La reforma de la infame Ley Mordaza ha fracasado en el Congreso, ante la negativa de ERC y EH Bildu de avalar con su voto el acuerdo alcanzado por PSOE y UP en el Consejo de Ministros, que conservaba la mayor parte de las infracciones contenidas en la ley y se niega a limitar las faltas de respeto a los agentes y a prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.
Imagen: Adolfo Lujan (Flickr)
Pese a que los puntos de la reforma en los que había acuerdo entre PSOE, UP y sus socios parlamentarios dejan en pie el 80% de la ley, incluyendo todos los supuestos delitos que no existían antes de su entrada en vigor, finalmente la nula voluntad del gobierno de limitar mínimamente los abusos y la impunidad policial y de tocar la política de fronteras ha sido más de lo que las izquierdas nacionalistas han podido tragar.
El PSOE ha reaccionado culpando cínicamente a ERC y EH Bildu de las futuras aplicaciones de la Ley Mordaza, olvidando convenientemente que las anteriores aplicaciones de la Ley Mordaza han tenido lugar bajo su gobierno. UP, por su parte, aunque dice comprender las razones de los nacionalistas, lamenta su posición y la califican de error táctico. Pero ni las denuncias histéricas del PSOE ni las alambicadas lecciones tácticas de Pablo Iglesias pueden ocultar el hecho de que la Ley Mordaza se mantiene por la claudicación del gobierno ante el aparato del Estado.
Desde la aprobación de la Ley Mordaza hasta 2021, último año del que hay estadísticas disponibles, la administración general del Estado ha tramitado 1.385.659 sanciones que ascienden a 816 millones de euros; y esto sin contar las sanciones impuestas por la Ertzaintza, la Policía Foral navarra y los Mossos d’Esquadra. El 15% de estas sanciones se impusieron entre marzo y abril de 2020, durante la vigencia del Estado de Alarma y el confinamiento contra la pandemia; sanciones estas que fueron anuladas tras la declaración de inconstitucionalidad del Estado de Alarma. Del 85% restante, pocas son las sanciones que han podido ser anuladas debido a que precisamente la Ley Mordaza elimina la tutela judicial efectiva y permite a los cuerpos represivos sancionar a discreción sin ningún contrapeso.
La Ley Mordaza ha supuesto una carga económica insoportable para cientos de miles de personas y para cientos de organizaciones y colectivos que han visto sus recursos y su capacidad de actuación limitadas por el miedo a las multas en un contexto de crisis y empobrecimiento general de la clase trabajadora y la juventud. Fue una ley que se aprobó para frenar las grandes movilizaciones contra la crisis capitalista del periodo 2011-2014 dándole más poder a los cuerpos represivos para intimidar y sancionar sin pasar por un juzgado.
El aparato del Estado se ha movilizado decisivamente para evitar cualquier reforma de la Ley Mordaza, apoyándose en la prensa burguesa y en las organizaciones corporativas de los cuerpos policiales y la Guardia Civil, amenazando poco menos que con la anarquía si se tocaban mínimamente las atribuciones de la Policía en materia de orden público. Aunque, en un primer momento, los sindicatos policiales dudaron sobre la táctica a seguir, especialmente por el vínculo con Vox del falso sindicato Jupol, el principal impulsor de las movilizaciones contra la reforma, finalmente acabaron confluyendo con la organización ultraderechista en la manifestación del pasado 4 de marzo. Dicha movilización provocó el pánico en el gobierno y, por iniciativa del PSOE, ha mantenido la reforma dentro de unos límites aceptables para la patronal y el aparato del Estado.
El fracaso de esta reforma vuelve a demostrar la cobardía y servilidad de la dirección del PSOE hacia el aparato del Estado, que ha caracterizado a todos sus gobiernos desde Felipe González, y también los límites que la coalición de gobierno pone a UP, organización que termina por aceptar el mal menor y renunciar de forma decisiva al su programa. En cuatro años no han sido capaces de derogar la Ley Mordaza y han querido hacer tragar a sus socios parlamentarios una reforma descafeinada. Nos encontramos de nuevo con la misma traición a las esperanzas depositadas por sus votantes que ya sufrimos con la derogación frustrada de la reforma laboral.
El voto en contra de ERC y EH Bildu es fruto de la presión no sólo de su base social, que no en vano se haya en los territorios más avanzados políticamente del Estado, o de las organizaciones situadas más a la izquierda, sino del conjunto de la base social de la izquierda en todo el Estado que UP ha renunciado a canalizar por tal de mantener su posición en el gobierno. Todos los dirigentes de la izquierda reformista han entendido el efecto desmoralizador y desmovilizador que tiene dejar la Ley Mordaza más o menos como está, pero los dirigentes de UP se han mostrado incapaces de reaccionar.
Debido al antidemocrático reglamento del Congreso, esta legislatura ya no será posible presentar otro proyecto de reforma de la Ley Mordaza. La odiada ley seguirá vigente al menos hasta que se constituyan las Cortes después de las próximas elecciones generales y seguirá siendo una herramienta represiva de excepción en manos del aparato del Estado para arrojarla contra la lucha de la clase trabajadora y la juventud. Independientemente del ciclo electoral, las bases de la izquierda, los sindicatos y movimientos sociales tienen que organizarse y movilizar en todo el Estado para exigir la derogación completa de la Ley Mordaza y la depuración completa de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Los derechos democráticos se conquistan y se defienden en la calle.
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