VIGO- En la huelga del pasado 20 de Noviembre  el estudiantado en huelga fue víctima de gran represión en la manifestación de estudiantes. Represión que supuestamente había comenzado por un contenedor (del cual salió humo, aunque no llegó a arder) pero que fue indiscriminada (pues todos manifestantes, sin importar que hubiesen participado en la provocación del incidente del contenedor o no fueron víctimas de dicha represión) y desmedida (pues la policía procedió contra la normativa vigente). Ante esto, los medios de comunicación se han limitado a informar de ellos de forma superficial (comentando cosas como que una anciana fue herida pero sin mencionar que fue herida por la policía) e incluso a veces manipulada.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ha convocado para el 20 de Noviembre una jornada de movilización de la comunidad educativa, coincidiendo con la votación en el Senado de la odiada ley de educación del PP, la LOMCE. Habrá manifestaciones por la tarde de padres, profesores, estudiantes, y ciudadanos en general, en las principales ciudades del Estado. También el Sindicato de Estudiantes (SE) ha lanzado otra jornada de huelga estudiantil ese día con manifestaciones de estudiantes por la mañana. Marea Verde también apoya esta nueva movilización en casi todas las provincias, que ha llegado a convertirse en bastante amplia.

La Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en proyecto, supone un retroceso en los derechos de los ciudadanos. Lo que realmente busca el gobierno con esta ley es aumentar la represión contra la movilización social, ya que no encuentra una salida a la crisis del capitalismo

El gobierno del PP está impulsando en estos momentos varias leyes que intentan apuntalar en todos los ámbitos el modelo de sociedad que defiende la élite dominante. Pasamos a comentar algunas de ellas.

En la izquierda se ha abierto un debate sobre el modelo de Estado que debemos defender, alrededor de tres aspectos: la lucha por la República, el “ordenamiento territorial” (autonomías o federalismo), y el derecho de autodeterminación de las “nacionalidades históricas”: Cataluña, País Vasco, Galicia. Este debate no cae del cielo. La aguda crisis económica, política y social que asola al Estado español ha puesto patas arriba la estabilidad del régimen político surgido de la Transición.

Los grandes empresarios y banqueros, y los gobiernos de turno, utilizan su control sobre la economía y el Estado para hacernos pagar a los trabajadores la crisis de su sistema, especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad: jubilados, parados, estudiantes, enfermos. A nadie sorprende, entonces, el enorme malestar social que hay contra los ricos y los políticos del régimen. No es casualidad, por tanto, que los gobiernos burgueses y de derechas del PP en Madrid y de Convergencia i Unió en Cataluña, estén agitando rivalidades y desconfianzas entre españoles y catalanes para desviar la atención de las masas trabajadoras de sus problemas.