Nuestra posición ante la Ley de comunicación audiovisual

Un paso que fortalece al movimiento social y limita a los oligopolios

Durante el mes de octubre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se trata en el senado. En septiembre obtuvo media sanción en diputados con algunas mejoras impulsadas por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y por diputados de Proyecto Sur y la centroizquierda. El gobierno intenta que sea aprobado sin cambios, mientras la oposición de derecha busca demorar su tratamiento para bloquear la aprobación de la ley con el recambio legislativo del 10 de diciembre. De mínima, intentan introducirle algunos cambios que favorezcan a los grandes multimedios y que deba volver a diputados retrasando su sanción.

Ofensiva de las empresas y la derecha

Los puntos más cuestionados por las empresas y sus representantes en el parlamento son:

1. La autoridad de aplicación (que tendría una mayoría que responde al ejecutivo, como, por otra parte, sucede en casi todos los países y en la legislación hoy vigente), Proponen que sea integrada por parlamentarios opositores o por ¨personalidades independientes¨; o sea, por ellos.

2. El plazo para adecuarse a la nueva legislación que está previsto en un año (con lo cual los oligopolios deberían desinvertir y/o desprenderse de varios medios en los próximos meses). Recordemos que sólo cuatro grupos concentran más del 80% del negocio y también de la producción de contenidos (el grupo Clarín posee un 35% del mercado).

3. Que los capitales extranjeros no pueden superar el 30% (aunque se puede pedir autorización para ampliar el porcentaje y hay tratados internacionales previos que la ley respeta), mientras hoy hay medios totalmente en manos transnacionales (canal 9, FM Rock & Pop, etc.) y otros, como Clarín, con un gran porcentaje de capitales norteamericanos.

4. El reparto de la publicidad oficial (del Estado nacional y provinciales) que las grandes empresas pretenden sea adjudicada en proporción al tamaño de cada medio, acentuando la concentración.

Los cuestionamientos revelan la voluntad de entorpecer cualquier cambio a la legislación actual (favorable a la concentración y los grandes negocios), y de derrotar políticamente al gobierno. De aprobarse este proyecto los multimedios continuarán presionando durante su reglamentación y obstaculizando la implementación. Y siempre les queda el recurso judicial donde una cola de ¨prestigiosos constitucionalistas¨ se ofrecen para el trabajito de defenderlos.

Aspectos positivos

Uno de los avances más positivos del proyecto es que reemplaza la concepción de la comunicación como una actividad económica más, como mercancía. Las empresas de medios buscan maximizar ganancias y, por lo tanto, difundir lo que atrae publicidad o lo que más vende, o lo que beneficia económica y/o políticamente a la empresa o a sus anunciantes. En cambio, se introduce el concepto de derecho a la información y a la cultura. Establece que la comunicación es un bien público administrado por el Estado y concedido mediante licencias revocables, limitadas a 10 años y por tiempo determinado (10 años prorrogables por otros 10) a organizaciones comerciales o sin fines de lucro (comunitarias, sindicales, cooperativas, universidades, pueblos originarios, de DD.HH., ONG´s, etc.)

Estas limitaciones a la actividad comercial y la introducción de un tercio del espacio audiovisual para los medios estatales y otro tercio para los nuevos actores sin fines de lucro mencionados, es otro de los avances importantes. Radios como Continental o Mitre, y sus FMs, tienen hoy repetidoras en casi todas las provincias, centralizando la información y reduciendo las posibilidades laborales de los trabajadores de la comunicación.

La presión de las movilizaciones organizadas por la Coalición por una Radiodifusión Democrática consiguió algunos cambios progresivos en el proyecto del gobierno. Recordemos que el día en que se dio media sanción estaba convocada una marcha con la consigna ¨Sí a la ley, No a las telefónicas¨.

Correctamente, Proyecto Sur (y algunos legisladores de centroizquierda) acompañaron el proyecto en general e introdujeron modificaciones importantes. El diputado Lozano consiguió que se atendieran 17 de los 25 cambios propuestos por Proyecto Sur, algunos de ellos en un 100%. Por ejemplo, la prohibición del ingreso de las grandes telefónicas a la propiedad de los medios (sí se le permite a las cooperativas telefónicas locales), la concepción de la comunicación como bien público, un mayor peso de las audiencias públicas, medidas de control y remoción de la autoridad de aplicación, su conformación de manera más plural y federal y que no forme parte del poder ejecutivo, o la limitación al respeto de los tratados internacionales sobre inversiones sólo al caso de reciprocidad en radiodifusión y el control de emisiones radioeléctricas.

¿Pueda haber verdadera libertad de información en el capitalismo?

Mientras un puñado de grandes capitalistas, con sus millones, disponga de diarios, radios y canales de TV de difusión masiva para mentir y moldear a la opinión pública a favor de sus intereses de clase; y organizaciones obreras y populares que representan a millones de trabajadores y excluidos carezcan de medios económicos para difundir un  modesto programa de radio o una prensa regular, hablar de libertad de información es un chiste.

Por eso, desde la Corriente Socialista El Militante seguiremos luchando por un sistema de medios sostenido por el Estado y bajo control de los trabajadores y de las organizaciones de la comunidad involucrada. Así podría garantizarse que sectores postergados o sin posibilidades pudieran acceder a la recepción y producción de información y cultura.

Pero sabemos que esto sólo podrá conseguirse paralelamente al control obrero y popular de los demás recursos y palancas fundamentales de la economía. Mientras tanto, saludamos todo avance que se ponga limitaciones a los oligopolios y fortalezca el movimiento de los comunicadores populares y las organizaciones sociales. Un paso adelante por parte del movimiento es más importante que una ley "perfecta" sobre el papel.

A la vez, queremos señalar algunas limitaciones que persisten. Este proyecto mantiene la preeminencia de los medios privados, y los estatales quedan bajo control gubernamental, y no asegura la supervivencia de los medios comunitarios, obligados a la búsqueda de apoyo publicitario privado.