Podemos presenta un programa que es, en general, muy progresista y avanzado. De llevarse a la práctica, transformaría radicalmente la vida de millones de familias trabajadoras en nuestro país.
Celebramos, en primer lugar, la intención de derogar las leyes reaccionarias del PP, y algunas del PSOE de Zapatero. Estas son:
a) la Ley Mordaza que recorta gravemente nuestras libertades democráticas; y artículos del código penal, como los que penalizan los piquetes de huelga;
b) las reformas laborales del PP y PSOE que avalan el despido libre, degradan la negociación colectiva, precarizan el empleo y bajan los salarios;
c) las reformas de las pensiones del PP y PSOE, recuperando la jubilación a los 65 años y la subida de las pensiones con el IPC;
d) la ley de Costas que privatiza nuestro litoral;
e) la ley del aborto que impide ejercer este derecho libremente a las menores de edad;
f) la ley educativa LOMCE que hace retroceder 45 años el sistema educativo y lesiona competencias autonómicas;
g) la reforma del Tribunal Constitucional que lo habilita a destituir cargos públicos electos;
i) la Ley de régimen local que recorta las prestaciones sociales de los ayuntamientos,
j) o el artículo 135 de la Constitución que privilegia el pago de la deuda por encima del gasto social.
Sorprende que no se haya incluido la derogación de la “prisión permanente revisable” (cadena perpetua) ni la caracterización como acto terrorista protestar para obligar a cambiar la política del gobierno. Los compañeros de la dirección de Podemos deberían corregir estas faltas, e incluir la eliminación de esta legislación reaccionaria en su programa electoral.
El programa económico
La propuesta de reforma fiscal plantea aumentar los impuestos a los ricos, eliminar subsidios y exenciones fiscales a las grandes empresas, y subir los impuestos a los fondos de inversión evasores de impuestos (Sicavs, y otros). También propone subir el impuesto sobre la renta (IRPF) a quienes ganen más de 60.000 euros al año. Así se espera conseguir entre 30.000 y 40.000 millones de euros.
Se reduciría el IVA de los alimentos y servicios básicos al 4% y 10%, y aumentaría el de los productos de lujo al 25%, cuyo consumo ha crecido a la vez que se ha profundizado la crisis.
También se propone un “impuesto de solidaridad” a la banca durante 4 años, para recuperar parte de los 60.000 millones que el Estado empeñó en capitalizar el sistema financiero.
La parte más débil del programa económico se refiere a la deuda y al sistema energético. El objetivo de la auditoría de la deuda pública sería simplemente “arrojar luz sobre el proceso de crecimiento y recomposición interna de la deuda”, sin consecuencia alguna para repudiarla o reducirla que debería ser el primer paso para deshacernos de los grilletes más inmediatos de las finanzas estatales.
Las propuestas sobre el sistema energético son bastante timoratas. Se cerrarán paulatinamente las centrales nucleares, sin concretar los plazos. Y nada se dice de nacionalizar el oligopolio energético que nos condena a tener la cuarta luz más cara de Europa.
El programa social
Aquí se plantea restaurar la inversión pública en investigación y desarrollo a niveles anteriores a la crisis; restaurar el gasto en sanidad, educación y dependencia recortado desde 2008, e instaurar una “renta diferencial” de entre 600 y 1.290 euros para las familias que vivan por debajo del umbral de la pobreza, entre otras.
Se garantiza la atención sanitaria universal y una “tarifa social” para energía y transporte para las familias en situación de pobreza, a cargo de las empresas suministradoras.
En materia de vivienda se propone la dación en pago para cancelar las deudas hipotecarias y que nadie pueda ser desalojado de su vivienda sin una alternativa habitacional. Se obligaría al SAREB (el “banco malo”) y a los bancos e inmobiliarias con pisos vacíos a suministrar viviendas para alquiler social. Aquí discrepamos en un punto, como es fijar este “alquiler social” en el 30% de los ingresos familiares, algo inaccesible para decenas de miles de familias. Nuestra propuesta es que no sea más del 15%.
También se propone avanzar hacia la educación pública de 0-6 años y transferir gradualmente las subvenciones de la educación concertada a la educación pública.
En materia laboral, se propone un salario mínimo de 800 euros para 2017 y de 950 para 2019, un tope de un año para encadenar contratos temporales, y que los contratos a tiempo parcial duren al menos el 50% de la jornada laboral de un contrato indefinido de la misma empresa.
Democracia y corrupción
En este apartado se plantea convertir el Senado en una cámara que atienda aspectos de las comunidades autónomas, instaurar el carácter constitucional de la plurinacionalidad del Estado español, y el “derecho a decidir”.
Se terminarían los privilegios económicos de los altos cargos políticos y electos; y se prohibirían las “puertas giratorias” durante 10 años a los miembros del gobierno que entren en los Consejos de Administración de grandes empresas, tras cesar en su cargo.
Otra propuesta es elegir al máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, por sufragio universal. Aunque, por sus condiciones de vida y extracción social, la mayoría de los jueces está más cerca de los ricos que de las familias trabajadoras, esta medida establecería un elemento parcial de control popular.
Se eliminarían los símbolos franquistas y se reactivarían los desenterramientos en las fosas comunes de los asesinados por el fascismo, y se instaurarían derechos democráticos en el ejército y la guardia civil: derecho a sindicación, libertad de expresión y afiliación a partidos, etc.
También celebramos las propuestas tendentes a separar completamente la Iglesia del Estado: anulación de los acuerdos con el Vaticano, eliminación de la asignatura de religión de las escuelas y de los servicios religiosos en las instituciones públicas, recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, o el pago del IBI de sus inmuebles.
La política exterior
Podemos no ratificará los tratados comerciales TTIP, TiSA y CETA. La peor parte del programa es la referida a las bases militares norteamericanas y a la OTAN, que refleja una inaceptable adaptación a la presión del imperialismo. Ni derogación del acuerdo de convertir en permanente la base militar de Morón de la Frontera, ni desmantelamiento de las bases militares en nuestro territorio. El programa se limita a plantear una “auditoria” y “revisión” de los convenios de defensa suscritos con EEUU.
Más lamentable es la posición sobre la OTAN: “Buscaremos dotar de una mayor autonomía estratégica a Europa y a España en el seno de la OTAN … para afrontar las relaciones con nuestra vecindad y las problemáticas globales desde una perspectiva exclusivamente europea” ¿Qué es una perspectiva exclusivamente europea? ¿No son las multinacionales del continente quiénes gobiernan Europa? ¿No es la OTAN el brazo armado conjunto de los imperialismos europeo y norteamericano? Debemos exigir la salida inmediata de España de la OTAN.
Pese a las debilidades e inconsistencias del programa, la corriente Lucha de Clases está de acuerdo con la mayoría de sus propuestas económico-sociales y democráticas. Pero hay un problema. No importa cuánta “moderación”, “madurez”, “responsabilidad” y “sentido de Estado” pretendan aparentar los compañeros dirigentes de Podemos para sofocar la crítica de los medios de comunicación. La clase dominante jamás se reconciliará con los altos impuestos para los ricos, las decenas de miles de millones adicionales para gastos sociales, o con la ampliación de los derechos democráticos de las masas trabajadoras para que hagan valer sus intereses. Esto va contra sus necesidades, en medio del estancamiento económico y de enormes deudas públicas a devolver. Sobre bases capitalistas este programa es irrealizable. Como hemos visto en Grecia con Syriza; desde el primer día, un gobierno de Podemos se enfrentaría a la oposición feroz y al boicot económico descarado de las grandes empresas.
¿Cómo aplicar el programa de Podemos?
Para llevar a cabo su programa, los dirigentes de Podemos tendrán que tomar medidas contra los grandes bancos y monopolios que son los verdaderos gobernantes del Estado español. La primera medida de un gobierno de Podemos debería ser nacionalizar estas palancas claves de la economía. Esto tendría un apoyo entusiasta en la mayoría de la población, que vería por fin una medida concreta que dotaría de los medios materiales necesarios para llevar adelante los puntos del programa anunciado.
No proponemos nacionalizar pequeñas y medianas empresas. Es suficiente controlar los puntos clave del poder económico: los bancos, las 100 grandes empresas que dominan la Bolsa, comenzando por las empresas del IBEX35, y los grandes latifundios. 1.400 individuos concentran el 80,5% de la riqueza del país, según un estudio del profesor Santos Castroviejo (Una aproximación a la red social de la elite del poder económico en España) ¿Quiénes son ellos comparados con los millones de trabajadores y familias comunes de nuestro país? Pues eso, un 0.0035% de la población que, sin embargo, gobierna en la sombra para su exclusivo interés sobre más del 99% restante.
Debemos sacar lecciones de la amarga experiencia del gobierno de Syriza en Grecia. Si se acepta el capitalismo deben aceptarse sus leyes, el dominio férreo de la sociedad de un puñado de plutócratas. Para no defraudar las grandes expectativas de cambio depositadas, Podemos debe abrirse a una política y a un programa socialista. No hay otra alternativa.
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