Joaquin Beltran y Alberto Sololuce fueron a trabajar el jueves 6 de febrero, como todos los días, al vertedero de Verter Recycling de Zaldíbar. Sus familias esperaron su vuelta en vano, no regresaron a casa, un derrumbe de medio millón de metros cúbicos de tierra y residuos industriales, entre ellos amianto, un potente cancerígeno, los sepultó a las cuatro de la tarde. La lengua de tierra y residuos bloqueó los dos carriles de la autopista Bilbao-Behobia.
Este desgraciado accidente expresa con total nitidez el carácter de clase del Gobierno vasco y del PNV, partido mayoritario que lo sustenta, y nos muestra realmente a quién sirven las instituciones y qué intereses económicos protegen.
Primer capítulo, elusión de responsabilidades de lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar. “El Gobierno debería explicar por qué no ha actuado en ningún momento ante los graves incumplimientos detectados hace al menos ocho meses, y explicar también cuántos casos similares hay, en los que el incumplimiento de normas de la Autorizacion Ambiental Integrada no han dado lugar a sanciones de ningún tipo”, denuncia el sindicato ELA. Aunque todavía no se conocen las causas del derrumbe, el volumen de residuos, incluidos los peligrosos, se habían multiplicado. La viceconsejera de medio ambiente no aclaró por qué no se habían tomado medidas efectivas por la Administración. Después de los hechos, el Gobierno vasco ha afirmado que estaba a punto de sancionar a la empresa por las irregularidades.
Segundo capítulo, incompetencia y desprecio a la vida de los trabajadores. Después del derrumbe comenzaron a llegar la Ertzaintza, los bomberos, la unidad canina, personal de rescate de montaña, en total unos 60 efectivos, con el objetivo de rastrear y rescatar a las dos personas sepultadas. Según informaciones periodísticas, hacia la una de la madrugada, después de varias horas de trabajo, fue un técnico de Osalan, Instituto vasco de Seguridad y Salud laboral, el que dio la voz de alarma, “todo el mundo fuera de aquí, esto está lleno de amianto”.
Nadie, a pesar de que las autoridades conocían el vertido de amianto, llevaba ningun equipo de protección especial, ni mascarillas, ni buzos especiales. La exposición a las fibras de este cancerígeno por los bomberos, policía y miembros de rescate, sin los medios de proteccion adecuada, tendrá efectos graves sobre salud. El exsindicalista Jesus Uzkudun, de la Asociacion de víctimas del amianto de Euskadi, -Asviamie-, gran especialista en la defensa de los trabajadores afectados por el amianto, advierte que aquellos trabajadores que estuvieron expuestos a este material en el desescombro “tendrán que someterse a controles médicos de por vida”. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que concedió la licencia para gestionar materiales de construcción que contengan amianto desde 2007, no comunicó su existencia y permitió la actividad de desescombro sin protección. Tampoco el empresario, que estaba en el vertedero en el momento del rescate, y que sabía que allí había toneladas de residuos de amianto, no dijo nada. Nadie dijo nada.
Tercer capítulo, la táctica del calamar. Ahora, despues de los hechos, el Gobierno vasco intenta echar balones fuera y acusar a la empresa. Incluso, según denuncia el sindicato ELA, la viceconsejera de medio ambiente “envió un mensaje por correo electrónico a toda la plantilla de su departamento y a URA -Agencia Vasca del Agua-, con el explícito objetivo de imponer la ley del silencio sobre todo lo que está aconteciendo en torno al vertedero de Zaldíbar”. Pero han sido ellos los responsables. Ellos han permitido a la empresa hacer el vertedero y ellos han permitido incumplir impunemente las condiciones de vertido con las consecuencias catastróficas que estamos viendo.
Ha sido un cúmulo de despropósitos, un despliegue de incompetencia. Han enviado a segundones a dar la cara ante la opinión pública y acusan de “carroñeros” a quienen critican la nefasta gestión del gobierno. Incluso ante las protestas que están teniendo lugar, como carteles acusatorios de corrupcion en los batzokis por todo Euskadi, depósito de bolsas de basura y manifestaciones, los dirigentes del PNV han sacado el espantajo del terrorismo de ETA, acusándoles de ello, para desviar la atención.
Cuarto capítulo. Un gobierno que ampara el enriquecimiento frente al bien común. En la gestión de este gobierno son siempre prioritarios los intereses de las empresas a los sociales. La tolerancia y falta de exigencia ante los incumplimientos de este empresario, cuyos efectos sobre la vida de los trabajadores y la calidad de vida saludable de los habitantes de la zona han causado dos muertos y degradado el agua y el aire, ha sido total; a pesar de las balbuceantes excusas de los portavoces de que se estaba a punto de sancionar a la empresa. Nada tiene que ver esta tolerancia con las empresas con la rigidez exigida en el cumplimiento estricto de todos los requisitos a los que reclaman ayudas de subsistencia o de vivienda, o exigen que se cumpla siquiera la devaluada legislacion laboral o de salud. Fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esta actitud se demostró en la falta de empatía con las familias de los fallecidos por parte de Urkullu, que en la rueda de prensa donde se convocaron las elecciones al Parlamento vasco calificó con su hablar de autómata el accidente como una “catastrofe natural” y justificó su inasistenca al lugar y a la visita a los familiares de las víctimas con “... no se trata de estar por estar”, ha tardado seis días en aparecer por Zaldíbar.
Todos estos hechos desvelan el modo de desgobierno de esta Euskadi arcádica y feliz que está empezando a hartarse. El lunes 10 de febrero miles de ciudadanos recorrían Ermua en una manifestación ruidosa, acusaban al gobierno de ser conocedor de la peligrosidad de las sustancias habidas en el vertedero y de no controlar suficientemente los vertederos. Como acusaba al Gobierno vasco el día 30 de enero, día de la Huelga General, el secretario general de ELA: “no se puede gobernar mirando con las gafas de la patronal”. Ese es el sentimiento que está calando entre los trabajadores. Un sentimiento de malestar que recorre Euskadi. Este hecho luctuoso ha puesto en evidencia qué lugar ocupamos en el escalafón social los trabajadores y nuestras familias para el Gobierno vasco. Dos trabajadores sacrificados en el altar del beneficio, ante la mirada cómplice del Gobierno que facilita el negocio privado, aunque eso suponga contaminación, enfermedad o la muerte como en este caso.
Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2020
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