Se prepara la vuelta de Juan Carlos a España, limpio de polvo y paja

Este ha sido el pistoletazo de salida para justificar el archivo en próximas semanas de las tres causas por blanqueo de capitales y evasión fiscal abiertas en España contra este personaje, y cuya “investigación” lleva la Fiscalía del Tribunal Supremo, una de las agencias más destacadas del Régimen del 78 y soporte principal de sus instituciones. También se espera el archivo de la causa iniciada en Reino Unido por Corinna Larssen, la mantenida de “lujo” de Juan Carlos, que acusó a este último de persecución y amenazas. La clase dominante europea, y la británica en particular, no están para ensalzar el “Estado de derecho” ni demás tonterías, como el “caso Assange” nos acaba de demostrar. Preservar la estabilidad social y política en España es de su absoluta prioridad. Y ello requiere cerrar, como en Suiza, las malditas causas judiciales del Borbón.

Así las cosas, aun al precio de desnudar la hipocresía pestilente del Estado de Derecho burgués y cómo éste protege a los ricos y poderosos no importa el tamaño de sus crímenes y delitos, ahora los medios anuncian por fin la decisión tomada por la Casa Real de traer de vuelta a España a Juan Carlos, previsiblemente para el mes de febrero.

El archivo de la causa suiza

Lo destacable del archivo de esta causa por el fiscal Bertossa no ha sido la falta de indicios de delito, sino todo lo contrario. Por eso es tan escandaloso. Como recoge El País, el fiscal reconoce en su argumentación  que el “uso de una fundación (Lucum) y de empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas demostraban una voluntad de ocultación”. Y añade: “Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados”.

Entonces, ¿por qué se archivó la causa si los indicios de delito eran tan claros? El propio fiscal Bertossa responde a esto diciendo que ni el gobierno saudí ni las autoridades españolas quisieron aportar las pruebas concluyentes de este caso. Así, Bertossa afirma que:

 “La información recibida de las autoridades españolas no permitió confirmar las sospechas de un vínculo entre la transferencia de USD 100.000.000 [dólares] y un posible pacto de corrupción relacionados con la construcción del citado tren. El envío de una comisión rogatoria a Arabia Saudí en este punto con toda probabilidad estaría condenada al fracaso. La obtención de pruebas en este Estado se considera muy difícil”.

Parece que tampoco el fiscal Bertossa puso demasiado empeño en su trabajo de indagar en la verdad. Escandalosamente, Bertossa –como él mismo reconoce– ni siquiera hizo el intento de pedir información al gobierno saudí. Más grave aún, tampoco llamó a declarar al principal sospechoso, el mismo Juan Carlos. Más claro, blanco y en botella…

Claramente, el archivo de la causa suiza no tuvo tanto que ver con cuestiones judiciales de procedimiento sino con intereses políticos y las presiones ejercidas sobre la Justicia suiza, para cerrar el caso y así tratar de salvaguardar el prestigio de la monarquía española y la estabilidad del régimen político español.

En realidad, el descubrimiento de este escándalo, la donación de 100 millones de dólares (65 millones de euros) de un gobierno extranjero a un exJefe de Estado de nuestro país en una cuenta opaca en Suiza, no se debió al celo de las autoridades financieras suizas, sino a una filtración periodística  del entorno del excomisario Villarejo, conocido por sus prácticas corruptas y gangsteriles dentro de la policía española durante décadas para su propio provecho personal, que incluía “trabajos sucios” para el Estado y grandes empresas, así como el chantaje a través de grabaciones ilegales como modus operandi. Villarejo había ido demasiado lejos en sus actividades, se sentía impune y comenzó a representar un peligro potencial para el propio aparato del Estado, y decidieron ir a por él. El excomisario sacó la conclusión que la única manera de defenderse y de forzar un acuerdo favorable con el Estado era aireando escándalos personales y financieros de Juan Carlos, sabiendo bien que la monarquía es la clave de bóveda que sostiene todo el edificio del régimen y que su preservación es capital para la oligarquía española.  Que tenga o no éxito en su estrategia, es otra cuestión.

El resto de causas abiertas

Por las filtraciones periodísticas y la consiguiente  presión de la opinión pública, la Fiscalía del Tribunal Supremo no tuvo más remedio que abrir diligencias para “investigar” algunos de los innumerables casos de corrupción de Juan Carlos, y así dar la sensación de estar haciendo algo. Además del presunto cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca; otra de las diligencias tiene que ver con pagos efectuados a favor de Juan Carlos mediante tarjetas de crédito del empresario mexicano Allen Sanginés Krause; y la última, por su supuesta vinculación con un trust (fundación) en Jersey (islas del Canal) que le pagaba viajes en vuelos privados. Uno de los grandes escándalos es que tras conocerse todos estos tejemanejes de fortunas y donaciones recibidas sin declarar, los abogados de Juan Carlos las regularizaron ante Hacienda, por las que debió pagar 4,4 millones de euros. En rigor, según la ley, tales regularizaciones de dinero no declarado sólo son admitidas legalmente si se hacen “espontáneamente”, pero no como consecuencia de que tal ocultamiento de dinero haya salido a la luz pública. En ese caso, Juan Carlos debería ser enjuiciado por blanqueo de capitales y evasión fiscal, como denunció en su momento el sindicato de los técnicos de la Agencia Tributaria, Gestha. Pero Hacienda ha obviado esto y ha dado por bueno tal movimiento de manera escandalosa.

Así, la Fiscalía del Tribunal Supremo se prepara para archivar estas diligencias con la excusa de que algunos de estos delitos ya han prescrito con el paso del tiempo, por el archivo de la causa de Suiza sobre las comisiones del AVE a La Meca, porque Hacienda no ha observado delito al validar las regularizaciones  y, en el caso de otros, porque se produjeron durante su reinado y por lo tanto cuando gozaba legalmente de inviolabilidad, según recoge la democrática y ejemplar Constitución española. Cualquier persona corriente, por cualquiera de estos delitos, sería considerada como un miserable delincuente; pero este personaje indecente, Juan Carlos de Borbón y Borbón, convertido en Rey tocado por la Gracia de Dios y por el dedo de Franco, pasará a ser una persona ejemplar, que ha cultivado su fortuna en base a los negocios más sucios imaginables, como ha sido por ejemplo el cobro de comisiones por la venta de armas durante años, según desveló el diario Público en el verano, y sobre el que la fiscalía del Supremo tampoco ve motivo de investigación, por supuesto.

Ahora ya está todo dispuesto para el “el Papi” vuelva a casa libre de polvo y paja a gozar de su sucia fortuna riéndose a la cara de millones de familias trabajadoras que las pasan canutas para llevar un salario al final de cada mes y pagar las facturas de la vivienda, la luz, la gasolina y la comida.

Lo más repelente de todo es el servilismo empalagoso y cobarde de Sánchez y sus ministros “socialistas” hacia este sujeto y la monarquía que representa. Si el PSOE levantara valientemente la bandera de la república, la monarquía tendría los días contados en este país, ante la falta de autoridad moral de masas de la derecha y la ultraderecha para sostener aquélla con sus solas fuerzas.

Por ello, debe ser comprendido por todos los activistas de izquierda y de los movimientos sociales qué es lo que hay detrás de todo esto ¿Por qué este cierre de filas obsceno detrás de estos personajillos  de los Borbones y de la institución monárquica?

Nunca en 40 años la monarquía española ha merecido el rechazo popular tan amplio como el que tiene ahora. Si Juan Carlos se sometiera a un juicio justo del que saldría con toda certeza condenado,  la Corona sumaría un nuevo caso de deslegitimidad y de erosión de popularidad y su prestigio moral recibiría un golpe demoledor. Tienen que tapar el asunto, enredarlo en cuestiones interminables de procedimiento y esperar a que la gente se olvide. Pero los privilegios materiales de la familia real y de la dinastía no lo deciden todo en este asunto.

Los privilegios de los Borbones solo son uno más en la cadena de privilegios escandalosos de que gozan los altos estamentos del aparato del Estado: oficialidad del ejército, de la Policía Nacional, y la Guardia Civil, Policía Antidisturbios, Jueces, Abogados del Estado, Fiscales, diplomáticos, Alta Administración del Estado, etc. Son varias decenas de miles de altos funcionarios que chupan la riqueza del pueblo y que tienen  en el rey a su principal valedor. Si cae la monarquía, el ímpetu democratizador de las masas populares exigirían el fin de todos estos privilegios. Si el pueblo tiene derecho a elegir democráticamente a su Jefe de Estado en una república, todos estos estamentos también quedarían heridos de muerte y se impondría una depuración completa de los mismos y su elección y revocación de manera democrática por la población, y no “por carrera”, es decir por herencia de padres a hijos, como es el caso actualmente.

Necesitan la monarquía porque ésta da la impresión de un poder no terrenal, casi divino; el rey debe aparecer como una especie de “padrecito moral de la nación”, intocable, ante el que debemos postrarnos, y lo mismo ante la Policía, los Jueces o el Ejército, y así ellos puedan justificar sus privilegios y prebendas que escapan a todo control popular, e incluso del propio gobierno.

Pero la clase dominante también precisa de esta figura. Necesita una institución situada aparentemente por encima de las clases sociales que cause temor y un respeto místico del tipo: los de abajo deben obedecer a los de arriba, los explotados a sus explotadores, y los trabajadores a sus patronos.

De esta manera, vemos cómo la monarquía cimenta la estructura del Régimen capitalista del 78 y le da consistencia. Va en el interés de todos los privilegiados y explotadores salvaguardar a cualquier costo la institución monárquica. Por ello, su pérdida irreparable de autoridad y su derrumbe en un horizonte que esperamos esté cercano, hará sonar el clarín de la futura revolución española, que aunaría la lucha democrática consecuente por una república avanzada contra todo tipo de privilegios estamentales y la lucha socialista contra la explotación capitalista y por la expropiación de las 100 familias del Ibex35.