Estos últimos meses se han dado tensos debates dentro de la comunidad universitaria concernientes a la tramitación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) y la LCU (Ley de Convivencia Universitaria), principales propuestas legislativas del Ministerio de Universidades, dirigido por Unidas Podemos (UP).
La LOSU se presenta como una ley moderna y renovadora, surgida de la necesidad de actualizar la antigua Ley Orgánica de Universidades, de 2001. Sus objetivos son grandilocuentes: promover el acceso a la educación superior, garantizar la calidad de las instituciones académicas, poner fin a la precariedad laboral… En este último punto sí existen algunas propuestas concretas, como aumentar del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas y obligar a reducir los contratos temporales de docentes del 40 al 20%.
No obstante, ¿cómo pretenden acabar con la precariedad de los profesores asociados sin un incremento de los fondos destinados a la universidad pública? El texto sólo hace una vaga promesa de aumentar al 5% del PIB los fondos destinados a la educación pública en general, de aquí a ¡10 años!, y en función de los compromisos que se alcancen con las comunidades autónomas. Y lo que es más indignante, se abre la puerta a la colaboración público-privada en las universidades a través del mecenazgo y el patrocinio, a los cuales no se establecen límites claros. Sin una regulación seria al respecto, la Universidad se convertirá aún más en una valla publicitaria de empresas privadas.
El anterior ministro de universidades, Manuel Castells, realizó declaraciones alabando el modelo universitario estadounidense e instó a que las universidades públicas “busquen financiación a través de la empresa privada”. De la misma forma se mostró conciliador con las universidades privadas, asegurando que la política del Ministerio sería la de favorecer su creación. Con respecto a las tasas, UP prometió en su programa la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, el ministro Castells declaró que “en esta legislatura no hay capacidad presupuestaria para eso”.
Por otro lado, el actual borrador de la LOSU recoge un porcentaje mínimo del 25% de representación estudiantil, lo que supone una representatividad menor o igual a la existente para el 70% de las Universidades españolas, según la CREUP. Además, la docencia carece totalmente de valor, siendo la investigación lo único que importa.
Otra de las grandes regresiones presentadas es la aplicación de la Formación Dual a las universidades, como se venía haciendo en la Formación Profesional. Esto implica que los grados y másteres que incluyan esta dualidad podrán incrementar las horas de prácticas curriculares hasta entre el 20% y 50% del total de los créditos, garantizando más mano de obra barata y sobreexplotada a las empresas.
En definitiva, esta ley es una tremenda decepción, al igual que toda la política del Ministerio de Universidades, y para qué negarlo, del papel de UP en el Gobierno de coalición. En el contexto actual de total desmantelamiento de la enseñanza pública, la LOSU debería ser una ley que blinde la universidad pública, asegure su financiación, garantice la gratuidad de las tasas universitarias, democratice los campus, etc. Sin embargo, al igual que ocurrió con la reforma laboral y la regulación de los precios del alquiler, UP y PSOE han traicionado todas y cada una de sus promesas electorales.
Más dinero para la educación pública, ni un céntimo para la privada. No aceptaremos ninguna reforma que no siga esta línea. ¿Por qué esta intransigencia? Porque no es posible mejorar la educación pública de otra manera. Sin más financiación, las universidades públicas se verán abocadas a seguir gestionando la miseria en la que flotan actualmente, y las pocas medidas positivas serán usadas como excusa para realizar recortes en otras áreas. Por ejemplo, una reducción de la temporalidad de los profesores asociados se compensará con recortes en plazas, como ya está ocurriendo en muchos másteres públicos. Sirva como ejemplo el máster de profesorado, imprescindible para opositar a profesor de secundaria. El año pasado, la Universitat de València recortó el 33% de las plazas de su máster.
Es por eso que desde los Círculos Marxistas Universitarios y la CMI apoyamos la huelga general educativa convocada por Estudiantes en Movimiento, Frente de Estudiantes e Ikasle Abertzaleak ¡Contra el desmantelamiento de la educación pública, movilicémonos este 24 de marzo!
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