Contra el intento de golpe “suave” de la derecha, movilizar masivamente a la clase trabajadora

El ejecutivo juega esta semana varias cartas importantes en el ámbito legislativo y judicial. La más importante tiene que ver con la renovación del Tribunal Constitucional (TC), que lleva bloqueado desde junio, por extensión del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el marco de la reforma del delito de sedición (al que ya dedicamos un artículo específico recientemente), el llamado “bloque progresista” del Congreso está negociando también la reforma del delito de malversación, que podría bajar la pena a más de una decena de presos políticos del referéndum catalán del 1-O, ya condenados o pendientes de juicio; la creación de otros tipos penales para luchar contra la corrupción (enriquecimiento ilícito) o para terminar con la impunidad de las empresas que incumplen la normativa laboral sobre contratación. El gobierno también va a proponer en el Congreso la reforma del método de elección de los miembros del TC. En concreto, el gobierno quiere eliminar la obligatoriedad de que los nuevos miembros del TC que accedan a su puesto deban ser ratificados por el pleno del TC, donde los afines a la derecha tienen mayoría y que ya han anunciado que no ratificarán a los 2 miembros que corresponde nombrar al gobierno que darían una mayoría progresista al TC. Una acción de filibusterismo escandaloso. Todo ello se debatirá y decidirá en el pleno de este jueves 15 del Congreso de los Diputados.

El delito de malversación y la cuestión catalana

Lo que el gobierno pretende es redireccionar el delito de malversación al punto que estaba antes de la crisis en Catalunya, cuando en 2015 el gobierno del PP endureció la ley por motivos puramente políticos para perseguir al gobierno de la Generalitat por sus objetivos independentistas. Así, el PP igualó el delito de malversación de caudales públicos por corrupción común con el de administración fraudulenta, como sería según la legalidad de entonces, que la Generalitat derivara dinero público para actividades relacionadas con la organización de consultas y referéndums independentistas, y no para el lucro privado.

Esta es una medida inteligente del gobierno para, como dice, apaciguar la situación en Catalunya, con la reducción las penas a los políticos independentistas condenados y encausados por malversación, una vez que la Generalitat ha abandonado cualquier plan independentista, más allá de sus discursos de rigor, y ha vuelto al redil del autonomismo.

De hecho, cualquier gobierno burgués sensato normal, con sentido de Estado (como les gusta decir) y que piensa en la estabilidad de su sistema a largo plazo, aplaudiría esta iniciativa. Pero no es éste el caso del Estado español, donde la burguesía y su aparato de Estado son recalcitrantemente reaccionarios hasta la médula. Ellos quieren vengarse de la osadía del independentismo catalán y darle una lección que no olviden, aunque sea al precio de enquistar el conflicto en el tiempo, agraviando a la mayoría del pueblo catalán, que sostiene actualmente al gobierno de la Generalitat. Pero es también una señal para la clase obrera del resto del Estado, de que no piensan dejar pasar ninguna amenaza al régimen, y de que quien ose traspasar la línea lo pagará.

Esto es lo que explica que una parte significativa de la burguesía española y de sus agentes más directos dentro del PSOE: los felipistas, con payasos como Page de Castilla-La Mancha y Lambán de Aragón, hayan hecho un frente común con la derecha y la ultraderecha contra esta iniciativa del gobierno. Está por ver que Sánchez y el aparato del PSOE aguanten la presión o den marcha atrás en este asunto, con consecuencias imprevisibles para la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno y que tiene en ERC un pilar fundamental.

El bloqueo del TC

Por otro lado, la inédita crisis que se vive en el TC es la enésima reverberación de la crisis económica, política y social que atraviesa el capitalismo en su etapa senil, particularmente en el Estado español. El TC está compuesto por 12 miembros y su renovación se hace por tercios, un tercio cada tres años. 4 de los miembros son nombrados por el Senado, otros 4 por el Congreso de los Diputados y, del tercer tercio, nombra 2 miembros el Gobierno y otros 2 el CGPJ, en todos los casos por mayoría de 3/5. Como todo desde La Transición española, siempre se ha cumplido un pacto entre conservadores y progresistas, para nombrar la mitad de miembros de cada sector, siendo el Ejecutivo el que decanta la balanza con la proposición de sus 2 miembros, tal como hizo sin problemas Mariano Rajoy en 2013.

El actual problema salió a la luz en junio de este año, cuando caducó el periodo de 9 años de los 4 miembros nombrados por el Ejecutivo y el CGPJ, entre los cuales, además, se encuentra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, que tiene voto de calidad en caso de empate. La renovación de estos supondría que el sector progresista del TC pasaría a tener mayoría. La importancia de esto radica en que el TC es la institución encargada de verificar que cualquier ley orgánica se ajusta a la Constitución, por lo que tiene la potestad de tumbarla, aunque hubiera obtenido la mayoría de votos del Congreso de los Diputados. Algunas de las leyes y otras cuestiones en los cajones del TC (la mayoría recurridas por PP y Vox) son la ley de regulación de la eutanasia, la de educación (ley Celaá), la de memoria democrática o la del 'solo sí es sí', así como la posible devolución del escaño al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez; o la cuestión del 25% de clases en castellano en Catalunya. Pero la más llamativa, sin duda, es la ley de plazos del aborto que aprobó el Gobierno de Zapatero, que lleva ¡12 años recurrida al TC y sin respuesta!

Como ya analizamos en un artículo anterior, el CGPJ lleva cuatro años bloqueado, también a capricho del PP, que se niega a renovarlo y perder el control, a la espera de que en 2023 acabe esta legislatura, en un intento de mantener el control completo del aparato del Estado, lo que hace unos meses hizo dimitir a su presidente, Carlos Lesmes, desesperado por las presiones y las maniobras burocráticas de sus compañeros del sector conservador. Por las mismas razones, el CGPJ también se ha negado hasta ahora a nombrar sus 2 miembros para renovar el TC.

La solución propuesta por el Gobierno de PSOE y UP

El Gobierno tiene los números muy ajustados en el término de la legislatura, si quiere reeditar la victoria en las próximas elecciones generales, por lo que necesita con urgencia deshacerse de la espada de Damocles de este bloqueo antidemocrático de la derecha en el poder judicial. Así, ante esta última maniobra con el TC y una vez comprobado que Feijóo finalmente no va a pactar la renovación del CGPJ, Sánchez ha virado a la izquierda y recogido el guante que le lanzó Unidas Podemos: la propuesta de cambiar la ley para que, una vez finalizados los plazos para los nombramientos de los miembros del TC si éstos no se han producido por mayoría de 3/5 en el parlamento, haya una segunda votación donde solo sea necesaria una mayoría simple, sin necesidad siquiera de una participación mínima de diputados (para evitar un boicot de la derecha ausentándose del Congreso), e incluso fijando consecuencias penales (aún no explicitadas) para aquellos miembros del TC que se declaren en rebeldía y bloqueen el normal funcionamiento de estas instituciones. Las asociaciones judiciales progresistas, como Jueces por la democracia, ven esta propuesta como una buena manera de salir del escollo, no así las asociaciones conservadoras.

Por otro lado, el Gobierno ya ha hecho público el nombramiento de sus dos magistrados para el TC: el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exalto cargo, Laura Díaz.

El conejo en la chistera de Feijóo

Después de seis meses de bloqueo, en los que los vocales conservadores del CGPJ ni siquiera habían hecho pública una propuesta de su nuevo miembro del bloque conservador (el otro, debía proponerlo el bloque progresista del CGPJ, siguiéndo la tradición), al calor de esta propuesta del Gobierno, estos mismos vocales solicitaron el pasado viernes 9 de diciembre un pleno de urgencia para el nombramiento de los dos magistrados del TC que corresponde elegir al CGPJ, lo que era ilegal por no cumplir los plazos pertinentes y debieron dar marcha atrás. A cambio, el PP hizo una solicitud urgente al presidente del TC para que convocara un pleno de urgencia para hoy jueves, a primera hora, a fin de ordenar la paralización de la sesión del Congreso e impedir a los representantes electos del pueblo debatir y votar la propuesta del gobierno. Si así lo decidiera esta mañana el TC, eso sería un ataque escandaloso a los derechos democráticos del único órgano del Estado elegido por voto popular, el parlamento; es la expresión concreta de la dictadura que ejerce la clase capitalista a través de sus representantes con toga, el poder judicial, que se sitúa así por encima de la sociedad y de los diputados elegidos por voto popular. Pero más escandaloso aún es el hecho de que el presidente del TC haya accedido a la solicitud del PP, dónde éste tiene una mayoría de representantes de los que una parte tiene su mandatos caducados desde hace meses y que no quieren dejar sus puestos para impedir que una mayoría de jueces progresistas tome su lugar, como corresponde a la mayoría de izquierda que existe en el parlamento. Así, las cosas lo que pretenden estas maniobras del sector conservador es bloquear los cambios que propone el gobierno y mantener la potestad que todavía tiene el TC de mayoría conservadora de ratificar o no la elección de los miembros del TC para que puedan tomar posesión legal de su puesto. Una vez asegurado esto, según la información filtrada, la mayoría conservadora del CGPJ pretende proponer ella misma los dos nuevos miembros del TC, con un miembro conservador y otro miembro formalmente progresista pero que esté bajo su control, como Pablo Lucas, frente al candidato que baraja el sector progresista del CGPJ en minoría, el magistrado José Manuel Bandrés. Por los datos que maneja el sector conservador del CGPJ, parecería que Pablo Lucas no votaría a un presidente progresista para el TC, que sería quien daría mayoría progresista a este ala en caso de empate en las votaciones. Y esto es lo que busca la derecha: una carambola que le permita seguir teniendo control del TC a cualquier precio, incluso rompiendo los sacrosantos pactos que han operado desde La Transición.

Al tiempo que se dan estas intrigas en el CGPJ, la derecha y la ultraderecha, con Feijóo al frente, han salido al paso gritando como locos que esto es un giro autoritario de Pedro Sánchez y pidiendo que se convoquen elecciones generales. He aquí una muestra más del cretinismo exacerbado de la derecha española, que ni siquiera con el que decían que era un líder más moderado, puede resistir el impulso de ignorar la voluntad mayoritaria de las urnas.

Los marxistas y el Estado

Desde Lucha de Clases pensamos que debemos dar un apoyo crítico a esta reforma, al mismo tiempo que seguimos luchando por la disolución de este aparato de Estado burgués, la abolición del capitalismo y la construcción del socialismo. El argumento de la supuesta separación de poderes es un argumento miserable en estas circunstancias. La clase dominante controla absolutamente todas las instituciones del Estado: la Monarquía, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los medios de comunicación, las universidades, los museos, etc. En esta democracia burguesa, la clase obrera tan solo tiene un voto cada cuatro años para elegir a unos candidatos que ni conoce, que incumplen sus programas impunemente, de los que no tiene una información de calidad, etc. Y todo ello sin entrar en la cuestión material del tiempo que le queda a un obrero para ejercer la democracia después de jornadas de trabajo agotadoras. La separación de poderes es un cuento que puede sonar bonito, pero que, como estamos viendo, no existe en la realidad. No digamos si entramos en la cuestión de la corrupción de todos estos burócratas, que en muchos casos quedan impunes, empezando por el monarca y pasando por el resto de poderes que componen la democracia burguesa.

Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta que gran parte de los principales cargos del poder judicial están en las mismas manos que lo estaban durante el franquismo, o han sido transmitidos a gente su misma cuerda. Como explica Alan Woods en su libro sobre La Transición, La gran traición, el setenta por ciento de los jueces que conformaron la Audiencia Nacional del régimen del 78, ya ejercían como tales durante la dictadura de Franco. Y estas familias reaccionarias se han mantenido, protegiéndose unos a otros, en las entrañas del Estado español hasta el día de hoy. Por ejemplo, el actual presidente del TC, González-Trevijano, dejó notar su inclinación política cuando, durante el Gobierno de Zapatero, en una comisión sobre el Valle de los Caídos (actual Valle de Cuelgamuros), votó “no” al traslado de los restos de Franco. Esta es la casta judicial que controla el Estado.

No obstante, los marxistas debemos ir más allá y no conformarnos con el ya agotador discurso de Pablo Iglesias y sus compañeros de “ocupar espacios de poder en el Estado”. Estos compañeros de la izquierda no han tenido suficiente con los mil y un sapos que llevan tragados desde su entrada en el Gobierno de Sánchez. Por muchas leyes que desbloqueen Campo, Díaz o Bandrés, incluso los jueces más progresistas tienen una incuestionable ligazón moral con el institucionalismo burgués y su obligación de dar estabilidad al régimen, y forman parte de la burocracia con aspiraciones pequeñoburguesas que copa el Estado burgués. Tal como definieron Engels y Lenin en sus escritos, el Estado es un cuerpo de individuos que sirve a la clase dominante, y aunque algunos miembros individuales puedan salir de la clase obrera, eso no cambia el carácter de clase de este órgano como explicamos antes. La izquierda no puede conformarse con estas sustituciones porque el día de mañana se nos volverán en contra.

Movilizar en la calle contra el intento de golpe de Estado “suave” de la derecha

Ahora bien, no somos indiferentes a esta controversia. Por muy limitados que sean los derechos democráticos bajo el capitalismo, gozar de la libertad de expresión más amplia posible, de manifestación, de reunión, de organización, de leyes que garanticen los mayores avances sociales posibles, y de la libre extensión de las ideas del socialismo; todo eso favorece la tarea de la clase obrera en la lucha por su liberación social. Cercenar todo lo que sea posible el control férreo que los sectores más reaccionarios tienen del aparato del Estado va en interés de esos objetivos de la clase. Por lo tanto, aun con sus limitaciones, damos apoyo crítico a la iniciativa presentada por el gobierno.

Sn embargo, no debemos tomar a broma la histeria de la derecha. En realidad, están llamando a un golpe de Estado sin mencionarlo, una especie de golpe “suave” –en estos momentos– a través de maniobras del aparato del Estado para bloquear y socavar iniciativas de carácter progresista de un gobierno elegido por mandato popular. Y a esta gente no se la detiene con admoniciones morales ni quejas ante los medios de comunicación. Hay que llamar a la movilización más extensa posible en la calle, para defender los derechos democráticos, denunciar el papel reaccionario del aparato del Estado, y exigir la purga de los reaccionarios en el mismo. La reciente movilización de masas en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso –medio millón de personas– muestra la verdadera correlación de fuerzas favorable a la clase obrera que existe en la sociedad española. Este debe ser el camino. Hay indignación en la gente común contra las maniobras filibusteristas de la derecha en el aparato judicial. Un llamamiento del gobierno sacaría a millones en las calles, metería el pánico a los reaccionarios y les obligaría a recular. Es el momento de tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva.