La inflación imparable sigue subiendo y encareciendo el coste de todo, sobretodo el precio de la cesta básica de la compra, provocando que las familias obreras acepten renuncias alimentarias o energéticas. Mientras que la clase obrera y los más vulnerables de la sociedad sufren del empeoramiento de su calidad de vida, debido a la constante pérdida del poder adquisitivo, las medidas del gobierno son ineficaces para resolver esta situación preocupante.
La inflación subió al 6,1% en febrero, lo cual implica un 1% de subida mensual de los precios. Aunque no suena muy alto, es la mayor subida mensual desde junio 2022 y no da señales de parar en el futuro. Más de un tercio de los productos básicos tienen tasas de inflación de doble dígito en comparación con el año pasado. El azúcar cuesta un 52% más, la leche un 33,4%, el aceite de oliva un 30,5% y los huevos un 27,2. Contrastamos esto con el hecho de que la capacidad de compra se ha reducido un 4,5% en 2022 mientras que los salarios regidos por convenio solo han subido un 2,78% (El País, 29/01/23). Estas cifras significan que las familias obreras tienen que empeorar su dieta, contar céntimos en el supermercado y renunciar incluso a los lujos más baratos imaginables para intentar llegar a fin de mes.
En una serie de entrevistas con familias obreras publicadas por El País hace unos meses (El País 23/9/22), se interactúa con una madre soltera en paro en Albacete cuyos hijos le preguntan por qué ya no compra yogures y se lo tiene que explicar: “es eso o la leche”, no le da para comprar ambos productos. O una madre en Leganés que pide ayuda a colectivos sociales, “aunque mi marido y yo tengamos trabajo, no llegamos”. En fin, los más afectados son los pensionistas y familias con rentas bajas porque destinan una mayor parte de su renta a la alimentación. Como bien resume un trabajador de hostelería entrevistado: “cada día somos más pobres, nos limitamos a sobrevivir”.
Frente a esta situación urgente el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas descarta tomar medidas inmediatas diciendo que “las adoptadas en diciembre han sido las oportunas” (RTVE, 01/03/23). Con ojos tapados y una ignorancia total de la situación actual, Planas ha dicho que el país está en “vísperas” de la bajada de precios. Asegura que son oscilaciones de una meseta y que ha cesado la subida fuerte de los precios, lo cual es evidentemente falso (20minutos.es, 01/03/23). Incluso, Planas se ha atrevido sugerir si los consumidores no están de acuerdo con los precios, que se vayan “al súper de enfrente”. Pero si investigamos los precios de los 5 principales supermercados nacionales la diferencia de precios es prácticamente nula. Por ejemplo, un litro de leche de marca blanca tuvo una diferencia de 0,05€ entre el más barato y el más caro, o un kilo de macarrones de marca blanca tuvo una diferencia de 0,08€ (El Debate, 01/02/23).
Es cierto que el gobierno ha eliminado el IVA del 4% en pan, leche, fruta y verduras, y reducido del 10% al 5% en los aceites y pasta. Pero como dice la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, la medida “es poco eficaz y difícil de controlar” porque la reducción del IVA afecta una pequeña parte de la cesta global de consumo y ya partían de tipos de IVA relativamente bajos (65ymás.com, 01/03/23).
La subida de precios de los alimentos es otra faceta miserable del sistema capitalista que empeora la calidad de vida de la clase obrera. Para enfrentarla debemos luchar por una subida salarial igual a la inflación anual, una escala móvil precios-salarios, nacionalización sin indemnización de los 5 mayores supermercados y de las grandes empresas involucradas en la cadena alimentaria.
Frente al sistema capitalista que produce comida solo para la venta y la derrocha a gran escala, cuando nadie lo compra por ser demasiada cara, necesitamos el control obrero democrático de la producción y distribución de comida enfocada en alimentar a todo el mundo de forma sana.
Imagen de portada: OCU
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