UNA VIVIENDA PARA CADA FAMILIA NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO

Mañana, domingo 25 de septiembre, hay más de 40 manifestaciones en todo el Estado español convocadas por la PAH (Plataforma de afectados por la Hipoteca), apoyada por el 15M. Se exige básicamente:

- La regulación de la dación en pago (al entregar el piso se cancela la deuda hipotecaria).

- Una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

- La reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque de alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Desde Lucha de Clases, dichas reivindicaciones nos parecen justas y las apoyamos. Al mismo tiempo, creemos que es necesario profundizar en las razones que han generado la actual situación.

El problema de la vivienda es un problema central que afecta a los sectores que conformamos la inmensa mayoría: las familias trabajadoras y los sectores más humildes de la sociedad. Lo que hemos visto es como un bien social que necesitamos para guarecernos y poder vivir, consagrado por nuestra hasta hace poco sacrosanta e inmutable Constitución como un derecho esencial, se ha convertido en una mercancía cada vez más inaccesible para las familias trabajadoras.

Desde el año 2008, más de 300.000 familias han visto perder su vivienda, perdiendo sus sueños con ella, su esfuerzo, su dinero..., por no hablar de los traumas y desvelos ocasionados, que jamás se contarán en ningún libro de la historia oficial. Si los que nos movilizamos contra las consecuencias de esta crisis queremos encontrar una solución adecuada que satisfaga nuestras necesidades, debemos profundizar de manera seria y rigurosa en intentar encontrar las auténticas razones que provocaron los males que nos aquejan.

Por qué estamos así. Auge y caída del boom inmobiliario español

Banqueros, constructores e inmobiliarias han determinado una parte esencial de la situación política y económica en la que nos encontramos actualmente. En los hechos, estos auténticos gobernantes del país posibilitaron que los precios de las viviendas se multiplicaran varias veces de forma especulativa sobre su valor real, desde finales de los 90 hasta el fin del boom económico, en el 2007.

Al mismo tiempo, los salarios de los trabajadores bajaron. Según la OCDE (organización de los países más industrializados, compuesta por 34 países), España ha sido el único país de los que pertenecen a ese organismo en el que los salarios han bajado en el periodo 1995-2005.

España ha sido el único país en el que el endeudamiento de los hogares en relación con los ingresos disponibles creció más entre 2000 y 2008: un 88% (Público, 22-01-2010). Esta política fue, no solo permitida, sino alentada por parte de los últimos gobiernos del PP y del PSOE.

Los empresarios y banqueros españoles demostraron nuevamente ser de los más rapaces, usureros y cortos de miras de todo el continente europeo: todos se lanzaron en masa a hacer negocio con el ladrillo, dejando a la industria sin inversiones fundamentales durante una década y media. Bancos y cajas se endeudaron en el exterior para financiar el auge inmobiliario que les rentaba entonces una orgía de beneficios. Constructoras y bancos se lanzaron en masa a comprar empresas en el exterior, endeudándose aún más, con la “garantía” de que esta situación iba a continuar indefinidamente…

Cuando sobrevino lo que Marx llamó la crisis de sobreproducción, en este caso de manual, como parte de la crisis capitalista internacional, se desencadenó la crisis económica más importante que está viviendo este país en décadas. Los empresarios de la construcción, como cualquier otra clase de empresario existente, solo construyen viviendas cuando la construcción y venta de las mismas les deja beneficios. Ahora no es el caso, y no van a proporcionar empleo al millón y medio de trabajadores de la construcción, y sectores vinculados a ella, que fueron despedidos.

El capitalismo español, más que ningún otro, vivió en el pasado de las rentas del futuro. La cuestión es que muchas familias ya no pueden comprarse un coche, o un piso. El problema que tiene la economía capitalista española es que está atada en los próximos 25, 30, 35 años al pago de deudas en condiciones bastante poco ventajosas: con tipos de interés abusivos y con salarios y condiciones de trabajo crecientemente mermadas.

Ahora los capitalistas se quejan de que el escenario internacional es adverso, de que sus empresas no son competitivas y exigen del Gobierno leyes laborales que les haga mantener sus sacrosantos beneficios ¿Quiénes pagamos? Fundamentalmente los trabajadores y sectores de la sociedad más humildes, parados, pensionistas, autónomos. En cambio, en estos 4 años de crisis económica, solo 2 de las 35 empresas que cotizan en Bolsa (el IBEX-35) han tenido, solo algún año, pérdidas.

Qué alternativa demandar

El Gobierno no se atreve a otorgar la dación en pago (quitar la deuda una vez que la casa vuelve al banco). La excusa es los bancos entrarían en quiebra, al disminuir el valor de sus libros contables. Sin embargo, el PP y el PSOE han pactado por unanimidad un plan de rescate de cajas y bancos con dinero de los contribuyentes, es decir, en su mayoría con dinero de quienes pagamos la crisis.

Hay casi un millón de viviendas nuevas vacías mientras se expulsa de sus casas a centenares de miles de trabajadores con sus familias que no hicieron en la vida otra cosa que trabajar honradamente, creando riqueza y bienestar con su esfuerzo ¿Adónde fueron los beneficios de los empresarios de los últimos 15 años?

Si la vivienda es un derecho fundamental de la Constitución, que la ley se aplique: debemos denunciar aquellos pisos vacíos de nuestras comunidades y que sean ocupados por las familias que no tengan vivienda. Basta de especulación: piso vacío, piso ocupado. Que se regularice este derecho, con comisiones de control por parte de administración, asociaciones de vecinos y asociaciones de desahuciados y afectados por la hipoteca sobre las ocupaciones de las viviendas vacías. Cualquier ciudadano tiene derecho a una casa para vivir con dignidad.

Desde finales de los años 90, los capitalistas cambiaron las reglas del juego, cambiando también las leyes, para permitir multiplicar el valor de la vivienda, ¿Por qué no cambiar las leyes ahora cuando ya se demostró que aquellos que somos los que hemos creado con nuestro trabajo toda la riqueza de este país estamos pagando un precio especulativo que encima amenaza con hundir al país? Basta ya de que nos roben y engañen.

¿El Gobierno sólo debe intervenir en la economía para salvar a la banca y constructoras que nos han conducido a este desastre “nacionalizando” sus pérdidas? Decimos que no. Son estas empresas quienes fomentaron el endeudamiento familiar. Los trabajadores no somos responsables de estas deudas, referenciadas a valores especulativos. Una auténtica política socialista pasa porque el Estado tome el control de bancos y empresas, que ya son insolventes en muchos casos.

Con los recursos de los principales conglomerados económicos españoles sí se podría empezar a planificar la economía para acabar con la pesadilla que vivimos millones de familias: anulando los intereses abusivos que cobra la banca, otorgando hipotecas baratas, creando empleo de calidad y satisfaciendo las principales necesidades sociales.

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