Juana Rivas está sufriendo una auténtica persecución judicial y mediática. El caso de esta mujer de Granada, cuyo único delito es intentar apartarse, y apartar a sus hijos, de un maltratador condenado en 2009 (y de nuevo denunciado en 2016) ejemplifica como pocos casos la nula voluntad del aparato del Estado, en especial de la judicatura, de acabar con la violencia machista. Este caso pone también a las claras el entramado jurídico destinado a perpetuar todas las formas de opresión sobre las que se asienta este sistema, incluida la opresión de género. Esto está siendo percibido por los sectores más avanzados de la clase trabajadora, que defienden el derecho de Juana Rivas a la desobediencia ante una decisión judicial a todas luces injusta, derecho que los marxistas de LUCHA DE CLASES apoyamos sin reservas.
Juana Rivas huyo de Italia tras haber dado una segunda oportunidad al padre de sus hijos, del que se separó en 2009. Según la legalidad burguesa, Juana cometió “sustracción de menores” al venir a España con sus dos hijos contra la voluntad del padre. Pero hay un hecho que está pasando bastante desapercibido en el relato mediático de este caso, y es que Juana Rivas volvió a denunciar a su ex pareja por maltrato hace poco más de un año, pero esa denuncia aún no se ha enviado a Italia porque aún no se ha traducido. ¿Cómo es posible que los juzgados de Granada no tengan un traductor de italiano? Su traducción y envío a Italia es un trámite imprescindible la adopción de medidas cautelares que pueden incluir la suspensión de la entrega y podrían haber evitado todo este desastre.
El caso es que Los juzgados de violencia de género están saturados e infradotados económicamente. Entre 2010 y 2015, el presupuesto para la prevención de la violencia de género cayó un 26%, entre 2010 y 2014 se detrajeron trece millones de euros a la lucha contra la violencia machista, sin que en los presupuestos de 2016 y 2017 se hayan recuperado las cifras de 2010. Muchas veces son los jueces o la policía quienes desoyen las denuncias y quejas de las víctimas por sus prejuicios machistas y despectivos hacia las mujeres de clase trabajadora, inmigrantes o de bajos recursos. La mujer que denuncia la violencia machista carece muchas veces de sostén psicológico y se enfrenta en soledad a la incertidumbre de sus condiciones de vida, sin vivienda propia, a veces sin un trabajo que le permita una independencia económica, o abrumada por el miedo ante el destino de sus hijos.
El auto por el cual la Audiencia Provincial de Granada rechaza la petición de Juana Rivas de suspender la orden de entregar a sus hijos, merece ser enmarcado como un ejemplo supremo de violencia institucional contra las mujeres. En dicho auto, los señores magistrados se atreven a afirmar que “no se han vulnerado los derechos” de Juana Rivas y sus hijos y censuran que la sentencia que la obligaba a entregarlos al padre no se hubiera ejecutado antes, a pesar de que ésta ha sido objeto de varios recursos por parte de los abogados de Juana. Estos recursos, a los que todo ciudadano tiene derecho, les parecen a los señores magistrados de la Audiencia Provincial de Granada “maniobras procesales que le han permitido ganar tiempo hasta la extenuación”. Muchos desearíamos ver este enojo y esta contundencia argumentativa frente a las innumerables “maniobras procesales” de los corruptos y saqueadores de lo público. Una mujer trabajadora no tiene derecho a intentar usar la ley en su beneficio y en el de sus hijos. Esta es la realidad del aparato judicial, las condenas hipócritas y golpes de pecho de los gobernantes no pueden ocultar la nula voluntad del aparato del Estado de terminar de una vez por todas con la violencia machista.
Paralelamente, los medios de comunicación privados que hacen gala de luchar contra la violencia de género y lucen lazos morados, han iniciado una campaña de acoso y descrédito contra Juana Rivas, dando cobertura a los argumentos de la parte contraria, publicando supuestos perfiles psicológicos de Rivas y dando espacio a energúmenos que portaban pancartas de “Stop feminazis” frente a los juzgados de Granada. Esto no es anecdótico; estos medios insisten, en buena parte de sus contenidos y de la publicidad que emiten, en los mismos estereotipos machistas que reflejan, y ayudan a perpetuar la opresión de la mujer bajo el sistema capitalista.
Lo más significativo de todo este caso ha sido la gran movilización popular, especialmente en el municipio de Maracena, que ha obligado a instituciones como la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Maracena a prestar su apoyo a Juana Rivas en forma de ayuda jurídica, declaraciones institucionales y la presencia de la corporación municipal de Maracena en los actos de protesta. La persecución judicial a Juana Rivas ha despertado la solidaridad de la clase trabajadora y ha puesto sobre la mesa la cuestión de la desobediencia civil ante un entramado legal destinado a perpetuar la opresión de clase y de género. Esto es extremadamente importante; la clase trabajadora está comprobando con su propia experiencia cómo el Estado no lucha consecuentemente contra la violencia machista y más bien está dispuesto a luchar contra las víctimas cuando éstas no obedecen las sentencias que dejan desprotegidos a sus hijos frente al maltrato. El sistema judicial ha actuado como un rodillo contra Juana Rivas y sus hijos, y esto ocurre además cuando vemos cotidianamente decisiones judiciales y administrativas contra el derecho a huelga (como el posible laudo contra la huelga de los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Barcelona), contra la libertad de expresión y en general contra los derechos de los trabajadores
Este caso demuestra, una vez más, que no podemos confiar en el Estado ni en la Justicia burguesa para acabar con la violencia machista. Es necesario que las organizaciones de la clase trabajadora tomen esta tarea como una prioridad, organizando comités unitarios en cada barrio y pueblo para concienciar contra la violencia machista y denunciar a los agresores y al sistema incapaz de acabar con esta lacra. Por el momento, hay convocada una movilización estatal, frente a los juzgados de cada capital de provincia, para el lunes 14 de agosto, y a buen seguro ésta no será la última. La izquierda de Granada, en particular, debe poner todos sus recursos al servicio de una movilización general para exigir libertad, justicia y reparación para Juana Rivas y sus hijos.
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