Análisis Político
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Hasta la fecha en que se escribe este artículo, 1189 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, año en que se empieza a contabilizar el número de víctimas mortales.

Hasta hace unos meses, se anunciaba que esta cifra iba en descenso, pues en noviembre se estimaba que en el año 2022 se alcanzarían mínimos en la serie histórica con 38 mujeres asesinadas hasta el momento. No obstante, esta cifra acaba ascendiendo a 49 asesinadas en 2022, una más que en 2021. La realidad es que esta tendencia descendente resulta difícilmente sostenible si las razones por las que se desencadena esta violencia siguen permaneciendo.

Tan solo un mes después, la situación se torna en su contrario, alcanzando una de las cifras mensuales más altas de toda la serie histórica y que solo se habían dado en el mismo mes de 2008. Hablamos de la escalofriante cifra de once asesinatos por violencia de género del pasado mes de diciembre, seis de los cuales se produjeron en tan solo cinco días, lo cual representa ¡una mujer asesinada cada 20 horas! Por si no fuera suficiente, en seis de estos once casos figuran denuncias previas hacia el agresor, por lo que la necesidad protección a estas víctimas era urgente. A este diciembre negro se suman además las siete mujeres asesinadas durante este mes de enero, frente a las dos víctimas del mismo mes en 2022.

Ante esta situación, las alarmas han saltado en el Ministerio de Igualdad que, acertadamente, propone medidas económicas interesantes encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda y al ingreso mínimo vital, así como a otras ayudas de estas características. Resulta conveniente observar cómo evolucionan estas propuestas, sin embargo, parece que estas, en caso de aprobarse, se encontrarían restringidas a casos de “especial vulnerabilidad”. Del mismo modo, se plantea incrementar la atención psicológica a las víctimas, propuesta que en realidad se encuentra ya incluida en la Ley de Libertad Sexual. Sin embargo, lo que ocurre es que, por un lado, estas leyes no suelen venir acompañadas de una planificación seria que concrete los recursos destinados para dicho fin, por lo que estos acaban siendo desorganizados y limitados. Por otro lado, estas propuestas acaban chocando con los intereses de la clase dominante y la ultraderecha, según los cuales estos recursos no deberían ser destinados a los “chiringuitos feministas”, sino a continuar generando beneficios empresariales.

Estas limitaciones de la práctica institucional quedaron igualmente reflejadas en la campaña de boicot contra la recientemente aprobada Ley de Solo Sí es Sí, por la cual se establece que los casos de agresión hacia la mujer deben ser atendidos con acuerdo al consentimiento. En el caso de esta Ley se añade la limitación del mantenimiento de jueces reaccionarios defensores del capitalismo español y sus interpretaciones de dicha Ley, por las cuales se han acabado reduciendo más de 200 condenas a agresores. En la misma línea, como consecuencia, ante un estudio reciente sobre reincidencia demostraba que el 41,60% de condenados por violencia de género reincidían, el ministro Marlaska se limitaba a apelar a la responsabilidad ciudadana.

Todo esto revela, por un lado, que el gobierno PSOE-UP se acaba revelando impotente también ante el problema de la violencia machista, y, por otro lado, que esta resulta difícilmente resoluble bajo los límites de las instituciones y del sistema capitalista, pues las razones por las que se produce se siguen manteniendo. Mientras se mantenga la propiedad privada, la brecha salarial y la explotación de la mujer trabajadora que generan beneficios para los capitalistas; mientras se sostengan los privilegios de la clase dominante o la de la Iglesia, cuya ideología reaccionaria perpetúa el rol machista asignado a la mujer; mientras grandes cantidades de recursos sigan siendo destinadas a la acumulación capitalista, en lugar de a prevenir la violencia y proteger eficazmente a potenciales víctimas, entre muchas otras, no podremos vivir en una sociedad verdaderamente igualitaria. Por tanto, no debemos bajar la guardia, sino movilizarnos y exigir medidas urgentes a la vez que luchamos contra el foco del problema, el sistema capitalista que alimenta esta lacra.

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