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Editorial Lucha de Clases nº 90 .- Las protestas multitudinarias en defensa de la sanidad pública están extendiéndose de una punta a otra del país: Madrid, Andalucía, Cantabria, Navarra, Catalunya… Lo destacado no son solo las protestas mismas de los profesionales sanitarios, sino las enormes muchedumbres que salen a acompañarlos en las calles en las movilizaciones, que refleja el profundo malestar social acumulado.

Estas protestas reflejan claramente la correlación de fuerzas absolutamente favorable para la izquierda si ésta marchara al frente de un programa de transformación radical de la sociedad. La gente puede percibir que las rebajas de impuestos a los ricos y las privatizaciones –los platos estrella de la derecha del PP y de la ultraderecha de Vox– redundan directamente en el empeoramiento de las prestaciones sanitarias, y están dispuestos a pelear a muerte para defenderlas. Contrasta vivamente el medio millón de personas que se manifestaron en Madrid el 13 de noviembre, en un ambiente claramente favorable para la izquierda, con la escuálida manifestación estatal que Vox convocó dos semanas más tarde en Madrid, el 25 de noviembre, para protestar contra el gobierno y que difícilmente alcanzó las 5.000 personas. Esta es la verdadera correlación de fuerzas de clase en la sociedad y no las sobredimensionadas disputas e insultos en redes sociales y en el parlamento por parte de la extrema derecha, y que tanto asustan a los quejicas y acobardados “progres” pequeñoburgueses.

Madrid: Ayuso contra las cuerdas

Sin duda, la mayor resonancia del malestar se alcanzó en la Comunidad de Madrid, regida por el PP de Ayuso, cuando el domingo 13 de noviembre se congregaron en la capital medio millón de personas, tras una semana de huelga del personal sanitario de las urgencias de los centros de salud, a la que siguió una huelga indefinida de los médicos de atención primaria el 21 de noviembre y que, en el momento de escribir este editorial, aún continuaba.

La manifestación de Madrid estuvo convocada por las asociaciones vecinales de Madrid y de las principales poblaciones de la Comunidad, y estuvo apoyada por las principales asociaciones profesionales sanitarias y los sindicatos obreros, además de los partidos de izquierda. A los gritos de ¡Sanidad Pública! se sumaron los de ¡Ayuso dimisión! Fue la primera gran movilización de masas en todo el país desde las maravillosas movilizaciones de las mujeres y los pensionistas de 2018 y 2019, antes de la pandemia. El Madrid obrero y luchador se levantó de nuevo mostrando su puño firme a la derecha y exhibiendo la enorme fuerza de la clase obrera, y potencialmente de la izquierda, que existe en la sociedad siempre que se moviliza decisivamente.

Las razones detrás de todas estas protestas y del descontento popular son el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública, y más recientemente de la atención primaria y las urgencias de los centros de salud de los barrios. Madrid, con toda su riqueza, tiene el menor gasto sanitario por habitante de todo el Estado, con 1.171 euros/hab frente a la media situada en 1.478 euros, y es la segunda comunidad autónoma con menos médicos por habitante (0,7) sólo por delante de Baleares. Y es la única comunidad donde hubo una reducción de médicos de atención primaria, un 2% desde 2018.

La falta de médicos ocasiona que estos estén saturados de pacientes a los que no pueden atender adecuadamente, llevando la ansiedad y el agotamiento a miles de profesionales, muchos de los cuales están huyendo progresivamente al extranjero o a otras comunidades autónomas. A los habituales retrasos en las citas para consulta con especialistas de 4, 6 u 8 meses, ahora es normal conseguir cita con el médico de cabecera ¡hasta un mes después de solicitarla! Claro está que no es igual en todos los barrios. Un informe de epe.es revela que el plazo para conseguir cita con el médico de cabecera es de dos días en un barrio rico y de 20 días en un barrio obrero.

Además, está el negocio de desviar miles de millones de euros de dinero público al año a las clínicas y laboratorios privados, con todo tipo de conciertos y el desvío de miles de pacientes de la sanidad pública para estudios  e intervenciones de todo tipo.

Al desastre de la atención primaria se suma el desastre aún mayor en las urgencias de los centros de salud, que han reabierto, tras dos años cerradas, con la mitad del personal, que debe desparramarse por toda la comunidad para poder garantizar su apertura. Numerosas guardias médicas se hacen sin médicos, y ahora el gobierno de Ayuso propone resolverlo con consultas telemáticas, sin posibilidad de auscultar, revisar ni atender debidamente a los pacientes.

Esta es la consecuencia de bajar el IRPF a los ricos y de eliminar el impuesto al patrimonio, mientras otorgan becas con dinero público a los niños pijos de los súper ricos que ganan hasta 100.000 euros al año.

Lo relevante es que un sector de la clase media y de sectores obreros atrasados que le dieron su apoyo a Ayuso hace poco más de un año y medio, en las elecciones de 2021, empiezan a darle la espalda. No olvidemos que el colectivo de médicos –una capa relativamente acomodada y conservadora– así como una buena parte de profesionales sanitarios, son una base tradicional de la derecha, y ahora están encabezando la lucha más importante que ha sufrido Díaz Ayuso en sus 3 años y medio de mandato.

Es pues ahora el momento de que el conjunto de los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los movimiento sociales, así como los partidos de izquierdas y sus activistas, aúnen esfuerzos para ampliar sus reivindicaciones más allá del tema sanitario: en atención social, educación, urbanismo, vivienda, etc. y lanzar una primera jornada de huelga general en la Comunidad de Madrid de 24 horas, con movilizaciones masivas en todos los barrios y ciudades.

Esta será la mejor manera de arrinconar a la reaccionaria de Ayuso y su gobierno, arrancarle concesiones, y laminar aún más su base de apoyo social.

Deterioro general de la sanidad pública

Dicho esto, la sanidad pública del resto del Estado tampoco está nada boyante. La falta de financiación es general, los médicos no tienen tiempo de revisar bien a sus pacientes. La sanidad privada se lucra en todas partes. No se escatiman recursos para la guerra de Ucrania ni para subir ¡un 26%! el presupuesto militar, como ha hecho el gobierno de Sánchez (con el aplauso de la derecha), ni tampoco para pagar una deuda pública que se lleva cada año 31.000 millones para alimentar el negocio de bancos y fondos buitre.

Coincidiendo con las protestas de Madrid en noviembre, hubo también huelga de médicos de atención primaria en Cantabria, del 7 al 11 de noviembre. El sábado 26 de noviembre hubo en Sevilla una manifestación de 20.000 personas contra el colapso de la atención primaria y el incremento de un 25% en la derivación de pacientes a hospitales privados. Para el 25 y 26 de enero hay convocada huelga de médicos de la sanidad pública catalana, y para febrero se ha anunciado huelga indefinida de médicos de atención primaria en Navarra. En el País Valencià, el 89% de los médicos de atención primaria estarían dispuestos a ir de forma masiva a la huelga, según una encuesta del sindicato médico CESM-CV entre sus afiliados.

Como en Madrid, los principales motivos de las movilizaciones están relacionados con la falta de médicos de familia y pediatras en Atención Primaria y la presión asistencial. Una situación que se verá agravada en el futuro por la falta de reemplazo por las jubilaciones. En cinco años se necesitarán 9.000 facultativos de varias especialidades; en 2035 serán el doble. El 33% de los médicos tienen más de 55 años; es decir, se jubilarán más de 80 mil en los próximos diez años. Esta carencia se agrava por el éxodo de cientos de médicos al extranjero en busca de mejores condiciones: 2.500 solicitaron el año pasado el certificado de idoneidad para hacerlo. La OMS recomienda que el 25% del gasto sanitario se dedique a la atención primaria, mientras que en el Estado español sólo alcanza el 14,34%, según datos del ministerio de sanidad de 2020.

Nacionalizar el sistema de salud

De lo que se trata es de nacionalizar de manera integral todo el sistema de salud, desde la atención primaria hasta las urgencias, pasando por el sistema hospitalario, e incluyendo los laboratorios y la producción de productos sanitarios, y bajo el control de los propios trabajadores sanitarios y la propia población a través de sus asociaciones de vecinos. Y para financiar esto deberían expropiarse las grandes empresas vinculadas al negocio de la salud  y los bancos, sin indemnización salvo a pequeños accionistas sin recursos.

Imagen de portada:José Camó

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