Mientras el gobierno y sus apoyos parlamentarios permanecen enfrascados en un interminable debate para reformar la Ley Mordaza, el aparato del Estado redobla la represión y la intimidación contra la militancia de izquierdas y la juventud organizada ante la perspectiva de un resurgimiento de la movilización social.
Imagen: Gedar
Espionaje y redadas en Cataluña y Valencia
La noticia de la infiltración policial en el movimiento por la vivienda de Barcelona ha sido una sacudida para el movimiento obrero y juvenil en el conjunto del Estado. El agente que durante años estuvo espiando a un movimiento perfectamente transparente, con asambleas y actividades públicas y conocidas, ha sido premiado con un puesto en una embajada sin especificar y con un salario de en torno a los 10.000 euros mensuales.
La tarea del policía infiltrado consistía en seducir a mujeres activistas, tener relaciones sexuales con ellas y sacarles información aprovechando la relación sexoafectiva. Además, el agente buscó también ganarse la confianza de otros militantes ofreciéndoles drogas, el uso de las cuales es una constante en los métodos de inteligencia de la policía desde, al menos, los años 80. Nos encontramos de nuevo con la metodología repugnante y deshumanizada que caracteriza plenamente el carácter del aparato del Estado y de sus agentes especiales, todos afines a la ultraderecha.
La nula reacción del Gobierno progresista ante las noticias sobre la infiltración, y en especial sobre sus aspectos más escabrosos, no puede pasar desapercibida para el movimiento. Su silencio responde a la política de apaciguamiento y no intervención hacia el aparato del Estado que el PSOE lleva practicando desde 1982 y a la que ha arrastrado también a Unidas Podemos.
La infiltración y la provocación policial ha sido una constante en la historia del movimiento obrero y de las organizaciones revolucionarias. Incluso el Partido Bolchevique, formado por una militancia curtida y dirigido por cuadros experimentados y nada ingenuos, sufrió durante años la infiltración del provocador Malinovski, que incluso llegó a tener un acta de diputado en la Duma y a ser una de las caras visibles del Partido mientras entregaba a la policía a muchos de sus camaradas. Ninguna organización está libre de sufrir estos ataques por parte del aparato del Estado, y las chanzas que sobre la infiltración se han hecho desde algunos cenáculos supuestamente comunistas, en especial sobre las compañeras que han sufrido los abusivos engaños del infiltrado, sólo demuestran una ceguera, un sectarismo y también un machismo que hay que erradicar del movimiento comunista.
Poco después de que saltara la noticia del policía infiltrado, el miércoles 8 de febrero, seis militantes de Arran y el SEPC fueron detenidos por la policía nacional en Lleida acusados de incendiar neumáticos y de otras acciones en el marco de movilizaciones que tuvieron lugar el año pasado y que la Policía presenta poco menos que como terrorismo. Además, el 12 de febrero La Directa publicó que otro policía nacional ha estado infiltrado durante dos años en los movimientos vecinales y antifascistas de Valencia. La secuencia de los hechos no es casual, se trata de una operación represiva a gran escala contra la juventud independentista y de izquierdas en los Países Catalanes
Represión contra el Movimiento Socialista en Euskal Herria
Después de la gran manifestación que organizó GKS el pasado 28 de enero, esta organización denunció públicamente que cincuenta de sus militantes en la comarca de Pamplona fueron identificados por la Policía mientras llevaban a cabo su trabajo político abierto en los días previos a dicha movilización. Según la declaración de de GKS que recoge Gedar, los compañeros han sufrido “un acoso sistemático por parte de la policía en las últimas semanas: para evitar la propaganda, han aumentado la presencia policial en los barrios y pueblos, el abuso de la policía contra los miembros que estaban pegando carteles, etc.”
Unido a esto, en la misma jornada de la manifestación varios autobuses provenientes del País Vasco francés y varias comarcas navarras fueron retenidos por controles de la Guardia Civil en su camino a Pamplona. La Delegación del Gobierno de PSOE y UP y el gobierno foral de PSOE, Geroa Bai y Podemos (apoyado por EH Bildu) trataron de este modo de impedir el o al menos empañar el éxito de la convocatoria de GKS mediante la intimidación policial. Esta es su respuesta frente a la movilización de la juventud vasca por su futuro y en contra del sistema capitalista.
El surgimiento y la consolidación de GKS y el Mugimendu Sozialista está poniendo muy nervioso al aparato del Estado, que responde aplicando una represión que no es más que la que se ha ensayado y desarrollado durante años en el propio País Vasco con la excusa del terrorismo individual. El Mugimendu Sozialista lleva dos años sufriendo detenciones, multas, boicots institucionales y agresiones abiertas, con el silencio cómplice de los mismos dirigentes de la izquierda abertzale que han sufrido esa represión durante cuarenta años.
La Policía toma la Complutense y acosa a los movimientos sociales de Madrid
En la Universidad Complutense de Madrid, la presencia policial se está convirtiendo en algo recurrente y está dejando escenas dignas de la represión franquista de los años 60 y 70. El 24 de enero la Policía Nacional tomó literalmente el campus de Ciudad Universitaria para mantener a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su corte lejos de las protestas de los estudiantes ante el insulto que representaba su nombramiento como alumna ilustre de esta institución. El despliegue policial afectó a cientos de estudiantes a los que se les exigía el carné de estudiante para acceder a la facultad y se les negaba el paso con el resguardo de las tasas.
Más graves todavía fueron los incidentes que se produjeron en la Facultad de Filología de la Complutense el pasado miércoles 8 de febrero. Una protesta contra la visita de la embajadora de Israel acabó con la Policía tomando de nuevo el campus de Ciudad Universitaria y con dos personas detenidas. En el transcurso de la protesta, un miembro de la seguridad de la embajada desenfundó un arma, no se sabe si de fuego o de descarga eléctrica, y amenazó con ella a las personas allí congregadas. Estos incidentes, y estas amenazas directas contra personas por parte de un agente de otro país, no han merecido el menor comentario por parte del Gobierno progresista.
La derecha y su prensa afín no paran de vociferar contra el predominio de la izquierda en la universidad pública, disfrazando sus provocaciones en los campus como “defensa de la libertad”. El aparato del Estado, independientemente del gobierno que haya, siempre está a disposición para proteger a los dirigentes de la derecha en sus incursiones en la universidad pública dejando, de paso, un mensaje de advertencia al movimiento estudiantil. Ya el año pasado la Ertzaintza incursionó en el campus de la UPV-EHU de Vitoria-Gasteiz con ocasión de la huelga estudiantil del 24 de marzo, convocada por Ikasle Abertzaleak (rama estudiantil del Mugimendu Sozialista), y el resto de cuerpos represivos del Estado no dudarán en hacerlo llegado el caso.
Fuera de la universidad, los movimientos sociales de la capital también están bajo el foco de los cuerpos represivos. En los días previos a la gran manifestación contra el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña, la policía municipal identificó y multó a decenas de activistas vecinales de Carabanchel que repartían octavillas convocando a dicha movilización. El escándalo generado ha hecho que el Ayuntamiento se vea obligado a archivar y dejar sin efecto estas sanciones. El movimiento por la vivienda también está sufriendo un rosario de multas; sólo en el mismo distrito de Carabanchel se cuentan setenta y siete sancionados a los que se reclama un total de 40.000 euros. Mientras se siguen produciendo desahucios y el precio de los alquileres es cada vez más prohibitivo, el aparato del Estado intenta dificultar la solidaridad y la organización en defensa del derecho a la vivienda.
Lo que hay detrás
Pese a la aparente paz social que reina en España, la clase dominante y su aparato de Estado son conscientes de que la acumulación de malestar social, especialmente entre la juventud, encontrará tarde o temprano un canal por el que expresarse. En el surgimiento del Movimiento Socialista, con una composición marcadamente juvenil, vemos ya los primeros rudimentos de nuevas organizaciones de masas que podrían canalizar este descontento. Es por eso que el afán represivo y el marcaje del aparato del Estado se dirige con especial ahínco contra estos grupos, especialmente contra la organización vasca que, no en vano, tiene en frente el dispositivo represivo forjado durante décadas en el País Vasco al calor de la “lucha antiterrorista”. Y es por eso también que la represión se dirige contra otras organizaciones juveniles, como Arran, además de enseñorearse de los campus, como en Madrid.
Es en este momento cuando se han anunciado los avances en la negociación entre el PSOE, UP y sus socios parlamentarios para reformar Ley Mordaza. En esta negociación, Unidas Podemos y las izquierdas nacionalistas se han colocado en una situación de debilidad desde el principio, renunciando de entrada a la derogación completa de la norma y conformándose con una rebaja de las sanciones. Los puntos de la reforma en los que hay acuerdo entre PSOE, UP y sus socios parlamentarios dejan en pie el 80% de la ley, incluyendo todos los supuestos delitos que no existían antes de su entrada en vigor. Nos encontramos de nuevo con la misma traición a las esperanzas depositadas por sus votantes que ya sufrimos con la derogación frustrada de la reforma laboral.
Sin embargo, a pesar de la actitud sumisa de la izquierda, la negociación sigue empantanada por la negativa del PSOE a prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente de personas migrantes en las fronteras, así como a reformar las desobediencia y las “faltas de respeto” a los agentes, que cotidianamente generan un buen número de sanciones. Contrarios a cualquier tipo de reforma son, por supuesto, la derecha y también las organizaciones corporativas de los cuerpos de policía y de la Guardia Civil, que se niegan a cualquier cambio legislativo que refrene un tanto su actuación desbocada e impune y que han amenazado con convocar movilizaciones.
Autorizando las operaciones represivas de los últimos días, Interior y las delegaciones del gobierno parecen querer tranquilizar a los mandos de la Policía; el PSOE actuará como garante de sus intereses en la reforma de la Ley Mordaza, por lo que no tienen ninguna necesidad de marchar de la mano de Jupol, la supuesta plataforma policial que no es más que la correa de transmisión de Vox. En efecto, el resto de sindicatos y asociaciones policiales se han desmarcado de Jupol y los han dejado solos al frente de la movilización prevista para el 4 de marzo. Las consecuencias de este cambalache indigno las pagamos los de siempre, los sectores conscientes de la clase trabajadora y la juventud que estamos en la mirilla de la represión, y, por extensión, el conjunto de nuestra clase que sufre las políticas patronales, el paro y la carestía de la vida y que carece en estos momentos de una organización que la represente y la movilice.
Urge, por lo tanto, no solamente derogar completamente la infame Ley Mordaza, sino limpiar de una vez y a conciencia los establos de Augias del aparato del Estado heredado de la dictadura franquista. Y también, por supuesto, nos urge levantar, basándonos en la maravillosa juventud que se organiza y moviliza a pesar de la represión, la organización revolucionaria que lleve a la clase trabajadora a la toma del poder y a la construcción del socialismo.
Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]
Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace
Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí