La madrugada del 3 de mayo, cuerpos de la armada venezolana y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) frustraron una incursión marítima de mercenarios en las costas de Macuto, Estado La Guaira, quienes pretendían poner en marcha acciones terroristas y desestabilizadoras, así como un posible magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro. Esta acción ha sido reivindicada por Jordan Groudreau, ex boina verde y actual «contratista de seguridad» estadounidense, quien entrenaba a agrupaciones de voluntarios y militares venezolanos desertores en Colombia para realizar operaciones terroristas en Venezuela. Este personaje a su vez señaló la activación de varias células armadas ya insertas en el país y los nexos directos que sostuvo con Juan Guaidó, a través de un contrato por 212 millones de dólares para ejecutar tales acciones, que la marioneta imperialista incumplió.

El mes de octubre de 2019 estuvo marcado por una oleada insurreccional en América Latina. Del 2 al 14 de ese mes se desarrolló un magnífico levantamiento obrero e indígena en Ecuador contra el paquetazo del FMI que el gobierno de Lenín Moreno quería imponer. Casi inmediatamente le siguió el estallido insurreccional en Chile cuyo inicio se puede fijar en la jornada del 18 de octubre y que continúa todavía, aunque con menor intensidad, en el momento de escribir estas líneas en enero de 2020.

En medio de la conmoción global desatada por la propagación de la pandemia del virus Covid-19, el imperialismo estadounidense ha decidido escalar en los niveles de agresión e injerencia contra el gobierno venezolano. Hace pocas horas, el Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos por narcotráfico, corrupción y promoción al terrorismo contra Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y 13 altos funcionarios estatales, buscando legitimar futuras acciones intervencionistas y golpistas en Venezuela.

El día 5 de febrero dos dirigentes sindicales del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios recibieron una notificación de prohibición de entrada en el puesto de trabajo, una solicitud de calificación de despido y una citación ante la Inspectoría del Trabajo para el viernes 7 de Febrero. Este es un caso claro de represión sindical que afecta al secretario general de Sutrabfogade, William Prieto, y al delegado de prevención William Guzmán. Llamamos a enviar mensajes de protesta.

El Bloque Sindical de Unidad Social ha exigido al gobierno implementar inmediatamente medidas preventivas de cuarentena para combatir el Covid-19. Sino, llamarían a una ”Huelga General Humanitaria” para paralizar la economía que no sea esencial. Mientras Piñera trata de usar la crisis sanitaria para terminar con el levantamiento que ya lleva 5 meses.

Chile vive una nueva jornada de huelga general, como parte del levantamiento contra el régimen que ya cumple casi 40 días de lucha. El gobierno sigue intensificando la represión (denunciada por organismos internacionales) e incluso modifica la legislación otorgándose más poderes para usar al ejército “en el resguardo de edificios públicos” sin necesidad de decretar el estado de emergencia, al tiempo que trata de desmovilizar mediante “acuerdos” y promesas de negociación. Las condiciones están dadas para tumbar a Piñera, pero ¿qué es lo que falta?