Análisis Político
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La sentencia del caso de “La Manada” ha llenado las calles de indignación y rabia. El tribunal ha absuelto a los acusados del delito de “agresión sexual” y los condena a 9 años de prisión por abusos sexuales por la ausencia de violencia e intimidación. Una sentencia escandalosa que establece en sus hechos probados que los agresores metieron a la víctima en el portal, la rodearon y la penetraron bucal, vaginal y analmente en repetidas ocasiones. ¿Qué más tienen que hacer a una mujer para que los jueces entiendan que se ha ejercido violencia e intimidación?

El mensaje que manda esta sentencia es que una mujer debe elegir entre la violación y el asesinato para ser creída por los jueces. El sesgo machista y de clase de la sentencia es evidente para cualquier observador. Una mujer joven y anónima, sin grandes apellidos, se va a topar con el muro del poder judicial que la va a culpabilizar de su propia violación y va a tratar con la máxima benevolencia posible a sus violadores.

La respuesta en la calle no se ha hecho esperar. Desde que se conociera la sentencia del caso, se fueron difundiendo diferentes convocatorias de concentraciones en todo el Estado. Dichas concentraciones ha sido multitudinarias y han desbordado todas las expectativas. En Pamplona, Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria, Granada… las concentraciones se han convertido en manifestaciones espontáneas con decenas de miles de personas, en algunos casos, como en Sevilla o Madrid, contraviniendo las indicaciones de la policía de ocupar sólo la acera o un par de carriles de la calzada. En Córdoba un millar de personas ha impedido la salida del ministro Catalá del Colegio de Abogados, después de que hubiera calificado ante los medios como “altas” la pena de 9 años a los miembros de la manada. 

 

La manifestación de Madrid llegó hasta el habitualmente blindado Congreso de los Diputados, lo que señala el nivel de desborde y determinación de estas manifestaciones. En Sevilla se improvisó una asamblea frente al edificio del Parlamento de Andalucía. “No es abuso, es violación”, “Hermana, somos tu manada”, “Yo sí te creo” y consignas contra la justicia patriarcal y de clase fueron las más coreadas por la marea de mujeres y hombres, jóvenes en su mayoría, que tomaron las calles el jueves frente a este escándalo de sentencia. En el momento de escribir estas líneas hay una nueva movilización en Pamplona, lo que señala que el movimiento de protesta contra la “justicia patriarcal” no ha hecho más que empezar.

 

Muchas preguntas retumban en nuestras cabeza ¿De qué lado está la “justicia”? ¿Dónde quedó la dureza con la que se actúa contra activistas, raperos y tuiteros? ¿Cómo puede ser posible que se condene a 9 años de cárcel por una violación en grupo y por convocar un referéndum en Cataluña haya políticos que se enfrenten a penas de hasta 30 años de cárcel? 

Los jueces y fiscales no son seres asépticos que se limitan a aplicar las leyes con neutralidad, sino que arrastran un bagaje ideológico que no es otro que el de la judicatura española, que nunca fue depurada después del franquismo y que sigue teniendo el mismo carácter reaccionario de entonces. Esto se manifiesta con especial crudeza en el voto particular del magistrado Ricardo González, cuya fama de reaccionario y misógino es conocida en el ambiente judicial de Navarra. González defendía la libre absolución de los acusados al entender que no hubo violación, simplemente porque la víctima no forcejeó con sus cinco agresores. 

Ricardo González es un ejemplo extremo pero no excepcional, del grado de machismo y misoginia que impregna al Poder Judicial. “Madrileño de 58 años, está casado y tiene dos hijos. Es juez desde 1986, como marca la tradición de su familia, y ha pasado por la Comunidad Valenciana, por Castilla y León y por Euskadi hasta recalar en 2001 en la sección segunda de la Audiencia de Navarra. Quienes le conocen no destacan de él precisamente su talante conciliador. "Es el típico juez desastre", abundan las fuentes consultadas. "Las referencias no son nada positivas", añade un compañero de la carrera judicial[1].” Casos como el de Juana Rivas y otros muchos relacionados con la violencia machista en todas sus formas demuestran que el sistema judicial está basado precisamente en los Ricardo González y que lo contrario es la excepción.

Cabe preguntarse si el hecho de que dos de los miembros de “La Manada” estén relacionados con el aparato del Estado, como miembros de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias, tenga algo que ver con la liviandad de la sentencia. Fue precisamente el guardia civil el que se llevó el teléfono de la víctima, como queda acreditado en la sentencia. Tanto el militar como el guardia civil siguen percibiendo el 75% de sus salarios públicos y sólo están apartados cautelarmente del servicio[2]. La coincidencia de este hecho con el juicio de Altsasu, en el que las pruebas de la defensa han desmontado la versión de la Guardia Civil, ha supuesto un golpe mortal para el prestigio del instituto armado. De postre, sólo un día después de conocerse la sentencia de "La Manada", un juez de Madrid ha archivado la denuncia contra los policías municipales que amenazaban a la Alcaldesa Carmena en un grupo de WhatsApp, en un nuevo episodio de la connivencia entre la judicatura y los miembros más reaccionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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Parece que este sistema judicial burgués actúa con la misma ligereza en los casos de corrupción de los poderosos y en los de violaciones y agresiones a mujeres. Debemos organizarnos. No podemos consentir que desde el Estado y el sistema judicial, como uno de sus tentáculos, se nos coarte nuestra libertad, se nos reprima cuando nos rebelamos ante este sistema que nos explota, y se nos deje desamparadas ante la violencia diaria que sufrimos. Desde LUCHA DE CLASES defendemos la depuración del aparato judicial, y del aparato del Estado en su conjunto, de los elementos reaccionarios y misóginos que alientan y amparan la violencia contra las mujeres y contra el conjunto de los oprimidos. Frente a su justicia patriarcal y de clase, nosotros proponemos la elección por sufragio universal de los jueces y fiscales, su revocabilidad y su control democrático por la clase trabajadora.

Debemos unirnos al resto se sectores oprimidos de la sociedad y construir una alternativa que lo impugne todo, empezando desde el propio Estado. Para ello, es imprescindible la unión de la clase trabajadora en su conjunto, que lleve la lucha a los centros de trabajo, a los centros de estudio y a las calles. 

NI VIOLENCIA EN LAS CALLES NI EN LOS JUZGADOS, ¡ABAJO LA OPRESIÓN DEL ESTADO!

CONTRA LA OPRESIÓN DE LA MUJER, LUCHA POR EL SOCIALISMO


[1] "Ricardo González, el juez "muy mal considerado" que pedía absolver a 'la manada'", eldiario.es (énfasis nuestro)

[2] "La ley permite que el guardia civil y el soldado de 'La Manada' sigan cobrando el 75% de su sueldo", en Público

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