones. Se hicieron contrataciones temporales de profesionales médicos cuando se necesitaron, se despidieron cuando se pensó que no se necesitarían más, se crearon hospitales no funcionales para repartir contratos a empresas constructoras. Y, sobre todo, y para no ser avergonzados por países como Cuba, se inició el desarrollo de una vacuna nacional contra el coronavirus asignando un presupuesto ínfimo (la décima parte de lo que cuesta poner en órbita el instrumento más sencillo) a grupos liderados por investigadores senior ya jubilados y personal predoctoral y posdoctoral con contratos de varios meses a un año como ya se ha descrito anteriormente. Aun cuando los resultados son prometedores, no se puede desarrollar una labor tan importante como ésta basándose solo en la vocación y el sacrificio de profesionales altamente cualificados y que constituyen la élite del conocimiento del país.
Las movilizaciones del pasado 15 de abril convocadas por la Coordinadora Marea Roja de investigadores, CCOO y otros sindicatos en varias regiones de España, tuvieron como motivo la protesta contra esta reforma, claramente insuficiente e incluso adversa, pero como hemos visto, hay mucho más. Se trata de otra vuelta de tuerca hacia la precarización de la investigación pública española. Desde la Corriente Marxista Internacional exigimos que los cambios en la ley se negocien en una mesa de dialogo social al igual que se hizo con la ley 14/2011 y que se aborden de una vez por todas los dos problemas clave: la financiación del sector y la oferta pública de empleo. Sólo de esta manera podremos avanzar hacia un sistema público de I+D+i, evitar el exilio de nuestros científicos y pasar de un país consumidor a uno de generación de ciencia y tecnología.
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