LA REPÚBLICA Y LA CLASE OBRERA

En Francia tenemos Mayo del 68 y la Comuna de París; en Italia el otoño caliente y la guerra partisana contra el fascismo; la revolución de los claveles en Portugal… Estos acontecimientos, aparentemente tan lejanos en el tiempo, resurgen una y otra vez. Sarkozy llego al poder autoproclamándose "el enterrador del 68" (palabras literales). La burguesía trata de exorcizar sus demonios del pasado, rescribiendo la historia en su interés, absorbiendo comercial e ideológicamente lo que puede transformarse en mercancía y desechando lo que puede ser amenazador para el sistema. Del mayo francés se pretende aceptar la libertad sexual, pero enterrar la lucha obrera y las ocupaciones de fábricas.

George Orwell decía que quien controla el pasado, controla el presente y el futuro. Al contrario que los historiadores y pensadores burgueses (o incluso algunos de izquierdas), los marxistas no rebuscamos en el pasado con la intención de justificarnos o lamentarnos. Tratamos de comprender la historia como una lección de cara el futuro, para que la historia no se repita "como una farsa". Así pues, luchar por la hegemonía de un concepto no es una simple batalla académica. Se trata de comprender las bases que nos permitirán guiar nuestra acción como revolucionarios.

En el Estado Español, está claro que la tradición del movimiento obrero español se ha desarrollado en muchos casos en torno al concepto de República. Desde los inicios de la organización obrera, durante el sexenio revolucionario (1868-74), pasando por el proceso de la II República y la guerra civil, la lucha antifranquista y la Transición, el concepto República ha variado de connotación y ha sido utilizado según intereses diversos. Un repaso histórico nos ayudará a trazar una relación entre República y clase social, definir realmente las raíces y potencialidades del republicanismo español.

Las bases del republicanismo en España

En el siglo XIX, se había hecho evidente que España había pasado de ser una potencia europea a convertirse en un país atrasado, con las estructuras y formas políticas propias de un Estado incapaz de abandonar el pasado, pero tampoco de aislarse del presente. La monarquía jugaba un papel central en todo el entramado sociopolítico español, ejerciendo el papel cohesionador de los intereses oligárquicos (clero, nobleza rentista, ejército, burguesía industrial). Así pues, es completamente natural que los sectores más progresistas de la sociedad percibieran a la corona como un obstáculo para la modernización y el desarrollo de España y tomaron como referente el republicanismo.

La oligarquía monopolizaba todo el aparato político, distribuido por la monarquía en función de la correlación de fuerzas entre las diferentes facciones de la oligarquía, ya fueran partidos o militares, que reclamaban el poder a través de pronunciamientos militares. El sistema funcionaba del siguiente modo:

“Al estar bloqueada la democratización, la única posibilidad que los partidos tenían para llegar al Gobierno era apoyarse en - o apoyar a – una figura militar, un espadón que a su vez, podía tener o no el respaldo de la reina. Si gozaba de ese respaldo, el militar en cuestión presidía el Gobierno de forma constitucional; si no gozaba del respaldo real podía estar tentado al pronunciamiento con objeto de obligar a la reina a concederle su apoyo”. (Historia Económica y social contemporánea de España, Santos Juliá Díaz, Editorial Uned, 2002, pág. 257).

Ese sistema era poco representativo a nivel social y provocaba que la mayoría de la población estuviera totalmente marginada del poder político. Las nuevas capas que irrumpen a nivel social buscaban su espacio en el Estado, de forma contradictoria y confusa. El movimiento obrero da sus primeros pasos en Cataluña, sin tener todavía organizaciones de clase, expresándose políticamente a través de las tendencias demócratas pequeño-burguesas que durante el Sexenio revolucionario se radicalizarán hacia el republicanismo.

En 1868 cae la monarquía borbónica siendo sustituida por Amadeo de Saboya, instaurándose una monarquía constitucional que no consigue estabilizar el régimen. Por un lado, la guerra carlista ponía en cuestión el monopolio del poder del Estado y, por otro, múltiples conspiraciones republicanas de la pequeña burguesía militar ponían en entredicho la legitimidad monárquica. El histórico martes 11 de febrero de 1873, tras la dimisión de Amadeo de Saboya, el Parlamento proclamaba la República, en medio de una situación de vacío de poder. Curiosamente, casi ningún diputado había sido elegido como republicano.

Sin embargo, esa República distaba de tener una base social estable o de tener su origen en un proceso revolucionario burgués profundo como la revolución francesa. Por un lado, la incipiente burguesía industrial jugaba ambiguamente, incapaz de desvincularse de la santísima trinidad (nobleza, clero, monarquía), a la que estaba ligada por lazos económicos, políticos y familiares. Por otro lado, la joven clase obrera industrial y el hiperexplotado jornalero agrícola comenzaban a agruparse en sus propias organizaciones, con sus intereses propios y sus particulares métodos de lucha como la huelga general. Los sectores más avanzados se agrupaban en la filas de la A.I.T., popularmente conocida como la Internacional, en España bajo dirección de los anarquistas. Intentando conciliar tan antagónicos intereses, se encontraba la pequeña burguesía (artesanos, profesionales liberales, sectores de la oficialidad y del aparato del Estado) agrupada en multitud de tendencias republicanas: los históricos de Castelar, los centralistas de Salmerón, los federales-pactistas de Pi y Margall y los progresistas-demócratas o revolucionarios de Ruiz Zorrilla.

La clase trabajadora entra en escena con sus propias reivindicaciones. Hay reuniones de masas en Barcelona y otros puntos del Estado, y en Alcoy (punto de gran concentración industrial de la época) se produce un movimiento insurreccional. La cuestión en aquel momento era formar, utilizando el lenguaje de Gramsci, un nuevo bloque histórico capaz de sostener el régimen republicano. La utilidad de la República en aquel periodo histórico la explica Engels a la perfección:

“España es un país muy atrasado industrialmente, y, por lo tanto, no puede hablarse aún de una emancipación inmediata y completa de la clase obrera. Antes de esto, España tiene que pasar por varias etapas previas de desarrollo y quitar de en medio toda una serie de obstáculos.

“La República brindaba la ocasión para acortar en lo posible esas etapas y para barrer rápidamente estos obstáculos. Pero esta ocasión sólo podía aprovecharse mediante la intervención política activa de la clase obrera española.

“La masa obrera lo sentía así; en todas partes presionaba para que se interviniese en los acontecimientos, para que se aprovechase la ocasión de actuar, en vez de dejar a las clases poseedoras el campo libre para la acción y para las intrigas, como se había hecho hasta entonces” (Los bakuninistas en acción- Memoria sobre el levantamiento en España en el verano de 1873, F. Engels).

Los dirigentes de la AIT, anarquistas, se negaron a participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente, dejando la redacción de esta Constitución en manos de los republicanos moderados, incapaces de satisfacer las demandas de las capas populares. Esta insatisfacción creciente culmina en el estallido de las revueltas cantonales, producto directo de dos factores: por un lado, la histórica incapacidad de las clases dominantes de crear un Estado unificado; y, por otro lado, la atomización confusa del movimiento popular, que imposibilitan el planteamiento una lucha centralizada.

En 1874, el general Martínez Campos da un golpe de estado que reinstaura la monarquía. Los partidos burgueses (conservadores y liberales), asustados por la radicalidad del movimiento cantonal, apoyan este pronunciamiento.

Así termina la Primera República española, con la casi extinción de los partidos republicanos y una dura lección para el incipiente movimiento obrero español. A lo largo de la década de 1880 se produjeron una veintena de intentos insurreccionales republicanos, pero condenados al fracaso al carecer de apoyo social. Tras el fin de la primera experiencia republicana, la sociedad española entra en una nueva fase de desarrollo político, donde hay un progresivo fortalecimiento de la organización obrera en el marco del llamado turnismo político, donde liberales y conservadores se sucedían en el poder como las dos caras del mismo régimen.

Del fortalecimiento de la clase obrera como sujeto político autónomo a la Segunda República.

La clase trabajadora comienza el siglo XX en una situación de cambios tanto estructurales como a nivel de organización política. Comienza una lenta industrialización a través de capitales extranjeros de algunas zonas del Estado (Catalunya, Madrid, País Vasco) que se acelera a partir de 1910.

La irrupción de la clase trabajadora organizada en partidos, sindicatos, organizaciones de masas, cambia por completo la política española. Si por ejemplo la AIT tiene en 1881 58.000 adscritos, en 1910, entre la CNT y la UGT cuentan con 200.000 trabajadores entre las dos. Además, surge el PSOE (1878), con lo cual, por primera vez en la historia, la clase trabajadora tiene un partido que defienda sus intereses. Como ocurre en el resto de Europa (aunque con sus características peculiares), se pasa de partidos de élites y notables a partidos de masas. Como se puede suponer, el republicanismo ya no podía fundamentarse en personalidades o camarillas. La irrupción de la clase trabajadora dejaba una cosa clara: el republicanismo era popular y obrero o no sería.

Los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona en 1909 tienen un impacto brutal en la conciencia de todos los estratos sociales. Los partidos republicanos como el Partido Radical de Lerroux revelan una gran contradicción: no pueden oponerse a la monarquía firmemente sin la clase obrera y, por otra parte, no existe una base social para estabilizar el régimen monárquico a medio plazo

Esa inestabilidad se revela a lo largo de las décadas de los 10 y los 20: el Trienio Bolchevique (18-21) y, finalmente, con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1922. Termina así el largo periodo del turnismo político. Se forman dos bloques socialmente delimitados por composición e intereses de clase: el bloque oligopólico, encabezado por la burguesía, clero, terratenientes y militares; y el bloque obrero, organizado en partidos y sindicatos de clase. Y es la propia clase obrera, con el apoyo de un sector de las clases medias urbanas, la que derriba el régimen monárquico en 1931, proclamando la República. Rápidamente, la burguesía se sube al carro y “no pocos dirigentes de organizaciones patronales volvieron a despertar su dormido republicanismo” (La España del Siglo XX, Santos Juliá, Editorial Marcial Pons, 2007, pág. 78.)

La Segunda República: ¿República concreta o República abstracta?

El nuevo régimen republicano que surge en 1931 no era un Estado que operaba en el vacío, por encima de las clases sociales y partidos. Era más bien un conglomerado de intereses contradictorios e irreconciliables, con la burguesía intentando mantener sus privilegios (y para ello no dudaba en reconvertirse en republicana) y con la clase obrera percibiendo a la República como un medio para mejorar sus condiciones de vida. El Gobierno liberal-socialista opta por una República que no ataque ni a la propiedad privada ni el viejo aparato del estado monárquico, provocando la decepción de las masas, que asociaban Republica a cambio social:

“La República recibió el apoyo masivo de las clases populares, no para que realizara un ideal de justicia si no para que pusiera en marcha una serie de reformas sociales y económicas profundas e impostergables, es decir, para que aplicara la justicia. Estas reformas no acabaron de llegar y la República perdió una parte decisiva de sus apoyos a los pocos meses de ser proclamada. El Estado republicano intentó legitimar la brutal represión de las protestas sociales que despertaron las expectativas incumplidas argumentando en nombre de una legitimidad abstracta que solo logró convencer a una parte de las clases cultas republicanas” (Izquierda y Republicanismo, Armando Fernández Steinko, Akal 2010, pág. 394).

Particularmente importante es la no resolución de la cuestión agraria, pues permite a la posterior contrarrevolución franquista dotarse de una base social, (fundamentalmente campesinos del noroeste) que, junto al ejército y la influencia eclesiástica, le permiten dotarse de hombres suficientes para sostener la guerra civil.

Revueltas como las de Casas Viejas en 1933, reprimida con dureza por el Gobierno a través de la guardia civil, revelan las contradicciones del régimen republicano y abre las puertas a la victoria de la derecha ese mismo año. La incapacidad de los republicanos y sus aliados socialistas para resolver los problemas de las masas también provoca la radicalización de importantes sectores del PSOE, que comienzan a hablar directamente de una República Obrera, es decir, no un Estado falsamente neutral, sino uno que gobernara para la mayoría social.

Una República bajo la democracia burguesa también puede ser gobernada por la derecha. En 1934, tras entrar la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en el Gobierno de Lerroux, los trabajadores liderados por el sector de Largo Caballero (PSOE-UGT) lanzan una insurrección en todo el Estado que se transforma en revolución en Asturias. La falta de coordinación, la escasa implicación de los anarquistas de la CNT-FAI, y lo artificial de la insurrección en algunas zonas del Estado hacen que solo triunfe en Asturias, donde esos factores no se dan. Durante los días 5 y 19 de octubre de 1934 los trabajadores asturianos demuestran que es posible una República que gobierne para los trabajadores, siempre que el poder sea ejercido por los propios obreros a través de sus propias instituciones (las llamadas Alianzas Obreras), en contraste con una República burguesa, donde la clase empresarial es la que dicta las reglas del juego. El aislamiento de la revolución asturiana lleva a su derrota y se desata una feroz represión.

El Gobierno de derechas entra en una nueva crisis y se convocan nuevas elecciones. La izquierda obrera (PSOE-PCE-POUM) decide participar en alianza con los partidos republicanos burgueses, dando lugar al Frente Popular. ¿En qué consiste exactamente el Frente Popular? Significó la renuncia de los partidos obreros a ejecutar las demandas de su base social en aras de un programa de corte reformista, pero que no aborda de raíz los grandes problemas del Estado español: la enorme desigualdad provocada por la propiedad privada, el enorme poder de la Iglesia (en 1936 había tantos religiosos profesionales como estudiantes secundaria), la cuestión agraria (en la mitad sur, el 75% de la población tenía el 4,7% de la tierra, mientras el 2% poseía el 70%)… Es decir, repetir el mismo error de 1931, solo que en una situación diferente, pues la confianza de los votantes del Frente Popular en un republicanismo “neutral” era nula. Nada más ganar las elecciones el Frente Popular, los jornaleros rurales se lanzan a ocupar tierras y la burguesía, alarmada por la radicalización social, decide dar un golpe de estado.

El golpe de estado franquista desata una revolución social sin precedentes tanto en profundidad como en fuerza. Los trabajadores toman las fábricas (sobre todo en Catalunya), forman sus propias milicias, suspenden la legalidad burguesa y se lanzan a construir una República acorde a sus necesidades. Los dirigentes del PSOE-PCE, lejos de apoyar esta revolución de tendencias socialistas, prefieren apostar por seguir manteniendo una alianza con una burguesía fantasma.

Dimitrov, maximo dirigente de la Internacional Comunista en aquellos momentos, lo planteó claramente:

"Hoy en día, en una serie de países capitalistas, las masas trabajadoras tienen que elegir concretamente, por el momento, no entre la dictadura del proletariado y la democracia burguesa, sino entre la democracia burguesa y el fascismo". (Euvres Choisies, Dimitrov, París 1952, pág. 137).

El PCE, completamente subordinado a Moscú, planteó durante la guerra civil (y plantea todavía hoy) una dicotomía en torno a la cuestión de la República. La República debe ser burguesa porque, si no, la otra opción es el fascismo, todo ello bajo la máscara de la democracia. Lukács decía “la democracia es movimiento”, es decir participación ejercida. Los trabajadores ejercían la democracia a través de los hechos, como una cuestión funcional. La República podía pasar de ser un concepto, abstracto, burgués, a convertirse en una República concreta, es decir, que sirve para los intereses de los oprimidos.

El PCE y Moscú (1) bloquearon por completo esa salida revolucionaria. Stalin necesitaba una alianza con las potencias capitalistas y necesitaba demostrar que la URSS ya no era ese espectro amenazante para la burguesía. Así pues, mantener la estructura económica burguesa en aras de la democracia se convirtió en la bandera del Frente Popular. (2)

Los trabajadores intentaron buscar una salida para seguir ejerciendo el poder en sus espacios conquistados, pero otra vez más el espontaneísmo mostró sus límites. Los sucesos de mayo del 37, con las bases de la CNT radicalizadas pero desordenadas y un POUM confuso y timorato, marcan el principio del fin de la revolución española. Comienza la brutal represión estalinista contra los militantes del POUM y de otras tendencias. Parece ser que la democracia solo podía ser ejercida por la burguesía, y no por los revolucionarios. Vemos pues, que conceptos como República y Democracia dependen mucho del contenido de clase con el que se llenen.

Derrota y reconstrucción

La derrota republicana es de proporciones históricas. Conlleva la aniquilación física de la izquierda y un cambio de roles en el panorama político. El PCE pasa a ser el principal partido resistente a través del maquis, la CNT prácticamente desaparece para siempre como organización de masas, el PSOE comienza una etapa en donde prácticamente dejó de tener presencia activa. Los sucesivos Gobiernos exiliados, restos un republicanismo cuya base sociológica ya no existe como tal, se encomiendan a las potencias occidentales democráticas. La implantación del régimen franquista también demuestra la inexistencia de esa supuesta “burguesía democrática y progresista” que justificaba el Frente Popular. Toda la clase capitalista española se pasó al franquismo sin ningún problema.

El PCE se convierte en el principal abanderado de la tradición republicana, posición que consigue a través del sacrificio de su militancia, su trabajo en el movimiento obrero a través de la creación de CCOO, sus apoyos internacionales, aunque también a través de la creación del mito de PCE durante la guerra civil. En ningún momento se planteó un debate dentro del comunismo pro soviético sobre la corrección del planteamiento de la guerra civil, del Frente Popular, la dicotomía república democrática o fascismo…

A partir de los años 50, el movimiento obrero comienza una lenta recuperación en el terreno organizativo, producto del potente desarrollo industrial producido en España. El Partido Comunista lanza su Proyecto de Reconciliación Nacional, que consiste fundamentalmente en romper con la dinámica de dos bandos impuesta por la guerra civil, considerando que excepto la camarilla franquista y la burguesía monopolística , el resto de la sociedad española estaba interesada en su caída. Es decir una reedición del Frente Popular, sin un programa revolucionario ni tan siquiera clasista: el objetivo era una República democrática burguesa, como las existentes en Francia o Alemania. Además, esta República no sería instaurada a través de una movilización social, sino a través del pacto entre los liberales y el movimiento obrero organizado bajo la disciplina del PCE. (3)

Lo que queremos decir con todo esto es que cuando Carrillo proclama que la bandera rojigualda es la bandera de los comunistas, no hay una ruptura, sino una continuidad. Hay un hilo ideológico histórico que une la concepción de República como algo abstracto, sin un contenido de clase y socialista, con la aceptación de la monarquía. Ese hilo es la concepción de la Revolución defendida por los PC. La revolución ya no era concebida como algo concreto, si no como una abstracción que se alcanzaría en un futuro indeterminado, pues la situación objetiva no permitía luchar por el socialismo. Esa concepción lleva primero a obviar las reivindicaciones de transformación económica, en aras de una República democrática a, posteriormente, aceptar la monarquía constitucional, con tal de no movilizar a la clase obrera de forma activa y participativa. (4)

Las explicaciones posteriores del Partido no convencieron a nadie y los dirigentes del PCE no pudieron cumplir el sueño eurocomunista de convertirse en un partido que jugara el rol del PCI en Italia. Al final, la política de colaboración de clases y de integración en el sistema burgués acabó con el PCE siendo una sombra de lo que fue. Según Joan Estruch, en Historia oculta del PCE, la afiliación de Partido cae un 15% casi inmediatamente después de la aprobación de la Constitución. Con lemas como el adoptado en la campaña electoral del 1977 “Votar comunista es votar democracia”, que carece de ningún componente de clase o revolucionario, el PCE pasa de tener mas de 200.000 afiliados en 1977 a 87.000 en 1981. Además, tampoco consiguen afianzarse como principal referente electoral para los trabajadores, convirtiéndose el PSOE en depositario de millones de votos obreros.

De la tradición republicana a una República para hoy.

Una de las falacias más comentadas es que el rey y la monarquía no sirven para nada. Esto es cierto solo hasta cierto punto. No aporta ningún beneficio a los trabajadores, desde luego, y supone un enorme gasto. Pero desde una perspectiva política, la monarquía fue utilizada por la clase dominante para legitimar el sistema y frenar el proceso de movilización antisistémica abierto durante el tardofranquismo.

La monarquía pretendía aglutinar a la nación como una sola, por encima de las clases, instaurando una democracia formal, pero sin tocar los privilegios económicos ni la estructura de propiedad y gestión capitalista. Tampoco se abordó una depuración del aparato del estado franquista: los jueces, policías, militares seguían (y siguen en muchos casos) siendo los mismos. Es decir, la monarquía fue un producto directo de la política de Reconciliación Nacional, pues la clase dominante no podía aceptar una República, sinónimo de ruptura para la base militante de la izquierda.

La cuestión es que la tradición republicana no ha desaparecido de la vida pública española. Walter Benjamin decía en sus Tesis sobre la historia que mirar al pasado a veces puede ser una fuerza más poderosa que mirar hacia un futuro lejano. Los miles de personas que conforman el movimiento de la memoria histórica así lo confirman. La derecha postfranquista del PP trasmite un odio atroz hacia todo lo que huela republicano. Las encuestas del CIS de 2010 muestran que la monarquía es cada vez más rechazada por parte de la juventud, aunque todavía la idea que predomina en muchos sectores de la generación que vivió la Transición es la de mitificar el papel de la monarquía: algo que podría ser resumido en el mensaje oficial de que “el rey nos regaló la democracia y luego nos salvó del golpe de estado del 23F”.

La historia demuestra que cuando la lucha de clases se agudiza, cuando las grandes masas de trabajadores buscan un cambio de raíz en el Estado español, la República se convierte en ese referente por el cual luchar. Pero también podemos observar que República en el Estado Español nunca podrá significar lo mismo que en Francia. Vemos de nuevo cómo no existen conceptos metafísicos y supra históricos, si no concretos y con un contenido de clase. Por eso, la batalla por la República debe también establecerse en un ámbito a la par ideológico y real, vinculado a las tareas objetivas que debe afrontar la izquierda en el actual periodo de la historia y, lo mas importante, orientado hacia alternativas viables para la clase trabajadora.

Ese republicanismo tiene que enmarcarse dentro de la lucha contra el capital, como un medio para la transformación estructural de la sociedad, no solo de su fachada formal: no se trata pues, de transformar un tipo de régimen capitalista, si no de plantear otro sistema completamente diferente. Por eso, apostamos por un determinado tipo de República, que aspire a resolver los problemas que el capitalismo provoca: paro, precariedad, desigualdad económica, degradación social y medioambiental… También que solucione problemas que la burguesía española y su casta dirigente son incapaces de resolver, como la cuestión nacional.

Estos problemas afectan fundamentalmente a la clase trabajadora, única clase que, paradójicamente, puede resolver estos problemas debido a su papel central en la producción. He ahí la gran contradicción de nuestro tiempo: mientras la producción es social, la apropiación es individual. Para ello, proponemos que se vaya a la raíz del problema, con medidas que democraticen también la economía, poniéndola al servicio de la mayoría de la población. Estas medidas deberían comenzar por articular un movimiento en torno a la nacionalización de la banca, y la creación de una banca pública orientada hacia la creación de riqueza social.

En el contexto actual, la lucha por el socialismo y por la República están totalmente unidas. Un mero cambio de rey por presidente no resolvería casi ninguno de los problemas a los que se enfrenta la clase trabajadora a nivel estatal e internacional, aunque sin duda supondría un avance con respecto a la situación actual. Por otra parte , incluso sectores de la burguesía estarían dispuestos a sacrificar al rey para mantener sus privilegios económicos, políticos y sociales, como ya hicieron durante la Transición, cuando muchos burgueses pilares del franquismo se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida ¿Quién dice que esto no podría volver a suceder? La burguesía como clase no tiene otros principios políticos que sus beneficios.

El legado republicano se liga a la historia del movimiento obrero, a sus organizaciones, a sus errores y a sus victorias. Los marxistas tenemos como objetivo enlazar esa historia para que sea un arma de lucha hoy, pero también enlazar los conceptos con los intereses de la clase obrera. Por eso, defendemos una República Socialista y Federal, que conquiste el enorme potencial económico y social para ponerlo al servicio de la mayoría, aprovechando todos los recursos (como por ejemplo, el potencial de los miles de jóvenes preparados en paro) para el beneficio de la clase trabajadora.

Notas

1. ¿Representaba una casualidad en esas circunstancias el hecho de que la acción política del PCE atrajese a su militancia a muchos sectores “no obreros”? ¿Hasta qué punto, objetivamente, era visto como el partido que defendía los intereses de clase de la pequeña y media burguesía? “Los militantes del PCE, según José Díaz, se clasificaban así: obreros industriales: 87.600 - Obreros Agrícolas: 62.250 – Campesinos Propietarios: 76.700 - Clase Media: 15.485 – Intelectuales: 7.045 – Mujeres (sic): 19.300. Si tenemos en cuenta que en el rubro de los obreros industriales se incluía ingenieros y técnicos, no cabe duda de que el PCE se había convertido en un partido interclasista que representaba bastante bien al Frente Popular.” (La guerra civil española, Anthony Beevor. Crítica, 2005. Pagina 715, nota 1 del capitulo 4)

2. “Es absolutamente falso que el actual movimiento obrero tenga la intención de establecer una dictadura proletaria después de que la guerra haya terminado. No se puede decir que nosotros tenemos un motivo social para participar en la guerra. Nosotros los comunistas somos los primeros en rechazar esta suposición. Nosotros estamos únicamente motivados por el deseo de defender la república democrática’. (José Díaz, Mundo Obrero del 6 de agosto de 1936)… L’Humanité, órgano del Partido Comunista Francés, publicaba el siguiente comunicado a primeros de agosto: ‘El Comité Central del Partido Comunista de España nos pide que informemos al público, en respuesta a los fantasiosos y tendenciosos reportajes publicados por ciertos periódicos, que el pueblo español no está luchando por el establecimiento de la dictadura del proletariado, sino que tiene un solo fin: la defensa del orden republicano, respetando la propiedad privada”.

3. La siguiente cita de Nuestra Bandera, septiembre de 1957, resuelve dudas: “El apoyo del partido a un gobierno liberal… no se trataba tanto de un giro táctico como de una muestra de buena voluntad, para superar los recelos del pasado: Al mostrarnos dispuestos a apoyar, incondicionalmente, un Gobierno liberal, los comunistas tenemos en cuenta las dificultades reales que existen todavía para la creación de una amplia coalición política de todas las fuerzas antifranquistas, de derecha y de izquierda… Un Gobierno liberal, sin representar una ruptura brutal con lo actual –esa ruptura brutal que tanto temen las clases dominantes y muchos elementos influenciados por la propaganda franquista, temor que todavía ayuda a Franco a sobrevivir”

4. Un buen ejemplo es lo manifestación de Atocha, tras los asesinatos de 5 abogados laboralistas, donde el PCE llama a las masas a mantener la calma: “hicieron [los dirigentes] lo indecible para desactivar cualquier tipo de protestas, y lo consiguieron. A pesar de todo, más de 300.000 trabajadores se declararon en huelga en Madrid, el día 26, coincidiendo con el funeral de las víctimas”. David Rey, La Transición, ¿Qué ocurrió realmente? En Marxismo Hoy nº 9, mayo 2001.