Análisis Político
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Después de muchos meses de negociaciones y de varios meses más de retraso, el gobierno de PSOE y UP ha llegado a un acuerdo para presentar una nueva Ley de Vivienda en el Estado español. Dicha ley todavía debe ser concretada con más detalles y aún no cuenta con una fecha fija para ser debatida en el Congreso. Sin embargo, ya ha generado mucho debate entre partidarios y contrarios.

Las líneas generales de la propuesta de Ley

El borrador para la nueva Ley de Vivienda responde a la crisis de la vivienda que está afectando no sólo a la clase obrera española sino que a la clase obrera en otros países europeos y del mundo. La creciente concentración de capital en pocas manos, la falta de inversiones en construcción de nuevas viviendas y la mayor explotación de la clase obrera, con sueldos reales estancados durante años y mayor precariedad, sobre todo para los jóvenes, forman el contexto social, político y económico que ha dado pie a esta ley. La fuerza motriz que ha empujado a los dirigentes de UP y el PSOE a plantear dicha ley han sido las movilizaciones en la calle y la organización, con organizaciones destacadas como el Sindicat de Llogaters o la PAH.

Por ahora, los principales ejes que se conocen de la nueva ley se pueden resumir en 5 puntos: alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas, ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio de alquiler, más impuestos para las viviendas vacías, limitación del precio del alquiler a viviendas de grandes propietarios y bonos de ayuda para jóvenes.

Por lo que hace al primer punto, se establece la opción de reservar el 30% de todas las promociones para vivienda protegida, si así lo acuerdan ayuntamientos y promotoras, y de esa cantidad, la mitad se destinará para alquiler social. Así, de 100 pisos 30 podrían  ser vivienda protegida, y 15 de alquiler social.

Uno de los incentivos fiscales más destacado para “pequeños propietarios”, es decir, aquellos con menos de 10 viviendas, consiste en aumentar la bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior. En otras palabras, si ingresan 1000 euros después de una bajada del alquiler, sólo se aplicarán impuestos a 100 de los 1000 euros. Por otro lado, si el inmueble se encuentra en un área tensionada, es decir, en zonas donde el alquiler haya subido en más de 5 puntos respecto al IPC en los últimos 5 años y que ese importe medio represente más del 30% de la media de ingresos por hogar de la zona, y el propietario sube el precio del alquiler, este podría ver su bonificación actual del 50% reducirse e incluso podría perderla completamente.

Por lo que concierne a los grandes propietarios, aquellos con más de 10 viviendas, si tienen inmuebles en áreas “tensionadas” (es decir, áreas de alta demanda de vivienda con precios de alquiler muy por encima de la media) podrían verse obligados a establecer el precio del alquiler al índice de precios de alquiler referencia de dicha zona. Estos índices los establecerá el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Otra de las medidas consiste en implementar penalizaciones de hasta un 150% del IBI en inmuebles vacíos. Por último, se quiere implementar un ‘bono joven’ de vivienda de 250 euros mensuales durante los próximos dos años, para lo que se destinarán 400 millones de euros. Este dinero irá destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Además, para las familias más vulnerables este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.

También se propone la prohibición de privatizar el parque público de viviendas, sean municipales o propiedad de las comunidades autónomas, como hicieron el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid años atrás, entregando viviendas de propiedad pública a los fondos buitres que seguidamente subieron los precios de los alquileres expulsando a cientos de familias con bajos recursos.

Antes de entrar a analizar estos aspectos, veamos cómo ha respondido la burguesía al borrador de ley. Como decía Lenin, todo revolucionario serio debe saber qué es lo que piensa y porque nuestro enemigo de clase.

¿Asalto a la propiedad privada?

Como representante directo de los intereses de la burguesía española, el PP ha puesto el grito en el cielo de la boca de su portavoz nacional, Almeida. En unas declaraciones lo planteó sin tapujos: es un "ataque a la propiedad privada". Sumándose a este coro, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo que el nuevo borrador supone "injerir directamente contra la propiedad privada".  Añadió que "volvemos a entrar directamente en el mercado, a la libertad” y que es perjudicial "para España, para los inversores, la gente que ahorra y tiene propiedades".

Otros burgueses insisten en lo negativa que es la propuesta porque podría provocar la paralización de muchos proyectos para construir viviendas, ya que no se darían ni la “seguridad jurídica” ni la “seguridad de rentas”. Consecuentemente, podría provocar la salida de capitales, tanto nacionales como internacionales, y la pérdida de puestos de trabajo. También podría provocar el encarecimiento de las viviendas por la creciente demanda en un mercado estancado por la falta de producción.

Aunque las medidas planteadas por el gobierno son insuficientes, como veremos más abajo, la reacción de la burguesía es muy clarividente, y va en la misma línea en lo que concierne a la crisis del precio de la luz. Los empresarios expresan de manera consciente y consistentemente sus intereses de clase. Cualquier mínima intervención en los mercados, siempre y cuando no sea para salvaguardar sus intereses, como hemos podido ver durante la pandemia, entra en contradicción con la propiedad privada capitalista y las leyes del mercado que defienden. Movilizan sus enormes recursos para oponerse a intrusiones en el mercado que son negativas para sus intereses. Esto significa en la práctica que miles de familias obreras y jóvenes sufren para llegar a fin de mes, que no dispongan de viviendas dignas, que sean desahuciados, etc. Desde su punto de vista de clase esto es solo “natural”, la gente es “vaga”, son “más inteligentes” y demás basura del estilo. Para ellos, a la práctica, es absolutamente necesario perpetuar este sufrimiento para continuar disfrutando de sus mansiones, lujos, poder, etc. El cinismo repugnante de la burguesía expresa exactamente la misma podredumbre moral:  Garamendi apuntó al ataque a los “ahorradores”, cuando precisamente ese es el problema ¡que miles de familias obreras y jóvenes no pueden ahorrar suficiente para poder vivir dignamente!

La principal preocupación de los capitalistas, por muchas palabras vacías y engaños con la perdida de “puestos de trabajo”, es la constante e infatigable generación de beneficios. Es precisamente por eso que por muy tímidas que sean las medidas, las patronales amenazan con la salida de capitales, pérdida de puestos de trabajo e incluso subidas en los precios por falta de oferta. Esta es la definición científica de su “libertad”: libertad para explotar y oprimir con la máxima intensidad a la clase obrera para generar beneficios, tanto en los puestos de trabajo como fuera de ellos.

Vemos pues que, desde su punto de vista de clase, es comprensible que reaccionen con virulencia ante este borrador. Sin embargo, los burgueses son la ínfima minoría de la población, y los males que crean al defender sus intereses de clase se traducen en un sinfín de sufrimiento y misera para la mayoría de nosotros.

Dicho de pasada, la burguesía también se está apoyando sobre los “intereses generales de España” y la constitución para defenderse. Estos ejemplos de la lucha de clases, la batalla entre la minoría burguesa y la mayoría obrera, muestran lo vacío que es defender el patriotismo español y la constitución desde la izquierda en el estado español.

Medidas insuficientes

A principios de este año, el antiguo ministro de transportes, Ábalos, apuntó a la estrategia a seguir en la regulación de la vivienda, diciendo que debería garantizar “su fin social" pero "sin ignorar que también se trata de un bien de mercado.” Es sobre esta base que se ha diseñado el borrador.

En primer lugar, hay que destacar que aunque hay algunas medidas paliativas y positivas, resultan muy insuficientes. Así, la medida que propone destinar un 30% de las nuevas viviendas construidas por promotoras privadas al parque público, que incrementaría obviamente el número de casas públicas, sólo tendría lugar si lo solicitan los ayuntamientos y si se alcanza un acuerdo con la promotora privada, lo que incluiría necesariamente una compensación: bien dinero público o entrega de terreno público edificable a la promotora. De manera que la promotora privada no haría ningún “sacrificio”. Por otro lado, nos parece bien la ayuda que recibirán los jóvenes de entre 18 y 35 años, aunque 250 euros en zonas como Madrid y Barcelona no serán contribuciones significativas dado el alto coste, además de tener tan sólo un plazo de duración de 2 años. Pero la mayor limitante es que con el dinero anual destinado (400 millones de euros) sólo podría alcanzar a unos 40.000 jóvenes, una cifra muy por debajo de lo que realmente se necesita.

Dicho esto, uno de los principales errores que marcan el carácter miedoso de las medidas es que estas han de ser aplicadas por las comunidades autónomas y ayuntamientos. En otras palabras, el Gobierno se lava las manos a la hora de aplicarlas. Como ya hemos visto, el PP, que todavía controla amplias zonas del país empezando por Madrid, se opondrá a aplicar cualquier de estas medidas. Empieza todo con mal pie.

Otro problema es la definición de gran propietario y pequeño propietario. La mayoría de la población sólo tiene una propiedad, si es que la tiene, mientras que un 18% tendría dos y tan sólo un 4% tendría tres o más. Es más, UP defendía hasta hace bien poco que un gran propietario deberían ser todos aquellos con 5 viviendas o más. Para calmar los ánimos, Sánchez transmitió “un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios, porque en ningún caso se produce un intervencionismo radical con la ley de vivienda”. Sin embargo, los números hablan por si solos: la población con más de 2 inmuebles es la pequeña minoría y acumulan una enorme concentración de viviendas, como muestra el gráfico de abajo:

vivienda

Para empeorar las cosas, si se diese el caso que una comunidad autónoma o ayuntamiento decidiese fijar un área tensionada, los “pequeños propietarios”, que como hemos visto no son tan pequeños en realidad, se beneficiarían de bonos fiscales que acabaríamos pagando la mayoría de la población. Los ingresos mediante impuestos acabarían en los bolsillos de los caseros, no en las arcas públicas.

Es necesario ir más lejos

Hay que recordar que la crisis de la vivienda se ha intensificado drásticamente en los últimos años. Tan sólo este primer trimestre del 2021 los desahucios crecieron un 13.4% respecto al año pasado, hasta los 10.961. Esto es, 122 al día. La media de emancipación, es decir, salir de casa de tus padres, es de 29 años, 26 en Europa. Por la falta de trabajo y la precariedad, muchos jóvenes no pueden salir de casa, y muchos otros deciden marcharse al extranjero. La pandemia también mostró las condiciones insalubres y claustrofóbicas en las que viven miles de familias obreras. El último censo del NIE del 2011 encontró que de las 25.5 millones de viviendas en todo el país, 3.4 millones estaban vacías, y que de estas un 84,9% se encontraban en buen estado. Con el aumento de los desahucios y la falta de parque público, sin duda esta cifra habrá aumentado. Resumidamente, se necesitan medidas drásticas de inmediato.

Es por eso por lo que la medida de subir al 150% el IBI a “casas vacías” es totalmente insuficiente. Muchas de estas viviendas se encuentran en manos de los bancos y fondos de inversión, que las tienen en sus cuentas como activos con un valor asociado. Para paliar la irracional contradicción entre familias obreras y jóvenes que necesitan casas y casas vacías en manos de un puñado, el gobierno debe nacionalizar todas estas viviendas vacías sin indemnización. Con tan sólo esta medida el gobierno tomaría un paso importante para paliar la crisis de la vivienda. También en esta línea, el gobierno debe implementar de forma inmediata que todo proyecto de construcción incluya un 30% de vivienda para el parque público. Si las patronales de la construcción se oponen y amenazan con salidas de capital, como ya están haciendo y como harán, se deben nacionalizar sin indemnización y poner la empresa bajo control de los propios trabajadores. De esta manera, además, se aseguraría un control real de la producción y su distribución entre vivienda privada y pública. Con el control de la producción se resolvería el problema de la oferta y la demanda, pudiendo contribuir incluso a bajar los precios.

El gobierno busca cuadrar el círculo en sus políticas, una tarea inane. Sin embargo, la cuestión es bien simple: en una sociedad divida en clases antagónicas, o se defienden los intereses de la minoría explotadora o se defienden los intereses de una mayoría explotada. Intentar paliar la crisis de la vivienda con parches sólo consigue que ni la burguesía ni el proletariado esté satisfecho. Es precisamente por eso que es necesaria una política valiente y de clase.

Así pues, además de la necesaria expropiación de todas las viviendas vacías, para propietarios a partir de 3 viviendas, con indemnización sólo en casos de necesidad comprobada; así como de los fondos buitre inmobiliarios y los conglomerados inmobiliarios y de la construcción, es necesaria la intervención directa en el mercado del alquiler: se debería limitar el alquiler al 10% de los ingresos familiares. De esta forma se contribuiría no sólo a la emancipación de decenas de miles de jóvenes sino que también a poder ahorrar, como tanto le preocupa a Garamendi. Es imperante también acabar con todo desahucio, sea de una familia vulnerable o no.

Pero lo anterior no daría una solución plena ni a largo plazo. Es por ello que, además, proponemos un  Plan de emergencia para la construcción de viviendas sociales, bajo control de los sindicatos obreros, la Administración y los representantes de familias sin vivienda, Asociaciones de Vecinos y Ayuntamientos.

Ahora bien, para acometer este plan de construcción se necesitan dos cosas: suelo edificable y capacidad constructora. Por ello debemos exigir la municipalización del suelo urbano y la expropiación de todos los solares privados dedicados a la especulación, sin indemnización salvo en casos de necesidad comprobada.

Las viviendas no se construyen solas, y las constructoras privadas solo pretenden hacerse de oro a costa de las necesidades sociales. Es probable, por ello, que estas compañías se nieguen a llevar a cabo este plan de construcción de viviendas de máxima calidad a bajo coste, que implicaría ganancias muy por debajo de la que ofrece el actual mercado especulativo. En ese caso, esta tarea debe acometerla el Estado, con la nacionalización de las grandes empresas constructoras,  bajo control obrero y sin indemnización.

Como hemos visto, estas demandas surgen como soluciones a los problemas prácticos planteados objetivamente por la anarquía del mercado. Incluso en países capitalistas más avanzados que el Estado español, como Alemania, tiene un apoyo cada vez mayor la reivindicación de expropiar las viviendas de los fondos buitre, como ha sido aprobado recientemente en un referéndum en Berlín.

Estas contradicciones absurdas y trágicas del sistema han sido el fondo para la creación de organizaciones obreras y en los barrios que luchan contra la crisis, como también de movilizaciones. En otras palabras, las condiciones materiales objetivas tienen una expresión subjetiva en las masas, que se organizan conscientemente para luchar. Y este proceso de crisis está generando las condiciones para una radicalización a la izquierda de amplias capas de la población, cada vez más conscientes que mientras el sufrimiento de la mayoría aumenta y el gobierno tibiamente intenta controlar el problema, la burguesía se hace más rica, arrogante y despiadada. Al igual que con la crisis climática, de los refugiados, de la pandemia, el capitalismo queda al desnudo como la fuente de la opresión, explotación y destrucción.

Lamentablemente, este gobierno está muy lejos de avanzar por las propuestas que hemos planteado. Incluso, aunque tuviéramos un gobierno sensible a las demandas de las familias obreras que quisiera llevar a cabo estas propuestas socialistas, las grandes inmobiliarias y constructoras, la derecha y el aparato del Estado, a través de los tribunales, se opondrían. Por eso, la única manera de obligar al gobierno a tener en cuenta nuestras reivindicaciones en materia de vivienda, y de enfrentarse al mismo tiempo a la resistencia de la clase dominante y de vencerla, es a través de la movilización de masas en la calle por medio de los sindicatos, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, partidos de izquierda, etc. unidos a los millones de jóvenes y familias trabajadoras que no pueden acceder a una vivienda digna o solo pueden hacerlo a costa de innumerables sacrificios. Toda esta fuerza movilizada, desde las instituciones y sobre todo en la calle, seríamos una fuerza imparable.

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí